UPA desvela la verdad que esconde el precio de la fruta
Los productores de fruta piden que el Gobierno y las Comunidades Autónomas endurezcan los controles en la compraventa de alimentos frescos. Los precios suben al consumidor mientras los agricultores siguen sin cubrir costes.
La fruta y la verdura fresca se encarecen hasta triplicar su precio y complican la compra de las familias más vulnerables”, “El precio de la fruta se dispara”, “El melón cuesta más del doble que hace un año”… Son titulares que pueden leerse estos días en la mayoría de medios de comunicación. Sin embargo, tras esa subida se esconde una grave realidad basada en altos costes y bajos precios en el campo y en especulación y abusos por parte de los intermediarios
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha denunciado que, a pesar de la subida de precios de frutas y hortalizas a los consumidores, los agricultores siguen sin cubrir costes en la mayoría de los calibres, con la excepción de los de mayor tamaño, que apenas suponen un 20% de la producción total de fruta de hueso (cerezas, ciruelas, melocotones…)
Los especuladores aprovechan la inflación
La campaña no está funcionando “con lógica”, en opinión de UPA. “Creemos que detrás de estos movimientos de encarecimiento de precios en destino sin reflejo en el origen hay movimientos especulativos que buscan enriquecerse aprovechando la espiral inflacionista”, afirman. Frutas de verano como la sandía y el melón también están siendo víctimas de esta especulación.
UPA ha exigido a los intermediarios y a las cadenas de distribución con las que colaboran que depongan esta actitud, paguen un precio justo a los agricultores y apliquen un margen justo para que los consumidores tengan más fácil acceder a alimentos frescos, “los más nutritivos y necesarios.”
UPA cree que un año más se está incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector de la fruta de verano, donde sigue imperando la “venta a resultas” (entrega del producto sin precio y liquidación varios meses después), por lo que exigen al Gobierno, a través de la Agencia AICA del Ministerio de Agricultura y a las Comunidades Autónomas, a través de sus administraciones competentes, que refuercen los controles para evitar los abusos.
