Desde su entrada en vigor, el 21 de septiembre de 2017, el acuerdo ha ofrecido nuevas oportunidades a todas las empresas de la UE, en particular a las pequeñas y medianas. Además de los costes que los aranceles suponen para las PYME, las pequeñas y medianas empresas suelen tener muchas más dificultades que las grandes para hacer frente a las trabas  burocráticas y a otras barreras no arancelarias que reducen su competitividad o hacen que su acceso a nuevos mercados no sea rentable. Con el CETA, las pequeñas empresas ahorran tiempo y dinero, evitando, por ejemplo, la duplicación de requisitos de ensayo de los productos, procedimientos aduaneros farragosos y costosas tasas judiciales.