"Es imprescindible que la investigación e innovación agrícola no se frene”

Retos de la Sanidad Vegetal actual

Por: Carlos Palomar Peñalba. Director general de AEPLA

La ciencia pone a disposición de los agricultores las herramientas que garantizan la rentabilidad de sus explotaciones, la viabilidad del mundo rural y la seguridad alimentaria de los alimentos que consumimos cada día. Entre ellas, se encuentran los productos fitosanitarios, desarrollados para proteger la salud vegetal. No olvidemos la cifra: un 40% de la producción mundial de cultivos se pierde cada año por las plagas, malas hierbas y enfermedades. Pérdidas que se duplicarían de no contar con estas soluciones, las medicinas de las plantas.

Los enemigos a los que debe enfrentarse la sanidad vegetal son, en su mayoría, organismos vivos con una elevada capacidad de mutación genética y de adaptación a las medidas de protección disponibles, por lo que es más que previsible que aquellas soluciones que hoy son perfectamente válidas vayan reduciendo su efectividad con el paso del tiempo. Del mismo modo, no debemos obviar una realidad inherente a nuestro tiempo, nos encontramos en un mundo cada vez más próximo y globalizado, en el que aquellas amenazas que actualmente se encuentran a miles de kilómetros de distancia pueden llegar a nuestro territorio, desgraciadamente, en cuestión de días.

Es más que previsible que aquellas soluciones que hoy son perfectamente válidas vayan reduciendo su efectividad con el paso del tiempo

Por todo ello, resulta imprescindible que la investigación e innovación agrícola no se frene y sigamos avanzando, en la creación de un sector con futuro, que favorezca la inversión en I+D+i, y enfrente los nuevos retos que nos afectarán a corto y medio plazo. Solamente desde esta perspectiva proactiva, estaremos siendo responsables para garantizar la alimentación en la que se basa el bienestar y la calidad de vida de todos los ámbitos de nuestra sociedad.

La innovación en sanidad vegetal no es una opción, sino que es algo absolutamente indispensable. Por eso resulta esencial generar las condiciones que favorezcan su desarrollo y no la desincentive.

Contamos con los medios, los conocimientos y la voluntad de continuar avanzando, sin embargo, el entorno reglamentario para llevarlo a cabo es cada día más complejo y restrictivo. En pro de alcanzar la “sostenibilidad” (como si de un nuevo paradigma se tratara) nuestras autoridades europeas se han lanzado a hacer propuestas legislativas alejadas de criterios científicos, sin tener en cuenta la opinión de los verdaderos conocedores del campo y lo que es peor, sin un adecuado estudio previo del impacto previo que dichas iniciativas pueden generar en las componentes económicas y sociales y, como consecuencia en el futuro del agro en Europa.

Así ocurre con la propuesta de Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios publicada por la Comisión Europea en el mes de junio de 2022. Esta debería brindar la oportunidad de identificar obstáculos y establecer objetivos alcanzables para preservar la salud de las plantas y el medio ambiente, fomentar la introducción de tecnología y de innovación en la

aplicación de estas soluciones, y todo ello sin comprometer la producción de alimentos. Sin embargo, contiene aspectos altamente preocupantes, como son los objetivos de reducción de productos fitosanitarios, o la prohibición de usarlos en las llamadas ‘zonas sensibles’, algo que, por cierto, tiene una definición tan amplia que afectaría a una parte muy importante de la superficie productiva de la UE. En el caso de España, el impacto se estima en torno al 40% de la superficie agrícola utilizada, algo que todo el sector cree es un verdadero disparate.

La agricultura depende de la climatología y de los recursos naturales, y varía según año y región. Se deben considerar las diferencias entre los diferentes países, porque es evidente que, por ejemplo, nuestra agricultura poco tiene en común con la finlandesa. Un objetivo cuantitativo, como podría ser el de reducir un 50% de uso y riesgo para la UE, basado exclusivamente en la reducción de uso de los productos fitosanitarios, no hace justicia a esta complejidad y consideramos su aplicación simplemente errónea.

Cualquier objetivo debe ser alcanzable, realista y basado en un estudio de impacto. Introducir criterios que favorezcan la flexibilidad en relación con estos objetivos, resulta imprescindible para países como España, donde la diversidad de cultivos y las características agronómicas obligan a los agricultores a disponer de un conjunto completo de herramientas. Sin embargo, la definición de intensidad en el uso de productos fitosanitarios que introduce la nueva propuesta de Reglamento es un puro parámetro matemático, que no se basa en las necesidades de los cultivos concretos en cada país.

Pero sin duda, el aspecto más preocupante de esta propuesta de reglamento es la definición y las severas restricciones en relación con el uso de productos fitosanitarios en las denominadas zonas sensibles, que afecta a gran parte de las zonas agrícolas claves de nuestro país, como por ejemplo las de producción hortícola, de cítricos, frutos rojos y bayas en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia o las zonas de arroz del Delta del Ebro o Albufera. Las explotaciones agrícolas no serán económicamente viables en algunas de estas zonas, lo que supondrá una alteración de los ecosistemas, la pérdida de la producción para el consumo nacional y de exportación y un impacto socioeconómico demoledor. Además, desaparecería por completo el control de organismos nocivos en zonas urbanas y verdes incluidos los campos deportivos como los de golf. Por eso, desde nuestro punto de vista, es necesario clarificar y definir mejor los conceptos, introducir excepciones en función del país y aplicar medidas de mitigación del riesgo es casos concretos.

La evidencia del disparate de la propuesta y el clamor general contra su redactado ha hecho recular a la propia Comisión, que en un documento no oficial ha propuesto reducir limitar la definición de zona sensible y establecer alguna flexibilidad en el uso de fitosanitarios en ellos. Esperemos que en las negociaciones aún en marcha se introduzcan también mecanismos de flexibilización responsable por parte de los países en los objetivos de reducción.

Sin embargo, no todo lo recogido en esta propuesta es negativo. El deseo de intensificar la formación de todos los usuarios profesionales y de dar enfoque especial en la formación de asesores es muy positivo, como lo es de igual manera, que la gestión integrada de plagas y la formación contemplen la agricultura de precisión y la digitalización, así como los sistemas de apoyo para la toma de decisiones.

Queremos colaborar en la mejora del proyecto de Reglamento de manera que se fomenten nuevas tecnologías y soluciones integradas para la protección de los cultivos. También creemos que es necesario profundizar en la Gestión Integrada de Plagas, la tecnología de aplicación y precisión (como la utilización de drones) y las herramientas digitales (como las que permiten monitorear plagas u optimizar los insumos). Finalmente, estamos convencidos de que debe materializarse un sistema de aprobación que favorezca y acelere los nuevos perfiles de productos fitosanitarios.