UPA Andalucía demanda a las administraciones compromiso y presupuesto para los afectados por la sequía
La gravedad de la sequía que afecta a nuestro país desde hace unos años está ocasionando importantes pérdidas económicas a los agricultores y ganaderos, prácticamente en todos los sectores y a lo largo de toda la geografía, situándose en muchos casos en los límites de su viabilidad.
Apenas un año y medio después de la última sequía grave de 2017, la agricultura y la ganadería vuelven a enfrentarse a un escenario similar debido a la falta de lluvias en el presente año. Y es que 2019 se está caracterizando según la AEMET por ser el tercer año más seco en lo que llevamos de siglo, acompañado de importantes olas de calor, que sitúan a Andalucía en situación crítica de sequía meteorológica, de la que los agricultores y ganaderos son las principales víctimas.
Entre las principales medias planteadas desde el Gobierno central, insuficientes desde el punto de vista de UPA Andalucía, figura elevar al 70% el porcentaje de ayudas directas y al 85% las destinadas al desarrollo rural, que podrán anticiparse a partir del 16 de octubre –medida ya aprobada desde Bruselas-, la posibilidad de que los animales pasten en los barbechos no productivos declarados como superficies de interés ecológico, y la reducción de módulos de las producciones afectadas de cara a la próxima declaración de la renta
Por su parte, la Consejería de Agricultura publicó el pasado día 9 la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al régimen de mínimis. Con la publicación de estas bases, la Junta podría poner a disposición del sector una línea de apoyo extraordinaria dirigida a ayudar a los ganaderos andaluces a superar las consecuencias derivadas de una situación de sequía. Desde UPA Andalucía instan a la Consejería a que las ponga en marcha cuanto antes y las dote presupuestariamente.
Desde UPA Andalucía, demandamos a las administraciones públicas “más compromiso y presupuesto” con la situación crítica del sector agrario, y especialmente con la ganadería extensiva, la cual afronta graves dificultades e incremento en los costes de producción, pues no hay pastos y se ve obligada a comprar forraje y piensos.
Además, desde UPA emplazan al Ministerio a poner en marcha un paquete de medidas similar al impulsado en marzo del año pasado a través de la Ley contra la sequía (Fondo Extraordinario, préstamos ICO, incremento del Plan de Seguros, etc.), y su aplicación con carácter urgente con respaldo presupuestario.
Para la adopción de medidas a nivel regional, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía reclama también a la Consejería de Agricultura la convocatoria de la Mesa Regional de la Sequía para el mes de septiembre, con el fin de analizar la situación y articular el plan de apoyo a los afectados.
Necesitamos una revisión profunda del sistema de seguros agrarios en general y del seguro de compensación de pastos en particular; que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios vuelva a sus raíces y lleve a cabo su labor de mediación, velando por los intereses de los agricultores y ganaderos; y que se incrementen las subvenciones destinadas a los seguros agrarios con el fin de que su contratación sea viable económicamente.
También reivindicamos facilitar la liquidez de las explotaciones mediante ayudas directas, una moratoria de los préstamos y/o nuevos préstamos a interés cero, exenciones en las cuotas a la Seguridad Social, una reducción de los módulos del IRPF y rebajar, de 0,6 a 0,4, el umbral mínimo de corderos por oveja y año para cobrar la ayuda asociada al ovino.
UPA Andalucía ha querido concluir enviando un mensaje a las administraciones públicas para que empiecen a reflexionar seriamente sobre la realidad que vive nuestro país en cuanto a meteorología. Debido al cambio climático, la sequía ha dejado de ser coyuntural para visitarnos cada cuatro o cinco años, por tanto, se ha convertido en una situación estructural que requiere de cambios legislativos y medidas que palien sus efectos de forma urgente.
