Desde que el Anteproyecto de Ley de Residuos estuviera a disposición pública, muchos han sido los agentes ambientales que han trasladado al Ministerio de Transición Ecológica sus correspondientes alegaciones.
Por parte del sector agrario, SIGFITO junto con la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), la Federación Española de Distribuidores de Protección Vegetal (FEDISPROVE) y Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (APROVE) han presentado 25 propuestas encaminadas a dar una solución a todos los residuos que se generan en una explotación agropecuaria. Con la normativa actual sólo está solucionado el problema de unos pocos residuos, como los envases fitosanitarios y algún otro que voluntariamente pueden adherir los fabricantes a SIGFITO, el resto de los residuos se quedan fuera del ámbito de los denominados Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) y entrañan una compleja gestión que no facilita la recuperación ni fomenta la economía circular.
Un residuo que ejemplifica esta problemática son las trampas de capturas de insectos, cuyos fabricantes, puntos de venta, e incluso agricultores han demandado una solución integral inminente. Las trampas una vez que dejan de ser útiles quedan colocadas en los cultivos a la espera de ser retiradas, con el consecuente peligro de que rachas de viento las desplacen por el campo y terminen abandonadas sin control. Para tratarlas el agricultor debe contratar un gestor autorizado y realizar una serie de trámites administrativos. En la mayoría de los casos el productor desconoce la información para poder tratar esos residuos. “Sería mucho más fácil que cuando depositasen en los puntos de recogida sus envases pudieran entregar allí otros residuos generados, pero la ley no lo permite” apunta Rocío Pastor, directora general de SIGFITO. El problema no se queda en las trampas, se extiende a la gestión de los efluentes y restos de tratamientos, los productos caducados y obsoletos, los EPIS, los plásticos, las mangueras, los protectores, soportes, neumáticos….
Una ley para ser incumplida
La modificación de la Ley de residuos debería estar concebida para que se pueda cumplir por parte de todos los agentes, por lo tanto, debería partir de un punto de vista realista. Por ello, en el ámbito agropecuario, SIGFITO pide que no recaiga sobre el agricultor toda la responsabilidad de la gestión de los residuos hasta el tratamiento final. Objetivamente es una labor inviable, pues obligaría a más de 800.000 agricultores a controlar a los gestores que tendrían que mostrar sus plantas y registros a cualquier productor. Actualmente ese control lo lleva la Administración y el agricultor sólo tiene la obligación de entregarlo a un gestor autorizado.
Otro de los aspectos de la ley que son imposibles de cumplir es la devolución económica de lo aportado a los sistemas si no se ha ejecutado al finalizar el ejercicio, pues desde que se vende el producto hasta que se produce el residuo puede tardar más de un año, el dinero volvería al fabricante y sería muy complicado que retornara al agricultor que es quien soporta el coste del reciclaje.
SIGFITO, además, pide corregir el error por el que ahora se define incorrectamente como residuo peligroso cualquier envase que haya contenido sustancias peligrosas, contrariamente a la clasificación europea. Se han planteado propuestas para simplificar trámites sin perder trazabilidad y otras para dejar clara la inaplicación de la normativa de recogidas a los puntos en los casos de sistemas de recogida que no se llevan a cabo profesionalmente.
Por último, se ha planteado la oposición a la aplicación del nuevo impuesto sobre envases y plástico de un solo uso, previsto desde Europa para desincentivar el uso de doméstico y que sin haberlo sometido siquiera a consulta pretende extenderse a los de uso industrial.
Una ley que exigirá transparencia
En la gestión de los residuos es muy importante que la información sea accesible para todos, por eso SIGFITO aplaude las medidas propuestas en la nueva ley para una mayor trasparencia. Pero, además de las que ya contiene el texto normativo, el sistema de recogida propone que exista una obligación para los SCRAPS, que permita a todos los agentes que participan en la gestión de los residuos, conocer toda la información sobre la cobertura geográfica, los sistemas de recogida que disponen, y las cuentas anuales auditadas.