“Tenemos que orientarnos a la producción más diferenciada para evitar los vaivenes de precios”

Años intensos en el debate para el futuro de la agricultura, ganadería y el desarrollo de nuestros pueblos, los que le ha tocado liderar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no sin dificultades añadidas ante situaciones de rentabilidad de un sector que hoy ve, por ejemplo, disparados sus costes de producción con un panorama en el que la situación volátil de los precios hace que la rentabilidad se sitúe en el foco de la actualidad. De estas cuestiones y el trabajo que desarrolla el Ministerio, Gissèle Falcón y José Esteban Ruiz, directora general y delegado de Andalucía Oriental de Siete Agromarketing / Revistas ECA, conversaron con el máximo representante administrativo español para el sector agrario.

-Siempre comenta que el presidente del Gobierno lo llamó estando entre olivos, ¿qué retos se propuso?

-En el olivar encuentro inspiración. La conversación con el presidente tuvo, efectivamente, lugar entre olivos y aquel momento coincidió con la presentación por parte de la Comisión Europea de la nueva propuesta para la reforma de la PAC y por tanto el inicio de un nuevo proceso de debate que supone una nueva revolución verde. Esta década es fundamental para producir más con menos recursos naturales, alimentos más sanos y sabrosos. Ser ministro de España en este marco para mí es un gran reto.

-Tras la reciente aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria, usted ha manifestado que “probablemente sea la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura”. Satisfechas las organizaciones agrarias, no lo están tanto las federaciones de exportadores, porque según ellos no se ha tenido en cuanta la globalización del mercado, ¿cómo se ha valorado la problemática de este eslabón de la cadena?

-La Ley de la Cadena Alimentaria constituye un paso muy importante ya que supone un cambio en la cultura mercantil dentro del sector agroalimentario español y también europeo. En primer lugar, lo es porque incluye el contrato por escrito en todas las transacciones con un valor superior a mil euros, lo que de por sí establece unas normas de juego que además serán complementadas con el establecimiento del registro electrónico nacional de estos contratos. En este punto vamos más allá, incluso, de la directiva europea que transponemos. Un segundo elemento regula un tema tremendamente importante como es el hecho de que el precio pagado por el comprador deba ser superior al coste de producción tanto del productor primario como de cada eslabón de la cadena. Este punto implica la prohibición de determinadas prácticas comerciales desleales, mayor transparencia y mayor equilibrio en la cadena. Por tanto, aporta un elemento de competitividad y de creación de valor necesario.

Esta directiva, al transponerse a la legislación española, supone que su ámbito de actuación ya no solo es el territorio nacional, sino que nos elevamos al conjunto de la Unión Europea. Así, las relaciones en todo el territorio comunitario están reguladas, bien por la directiva europea, bien por la legislación española, según se pacte en el contrato. Con ello, ya contamos con un nivel de mínimos muy importante, de ahí que lo haya calificado como histórico.

Todos los eslabones de la cadena alimentaria están de acuerdo que tienen que implementar esta normativa. El Gobierno de España, a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), junto a las comunidades autónomas, va a estar pendiente para que se cumpla la Ley, que es nuestro objetivo, que sin duda en un punto y aparte y un paso decisivo desde el punto de vista mercantil, económico y social.

– En la última reunión con el sector para abordar la problemática de la subida generalizada de costes de producción, habló de la gran dificultad para establecer soluciones concretas y señaló a la Ley de la Cadena como la principal herramienta al alcance para afrontar los costes.

-Hay que tener una perspectiva de conjunto. De un lado tenemos la Ley de la Cadena Alimentaria; de otro la Política Agrícola Común (PAC) y los mecanismos de apoyo al sector. Además, contamos con una serie de medidas que sobre la base a fondos europeos o los Presupuestos Generales del Estado se ejercen habitualmente. Es una situación complicada porque no nos encontramos frente a una crisis estructural como la que se planteó hace dos años.

En este momento actual existe una subida general de algunos insumos derivada del consumo energético, de los fertilizantes y de los piensos para la alimentación animal. Este último capítulo está estrechamente relacionado con la subida de la cotización del cereal y la colza, y es elemento más complicado porque la alimentación animal supone el 52% del gasto total en insumos en el sector agrario. En el caso de los fertilizantes, especialmente nitrogenados, la subida está relacionada con el precio del gas. Es verdad que tenemos dificultad en el precio, pero no en el abastecimiento, ya que el 50% de la producción de fertilizantes es nacional.

Y desde el punto de vista energético estamos en un punto de inflexión. Creo que lo que plantea la transición ecológica y el Pacto Verde supone para la producción primaria una reorientación hacia energías renovables y la introducción del autoconsumo. Por tanto, hay remedios y respuestas y desde el Gobierno las estamos fomentando.

¿No se puede apoyar al sector agroalimentario con algún tipo de medidas fiscales?

En el capítulo fiscal hay un apoyo decidido al sector. Siempre se habla de recortar impuestos y dar más ayudas, pero hay que matizar que en esta materia el Gobierno mantiene un compromiso con el sector. La rebaja fiscal supuso, en 2020, un ahorro de 625 millones de euros, que en 2021 se elevó a 1.081 millones de euros. A ello, habría que sumar los aproximadamente 450 millones de euros que suponen anualmente la bonificación al gasóleo. Es decir, existe un apoyo fiscal notable. Pero cuando se habla de disminuir los impuestos, nos preguntamos: ¿Qué haríamos, por ejemplo, con los 258 millones de euros que vamos a tener para incentivar la contratación del seguro agrario? ¿Cómo se financiaría? Por tanto, creo que, aunque no son temas sencillos, hay que hacer una visión precisa y ofrecer una respuesta articulada, que es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de España. No hay ninguna varita mágica, siempre lo digo.

– ¿Qué balance hace de los tres años de negociación en la reforma de la PAC y de su resultado final?

-En general un balance muy positivo. Para España suponía, por un lado, un plan estratégico en base a un análisis exhaustivo de las necesidades de cada sector y subsector y el diseño de intervenciones y respuestas de cada una de las situaciones. Sin duda un ejercicio inédito. Y, por otro lado, la orientación verde, la sostenibilidad de esta PAC. Pero, además, hay en España dos características que hacen que este ejercicio sea distinto al del resto de países de la UE: su diversidad agronómica (contamos con todas las producciones agrícolas y ganaderas) y en el marco de una organización autonómica (cuasi federal) que implica poner de acuerdo durante tres años a organizaciones agrarias y 17 comunidades autónomas. Por ello, con esta complejidad, entiendo que el resultado es bueno. Si a ello le añadimos 47.734 millones de euros más la cofinanciación central y autonómica, alcanzamos los 51.000 millones de euros, que nos dota de un instrumento potente para apoyar al sector primario en los próximos siete años, y en los cinco de esta aplicación de la PAC.

 La nueva PAC va a tener en cuenta a las frutas y hortalizas que han sido las grandes olvidadas en ediciones anteriores. Contamos entre nuestros lectores con agricultores del sector, ¿podría explicar de qué forma les va a afectar? ¿Y en el cultivo de arroz?

Por primera vez el sector de las frutas y hortalizas se va a beneficiar del conjunto de las ayudas directas. Hay superficie hortofrutícola que viene percibiendo ayudas del pago básico, pero hay mucha otra que no. A partir de ahora, hasta 2027, se van a poder acoger, a través de la Reserva Nacional, aquellos agricultores que no estén percibiendo ayudas del pago básico. Otro elemento fundamental hace referencia a la financiación de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPHF), instrumento principal de apoyo que viene con la buena noticia de que es el único programa específico incluido en el reglamento europeo que no tiene techo presupuestario.

La estructuración en OPFHs e interprofesionales, además de la integración cooperativa, es necesaria, porque es la forma, complementado a la Ley de Cadena Alimentaria, como mejor se puede generar valor para propio productor.

Asimismo, en cuanto a determinados cultivos, como por ejemplo el arroz, al margen de la producción de frutas y hortalizas, nos hemos preocupado de darle un tratamiento específico, a través de los ecoesquemas, en virtud de sus características propias.

– ¿Y en el olivar?

Esta PAC también juega un papel determinante para nuestro olivar. En el diseño de las 20 regiones de pago el olivar tiene un peso específico. Hemos creado un programa específico para el olivar tradicional, para fomentar la integración de los productores. Asimismo, dentro de los ecoesquemas también hemos diferenciado los cultivos permanentes, la pendiente superior al 10% o inferior al 5%, teniendo presente el apoyo a este sector, clave porque somos líderes en producción, y también determinante en nuestra estructura territorial, social y ambiental. No olvidemos que es importante su participación en el secuestro de carbono y por tanto de la orientación ambiental de la PAC. Ahí, por ejemplo, elementos como la conservación de la cubierta vegetal en los cultivos permanentes o la posibilidad del entierro de los restos de poda, van a ser relevantes en esa consecución de la sostenibilidad. Por ello se han tenido en cuenta.

– ¿Qué se propone para las frutas y hortalizas en el marco del Fondo de Recuperación?

Contemplamos fondos destinados a la producción bajo plástico de frutas y hortalizas, un modelo, el de nuestros invernaderos, que ha constituido un gran éxito en los últimos 25 años. Con estos fondos nos vamos a poner al día, por ejemplo, en la utilización de energías renovables o en el uso de fitosanitarios. En definitiva, se va a potenciar un proceso de renovación que es absolutamente necesario.

-Está encima de la mesa el borrador de la nueva ley de la eliminación del plástico de un solo uso. ¿De qué forma va a afectar al sector agroalimentario? ¿Cuándo se hará efectiva? ¿Qué futuro le depara al plástico y las empresas que se dedican a él?

La disminución del plástico de un solo uso, especialmente en la comercialización de productos agroalimentarios, es determinante. Tenemos objetivos en el proyecto de ley en función de la directiva europea relacionados con las cifras de 2022 para el año 2026 y 2030, con una reducción para este último del 30%, que supone la utilización de plásticos reutilizables o la implantación de alternativas al plástico como tal. Cuestión distinta es el uso de plásticos en la producción, que no está contemplada en esta ley. Esta transición se puede hacer, aunque implicará calendarios y costes, pero es necesaria si queremos reducir ese uso de plástico que es un factor de perturbación ambiental.

Antes incluso de la entrada en vigor de la ley, el sector está avanzando en la implementación de alternativas al uso del plástico.

-Desde hace varios años el problema de las plagas (como el Cotonet) está aumentando en cítricos o caqui. Los productores se quejan de que cada vez las leyes europeas son más estrictas respecto al uso de productos fertilizantes. ¿Cómo trata este tema desde el Ministerio?

La sanidad de la producción agraria es una prioridad. Como consecuencia de la globalización los riesgos inherentes a la transmisión de plagas se han incrementado. Ante ello, estamos respondiendo con un sistema de protección exterior de los más desarrollados del mundo, especialmente reforzado en el sector de los cítricos, porque es más sensible. Desde el punto de vista comercial hemos conseguido que la Comisión Europea, a partir de la petición del Gobierno de España, incluya la calificación de ‘sensible’ a los cítricos en las negociaciones que mantiene con países terceros. Y desde el punto de vista de las plagas, reforzar los controles de producciones con origen en países extracomunitarios, no solo con controles en frontera, sino a través de la introducción del tratamiento en frío.

La plaga del Cotonet, concretamente, ha sido objeto de actuación nacional, pactado con las comunidades autónomas. Se ha autorizado de forma excepcional, solo para las superficies más afectadas, algún producto fitosanitario que ha sido prohibido por la Agencia Europea de Medicamentos. Estos cultivos, tras el tratamiento, no podrán, después, generar productos que puedan ser comercializados para el consumo humano. Nos dirigimos, en esta situación, a una respuesta desde el punto de vista de los programas integrados contra las plagas, del uso de soportes biológicos, con la disminución de las materias químicas.

– ¿Qué solución ve a la pérdida progresiva de superficie en cultivo de tomate en Almería debido a las dificultades que tiene este sector para competir en el mercado?

Tenemos que orientarnos claramente a la producción más diferenciada, tal y como se está haciendo, para evitar los vaivenes de precios, en el sector productor de tomate, y también en el resto. Esto implica, apostar por variedades distinguidas en el mercado, por la presentación, por el sabor, por aquellos elementos intrínsecos como la producción ecológica. En definitiva, por todos esos elementos que generen un valor añadido y, por tanto, que nos permitan situarnos en el mercado internacional con una presencia destacada desde el punto de vista del valor. Esa es la clave.

La importación de productos de terceros países está contingentada en cantidad y con unos precios de referencia. Ésta va a ser cada vez más, y con el diferencial de costes vamos a recibir una mayor presión del exterior. Nosotros tenemos que buscar nuestra competitividad en la producción a través de estos elementos. Además, tenemos que poner a nuestra disposición toda la innovación y tecnología para ser más competitivos.

– ¿Cómo va impulsar el Ministerio la digitalización en el sector agroalimentario español?

Junto a la innovación, la digitalización es un elemento muy importante. Ambos son complementarios y determinantes. No solo constituyen un eje fundamental en el segundo plan de actuación que llevamos a cabo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino también está vinculado a la aplicación de la PAC 2023-2027. La digitalización es fundamental en la producción primaria, a efectos, por ejemplo, de fertilización o riego, como factor de control. También, desde el punto de vista de la propia relación del productor con la industria y la distribución, para hacerla más rápida y eficaz. Asimismo, nos permite contar con una correlación más exacta entre cuál es el perfil del consumidor y sus necesidades y ajustar la capacidad productiva, a través del Big Data. El desarrollo de los instrumentos digitales nos permite una relación cada vez más directa. Sin duda, vamos cada vez más a una mayor tecnificación y profesionalización del sector.

– ¿Qué líneas se van a seguir en temas de igualdad género y cuál es la apuesta del Ministerio para potenciar el papel de la mujer en el sector agrario y el mundo rural?

La PAC que se aplicará a partir de 2023, tiene también una clave social y humana que me parece totalmente fundamental. El relevo generacional y el papel de la mujer en el mundo rural, dos aspectos que son absolutamente claves en la dinamización y futuro del sector agrario. Cuando comenzó a debatirse la reforma de la PAC España situó este elemento en el centro. No se había incluido de partida el factor igualdad de género y conseguimos, con el apoyo del Parlamento Europeo, que fuera uno de los objetivos de la PAC.

En el marco de la PAC, a través de las medidas de la incorporación de jóvenes, vamos a dar una prima del 15% a las agricultoras y ganaderas para fomentar esa incorporación que, aunque se está dando de forma natural, queremos incentivar. Pero pretendemos ir más allá incrementando la presencia de la mujer en los consejos rectores o presidencias de las cooperativas. Es una apuesta que hace el Gobierno de España y yo como ministro.