El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado al cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, cuya reforma se aprobará definitivamente en el Congreso de los Diputados el jueves, 2 de diciembre.
Planas asegura que esta normativa está llamada a ser el instrumento fundamental para hacer frente a las actuales dificultades que atraviesan aquellos sectores agrarios más vinculados al encarecimiento de determinados insumos como los fertilizantes o los piensos.
Luis Planas se ha reunido con el conjunto de la cadena alimentaria (agricultores y ganaderos, industria y distribución) para hacer un análisis de la situación en un momento que ha calificado de “excepcional” por el encarecimiento de insumos, especialmente las materias primas para la alimentación animal, los fertilizantes y la energía, en los mercados internacionales. Esta situación “excepcional” afecta más a algunas producciones, como el vacuno de leche cuyos márgenes se han visto seriamente comprometidos.
El ministro ha destacado el ambiente “constructivo” mostrado por todas las partes intervinientes en la reunión, y ha reiterado que el Gobierno está comprometido con el sector para dialogar y para buscar soluciones de forma conjunta en el marco de la Ley de la cadena alimentaria, un “instrumento nuevo”, que el Gobierno modificó a instancias de las organizaciones profesionales agrarias y del conjunto del sector.
Planas ha hecho un llamamiento a todos los agentes de la cadena para el cumplimiento de la ley, de forma que agricultores y ganaderos puedan trasladar en sus contratos el incremento de los costes de producción al resto de escalones de la cadena. “Tenemos que ser capaces de dar respuesta en el ámbito de la ley. Todos se han mostrado dispuestos a asumir sus responsabilidades”, ha destacado.
El ministro ha mostrado su disposición a colaborar con los sectores para facilitar el cumplimiento de la ley, a través del Observatorio de la Cadena, así como a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
Ha recordado que el Gobierno inició la reforma de la Ley de la cadena en 2020 a petición de las organizaciones agrarias, y ha asegurado que se trata de una norma muy importante porque va a suponer “un cambio en las reglas de juego y en la cultura de la negociación”. La ley supone un avance en la transparencia sobre la formación de precios y el reparto de valor en la cadena alimentaria.
En una primera fase, en febrero de 2020, se aprobó un decreto que introdujo en la ley la obligatoriedad de que en cada operación de venta dentro de la cadena se repercutieran los costes de producción. Ahora, con la segunda fase de la reforma, que culminará con la aprobación en el Congreso de los Diputados el día 2, se da un nuevo avance al introducir la prohibición de la venta a pérdidas, y establecer prácticas comerciales desleales.
