Los Estados miembros, entre ellos España, han decidido por voto mayoritario la restricción (prácticamente) definitiva de tres insecticidas neonicotinoides que se ya encontraban en suspenso desde 2013. Se trata de la clotiadinida, el imidacloprid y el tiametoxam. La decisión está basada en el informe negativo emitido por la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea) que concluye que estos productos representan un riesgo para las abejas y otros polinizadores. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los reciente informes desarrollados por ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety)  y JRC (Joint Research Center)  sobre la disponibilidad y viabilidad de alternativas que protejan los cultivos.

De acuerdo con el Estudio Impacto Socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España, elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (Pwc), prescindir de los herbicidas basados en glifosato supondría para nuestro país un impacto económico negativo que ascendería a 2.124 millones de euros, en términos de producción, equivalentes a un 0,10% de la Producción Nacional. En cuanto a empleo, las pérdidas que se derivarían de la no renovación del uso de esta sustancia se cifran en cerca de 5.000 puestos de trabajo.

El plenario del Parlamento Europeo, en una resolución histórica, ha suscrito el 15 de diciembre, la resolución adoptada el pasado 29/11/2016 por su Comisión de Agricultura, iniciativa de la eurodiputada socialista Clara Aguilera, en la que se rechaza el proyecto de la Comisión Europea, actualmente en discusión, relativo a la seguridad de las plantaciones citrícolas comunitarias. La cámara comunitaria ha instado a la Comisión a presentar medid