La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido en el Parlamento andaluz una reunión bilateral entre los Gobiernos de España y EE UU «ante las nuevas posibilidades que se abren con la nueva administración Biden». Carmen Crespo ha reclamado además que en esa reunión esté presente Andalucía «por ser una de las grandes perjudicadas en sectores como el aceite y la aceituna de mesa, de los que la comunidad es la principal productora».
La titular de Agricultura ha continuado advirtiendo que estamos ante un «momento de la diplomacia proactiva para que se defiendan los intereses de nuestros productos».
Al margen del asunto pendiente con EE UU, Carmen Crespo ha pedido «estar muy atentos» a la posibilidad de un nuevo fondo de reserva para el caso de que asistamos a un Brexit duro porque «en ese supuesto nuestros productos agroalimentarios van a tener dificultades». La consejera ha advertido de que ese fondo de reserva podría permitir alternativas para los sectores más afectados.
En otro orden de cosas la consejera ha pedido que se rehagan los acuerdos con terceros países para que «estos no sean lesivos con los productos andaluces», por lo que ha solicitado al Gobierno de España que pida a Bruselas «que se defiendan nuestras producciones».
Rechazo a la prórroga de la excepcionalidad de la chirla italiana
También en la cámara andaluza, la consejera Carmen Crespo ha mostrado «su rechazo frontal desde Andalucía» a la posibilidad de que la Unión Europea pueda conceder una nueva prórroga hasta 2022 de la autorización excepcional a Italia para capturar chirla de menor tamaño (22 milímetros) al establecido por la normativa que rige en los demás países (mínimo de 25 milímetros).
El establecimiento de esta talla mínima pretende garantizar que se lleve a cabo una actividad sostenible desde el punto de vista medioambiental; es decir, una extracción que no pone en riesgo la continuidad de la pesquería. Por ello, Crespo ha pedido que todas las condiciones sean iguales para todos en Europa porque «si nuestro sector se caracteriza por su sostenibilidad, siendo referente en ello para Europa, se le tiene que exigir que esto sea igual para todos los países de la Unión Europea», para concluir advirtiendo «¿por qué aquí sí y en Italia no?».
