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Los Estados miembros, entre ellos España, han decidido por voto mayoritario la restricción (prácticamente) definitiva de tres insecticidas neonicotinoides que se ya encontraban en suspenso desde 2013. Se trata de la clotiadinida, el imidacloprid y el tiametoxam. La decisión está basada en el informe negativo emitido por la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea) que concluye que estos productos representan un riesgo para las abejas y otros polinizadores. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los reciente informes desarrollados por ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) y JRC (Joint Research Center) sobre la disponibilidad y viabilidad de alternativas que protejan los cultivos.
AEPLA, asociación empresarial que representa al sector fabricante de fitosanitarios en España, critica el conflicto de intereses y la falta de rigor en la IARC, agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto al glifosato. De hecho, en la última semanas y meses ha sido constante el goteo de informaciones publicadas a raiz de investigaciones periodísticas realizads por agencia internacionales y medios relevantes de distintas partes del mundo sobre irregularidades de dicha agencia, cuyo informe sirvió para justificar las posiciones que abogan por no renovar una herramienta esencial que lleva más de 40 años empleándose en usos agrícolas y no agrícolas.
La última edición de la Fruit Attraction fue escenario del debate, planteado por AEPLA y FEPEX, acerca del uso de fitosanitarios en la agricultura del futuro. Uno de los interrogantes más omnipresentes en esta jornada fue ¿Produciremos alimentos de calidad y suficientes con o sin fitosanitarios? y sirvió para evidenciar el generalizado desconocimiento que aún existe sobre la actividad agraria y la tecnología que ésta emplea, la importancia socioeconómica del sector, los tipos de agricultura y la seguridad de sus productos.
De acuerdo con el Estudio Impacto Socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España, elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (Pwc), prescindir de los herbicidas basados en glifosato supondría para nuestro país un impacto económico negativo que ascendería a 2.124 millones de euros, en términos de producción, equivalentes a un 0,10% de la Producción Nacional. En cuanto a empleo, las pérdidas que se derivarían de la no renovación del uso de esta sustancia se cifran en cerca de 5.000 puestos de trabajo.
Representantes de ALAS (Alianza para una Agricultura Sostenible) han trasladado a Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Acción por el Clima, las posibles implicaciones medioambientales de la no renovación del glifosato. Así, desde ALAS se ha insistido en la necesidad de renovar por 15 años esta sustancia herbicida, empleada desde hace más de 40.
Representantes de ALAS (Alianza para una Agricultura Sostenible) se han reunido el 6 de abril con Felipe Sicilia, portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados, para solicitar la conformidad de su Grupo con la importancia de primar el criterio científico a la hora de decidir sobre la prórroga de la autorización del uso del glifosato, mostrando, de esa forma, su compromiso con el campo español y con los criterios científicos que siempre han guiado sus decisiones respecto a las herramientas para la sostenibilidad del modelo agrícola europeo.
El plenario del Parlamento Europeo, en una resolución histórica, ha suscrito el 15 de diciembre, la resolución adoptada el pasado 29/11/2016 por su Comisión de Agricultura, iniciativa de la eurodiputada socialista Clara Aguilera, en la que se rechaza el proyecto de la Comisión Europea, actualmente en discusión, relativo a la seguridad de las plantaciones citrícolas comunitarias.
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Tal y como se ha hecho público recientemente, el Parlamento Europeo reunido en Luxemburgo en sesión plenaria el pasado 13 de abril acordó proponer la
