UPA acepta el acuerdo de 43 medidas impulsado por el Gobierno
El acuerdo entre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y el Ministerio de Agricultura el pasado 3 de abril, ha puesto en marcha un plan que consta de 43 medidas políticas, económicas y fiscales que abordan la gran mayoría de las demandas planteadas por la organización. Se estima que este plan tendrá un impacto positivo en el sector agrícola de entre 1.000 y 2.000 millones de euros.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado hoy este acuerdo, que se centra en proporcionar apoyo al campo.
Las medidas contenidas en el acuerdo representan avances significativos que la UPA había estado reclamando a las autoridades durante mucho tiempo.
La implementación de este acuerdo conlleva la activación de un plan de apoyo al campo que, según la UPA, incluye logros de gran relevancia para el sector.
Estas medidas buscan simplificar las exigencias de la Política Agraria Común, reduciendo la burocracia y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos.
Entre las medidas destacadas se encuentran aquellas de índole fiscal, como el compromiso de mantener el Impuesto Especial de Hidrocarburos, lo que representa un aporte de 400 millones de euros para el sector agrícola.
También se mantendrá la deducción del 35 % de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, así como del 15 % de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF, lo que equivale a aproximadamente 575 millones de euros en deducción fiscal.
Además, se establecerá una reducción general del 15 % en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.
Flexibilización de los ecorregímenes
Los ecorregímenes, una de las medidas más destacadas y controvertidas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), experimentarán una simplificación significativa para adaptarse mejor a la realidad agrícola española.
En este sentido, el uso del cuaderno digital de explotación será voluntario en lugar de obligatorio, como había propuesto inicialmente Bruselas.
Asimismo, se eliminará el requisito para los agricultores de enviar fotos georreferenciadas de sus cultivos. Además, los ecorregímenes estarán exentos de fiscalidad, lo que resultará en una reducción de la base imponible de aproximadamente 1.100 millones de euros.
En cuanto a la ganadería, se flexibilizarán varios aspectos relacionados con el Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, se pospondrá la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las granjas y se aliviarán los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles.
El Gobierno se compromete a financiar gastos relacionados con temas de sanidad animal, como la tuberculosis o la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EHE).
Además, se establecerá un Foro de la Ganadería Extensiva para abordar los principales problemas y desafíos de este modelo productivo.
Estas medidas se complementarán con otras relacionadas con los seguros agrarios, el acceso a financiación, las inspecciones a las que están sujetos los agricultores y ganaderos, así como el fortalecimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar que los productores reciban precios justos.
El Gobierno también se compromete a continuar trabajando en Europa para activar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, ha instado a otras organizaciones agrarias a unirse a este acuerdo, que marca un hito en el proceso de movilizaciones del sector agrícola.
UPA cancelará las movilizaciones una vez firmado el acuerdo, considerando que representa un éxito negociado y luchado con empeño.
