Sequía: estas son las medidas aprobadas y las reacciones del sector
El Gobierno aprueba ayudas directas de Estado por más de 636 millones de euros para apoyar a los agricultores y ganaderos frente a la sequía; acciones que desde las organizaciones agrarias consideran claramente insuficientes. Te detallamos aquí las medidas y las reacciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas hoy en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.
Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se situaba esta semana en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con medidas importantes, algunas de ellas se fueron ampliando a lo largo del pasado año para hacer frente a la crítica situación del sector afectado también por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, hace que resulte de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país.
Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.
AYUDAS DIRECTAS
Se destinan 355 millones de euros para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino para compensarles por el incremento de los costes de producción, como los piensos y otros insumos. La escasez de precipitaciones ha mermado la existencia de pastos y ha obligado a buscar alternativas para la alimentación de los animales que resultan más caras a unas explotaciones que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra en Ucrania.
El decreto establece unas cuantías unitarias de ayuda de 100 euros por vaca y 15 por oveja y cabra de carne; y de 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra de leche. Las ayudas se abonarán directamente a los titulares de las explotaciones que sean beneficiarios de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Las ayudas a los sectores ganaderos se completan con 5 millones de euros para el sector apícola, medida que anunció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a finales de marzo.
Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y de las comunidades autónomas.
APOYO A LA FINANCIACIÓN
El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones de euros y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022.
Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros 2 millones más.
SEGUROS AGRARIOS
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios.
Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la pólizas ya contratadas –el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.
Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.
MEDIDAS FISCALES
En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.
En este ámbito, hay que recordar que la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública publicada el pasado 25 de abril ya contempla una importante rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25 % lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios.
Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30 % y el 50 % para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.
Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.
Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PAC
El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce muchas incertidumbres.
Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta en el día hoy, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.
Como ejemplos, para las zonas afectadas por la sequía, será posible reducir los días de pastoreo y la carga ganadera requeridos en los ecorregímenes de pastoreo extensivo, o incrementar la superficie de barbecho y reducir el porcentaje de especies mejorantes para los de rotación de tierras de cultivo.
Se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.
MEDIDAS SOCIO-LABORALES
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
MEDIDAS HIDRÁULICAS
Los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %.
Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 %.
Reacciones de las organizaciones agrarias:
ASAJA Andalucía: Las medidas para paliar la sequía son totalmente insuficientes
Las situaciones excepcionales -y la sequía de esta campaña lo es, requieren de soluciones excepcionales, y las medidas anunciadas hoy por el Consejo de ministros son absolutamente insuficientes para paliar la grave situación que atraviesa el campo andaluz, que ya sufrió pérdidas de más de 2.400 millones de euros el pasado ejercicio -con una merma general de las producciones de entre el 30 y el 50%- y que este año podría ver incluso cuadruplicadas.
Andalucía vive su sexto año consecutivo de déficit hídrico y la situación es absolutamente desesperada. Estos seis años de sequía meteorológica y los tres consecutivos de sequía hidrológica han dado la puntilla al campo andaluz, que ha perdido ya los cultivos extensivos de secano, que no va a contar con cultivos de primavera y que ve amenazados de muerte a sus cultivos arbóreos y a sus explotaciones ganaderas, por lo que en esta situación, tal como ha manifestado hoy el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, “dar continuidad a las medidas que ya se tomaron el pasado ejercicio por la guerra de Ucrania es totalmente insuficiente”.
“Ya no valen con moratorias hacen falta exenciones. Las ayudas directas deber extenderse a todos los sectores y a todas las explotaciones afectadas. Las explotaciones necesitan liquidez, y para eso es fundamental facilitar y subvencionar los créditos”.
Asimismo, Serra recuerda que “la flexibilización en las medidas de la PAC debe ser urgente y automática, vamos contrarreloj y no podemos esperar”. En Andalucía, que es la región española más afectada por la sequía, más de 100.000 de sus 220.000 agricultores no han podido presentar aún su declaración de la PAC y viven su particular calvario en el ejercicio más complejo desde 1986, año del ingreso de España en la Unión Europea; puesto que además de perder el 30% de sus ayudas agrarias por el Plan Estratégico de la PAC de Planas, están aún pendiente de conocer los pormenores de las medidas de flexibilización de la PAC que inciden directamente en el desarrollo de su labor y en la cuantía de las ayudas que percibirán en este ejercicio de la nueva PAC.
La sequía no ha empezado esta semana. ASAJA-Andalucía lleva meses instando a las administraciones y especialmente al Gobierno de España a poner en marcha las medidas de su competencia para intentar paliar las pérdidas y los daños millonarios que la sequía está provocando en miles de explotaciones. Esta organización ha presentado ya un plan de diez medidas para minimizar los daños por la sequía tanto en el Parlamento de Andalucía como ante la Mesa de Sequía del Ministerio de Agricultura. Desafortunadamente el Consejo de ministros de hoy ha dejado en el tintero muchas de ellas.
ASAJA plantea invertir de verdad en infraestructuras hidráulicas. Mientras países como Portugal o Marruecos han desarrollado mucho su capacidad de embalse en los últimos años, en España las inversiones han sido mínimas. Desde la anterior gran sequía, la de 1992-1995, la capacidad de embalse de nuestro país se mantiene prácticamente inalterada”. Sin embargo, en España el desarrollo de otro tipo de infraestructuras ha sido exponencial: nuestro país se ha situado a la cabeza de Europa en trenes de alta velocidad, pasando de los 506 km de 1992 a los 3.762 de 2022, lo que sitúa a nuestro país en segundo lugar en el podio mundial de la alta velocidad.
Esta es una de las diez medidas que ASAJA-Andalucía contempla en su plan: incrementar la capacidad de embalse y facilitar y potenciar la construcción de pequeñas balsas de riego a lo largo de los cauces y en las propias explotaciones.
Dada la extrema gravedad de la situación pedimos que el nuevo decreto de sequía contemple ayudas directas para todos los sectores afectados.
Respecto al nuevo Plan Español de la PAC (PEPAC), con el que el Gobierno de España ha castigado a Andalucía al reducir las ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces en 500 millones de euros, reduciendo con ello considerablemente el colchón que supone la PAC para poder afrontar periodos críticos como el actual, desde ASAJA pedimos que con los fondos del Desarrollo Rural se ponga en marcha una nueva medida específica 23 de sequía de forma similar a las medidas 21, (Covid), y 22(Ucrania), contribuyendo a hacer las explotaciones agrarias más resilientes frente a la sequía.
ASAJA demanda que además de las medidas de flexibilidad de la PAC ya adoptadas por la Junta de Andalucía (barbecho, cubiertas vegetales, porcentajes de rotación, etc.), se contemplen flexibilizaciones más ambiciosas que faciliten la percepción de las ayudas de la PAC ante un escenario tan complejo para el desarrollo de la actividad agraria como es el que plantea la sequía.
Asimismo, ASAJA reclama el incremento hasta el 90% de los pagos de las ayudas de la PAC que la Unión Europea permite adelantar al mes de octubre.
Asimismo, al Gobierno de España le exigimos la devolución inmediata de los cánones de riego ya abonados en la campaña 2022, que a día de hoy siguen sin materializarse, así como un nuevo decreto de sequía que amplíe las medidas actuales y recoja ayudas directas.
El Plan de ASAJA contempla también medidas de carácter fiscal como son la reducción de módulos del IRPF. No se puede tributar por unos ingresos que no se han obtenido o que proceden del desmantelamiento de la explotación, como ocurre en el caso de los ganaderos que se están viendo obligados a vender las reses ante la imposibilidad de costear su sustento.
Para dotar de liquidez a un sector absolutamente descapitalizado ASAJA solicita que se incremente al máximo posible el porcentaje del anticipo de la PAC, que se abran líneas de créditos ICO bonificados para agricultores y ganaderos y que se active el fondo de reserva de la Unión Europea.
Asimismo, el Plan contempla que, en cumplimiento con la última sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de España implante la doble tarifa eléctrica para regadíos. Una medida que ya se ha publicado en BOE hasta en tres normativas distintas (Sequía, Ley Cadena Alimentaria y Ley PAC) y aún pendiente de desarrollo normativo.
Un sector en pérdidas, con un fuerte incremento de gastos para hacer frente a la sequía y falto de capital no puede hacer frente a los pagos y las cotizaciones sociales. Por ello, desde ASAJA solicitamos la exención (no el aplazamiento) de las cuotas de la seguridad social y del IBI.
ASAJA urge a reformular con carácter estructural el diseño del seguro agrario, pues en muchas ocasiones no está adaptado a las necesidades del sector. Por ejemplo, en la línea de compensación de pérdidas por sequía en pastos, los indicadores no consideran muchas situaciones que deberían ser claramente indemnizables.
AVA-ASAJA: Se olvidan del campo valenciano
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) afea que las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros para hacer frente a los efectos de la sequía “apenas van a beneficiar al campo valenciano y, en todo caso, únicamente a ciertos cultivos de secano, la ganadería y la apicultura, mientras que el regadío valenciano queda excluido pese a los efectos que la falta de lluvias ya está ocasionando”.
La organización presidida por Cristóbal Aguado valora las ayudas directas dirigidas a los ganaderos y apicultores, pero cuestiona el fondo de 276 millones que el Gobierno aún no ha desvelado a qué cultivos y en qué zonas de España los destinará. Respecto al aumento de la subvención del coste de las pólizas por riesgo de sequía en cultivos de secano, podrá beneficiar a las producciones que tienen una cultura de contratación porque el seguro funciona bien, como son los casos de la uva para vinificación y los cereales, pero, por el contrario, tendrá una incidencia mínima en otros como el almendro y el olivar donde apenas se contrata esta cobertura porque no se ajusta a las necesidades reales del cultivo.
Además de las ayudas directas, fiscales y de liquidez que, a juicio de AVA-ASAJA “se quedan cortas”, la asociación tacha como “una tomadura de pelo” que el Gobierno sólo retrase el cuaderno digital de explotación cuatro meses –del 1 de septiembre de 2023 al 1 de enero de 2024– e insiste en “dejarlo en suspenso y repensarlo al menos hasta 2026, que es cuando la Unión Europea establece el plazo máximo para aprobarlo.
En cuanto a la ampliación del plazo de tramitación de la Política Agrícola Común (PAC) hasta el 30 de junio, reivindicado desde el sector agrario valenciano, AVA-ASAJA constata que “es la evidencia del fracaso en la gestión de esta nueva PAC, ya que ni aumentando un mes el periodo de solicitud se podrá compensar el retraso que están comportando los problemas de la aplicación informática Sinapa de la Administración”.
Entre las medidas que AVA-ASAJA echa en falta destaca un apoyo decidido al regadío y especialmente a los agricultores y entidades de riego que emplean aguas subterráneas, puesto que han empezado a regar tres meses antes que el año pasado y han aumentado un 40% el consumo de agua. La organización agraria insiste en exigir un precio especial para el Kilowatio agrario, permitir de manera indefinida dos cambios de potencia contratada al año y eliminar el tope del gas en el sector agrario.
Consecuencias en el sector agrario valenciano
Cristóbal Aguado advierte de que “2023 es un año muy seco y, aunque la Comunitat Valenciana no es la más castigada por la escasez de agua, gracias a que sus embalses están menos vacíos que en otras regiones españolas, las consecuencias negativas ya son evidentes. El mundo rural del interior de Valencia y Castellón, que se está vaciando, es el que peor lo está pasando. En secano, la mayoría de los cereales ya se han perdido, mientras que se prevén hundimientos de cosechas en uva, almendro y olivar. Incluso se teme que muchas cepas y almendros se sequen hasta tal extremo que acaben muriendo o, en caso de salvarse por futuras lluvias, no recuperen su nivel de productividad”.
En lo que respecta a la ganadería, AVA-ASAJA lamenta que “la falta de pastos está obligando a los ganaderos a asumir sobrecostes en la compra de piensos y forrajes, los cuales alcanzan cotizaciones muy costosas debido a la conjunción de los problemas logísticos derivados de la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía. Además, en aquellas granjas donde las balsas o los depósitos se han agotado ya han empezado a llevar cubas de agua, lo que encarece aún más los gastos”.
Por su parte, en el regadío, además de los encarecimientos de fertilizantes y fitosanitarios, hay preocupación tanto por el descenso de los niveles de los acuíferos como por el coste de la energía eléctrica necesaria para bombear los caudales a la superficie”. Finalmente, AVA-ASAJA alerta de que “la extraordinaria sequedad de los montes va a desplazar aún más la superpoblación de fauna salvaje hacia las zonas de cultivo en busca de agua y comida, creando aún más problemas de los que lamentablemente ya sufrimos”.
COAG: Necesitamos más ambición en las medidas
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera insuficiente el Real Decreto de ayudas aprobado hoy por el Gobierno para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario, ya que la grave afectación en el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía y más de 5 millones de hectáreas de cereales no tendrán apenas cosecha.
En este sentido, el Secretario General de COAG, Miguel Padilla ha reclamado que “desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran”, ha subrayado.
Por otra parte, ha valorado las ayudas directas a la ganadería extensiva, principalmente ganaderos de carne y leche de ovino-caprino y vacuno, porque pueden suponer a corto plazo un pequeño balón de oxígeno para afrontar la alimentación suplementaria del ganado con forrajes y piensos ante la falta de pastos. Asimismo, ha destacado el incremento de la subvención para la contratación de seguros (hasta el 70% del coste de la póliza), las rebajas fiscales para los regantes y la flexibilización de los requisitos de la PAC para el cobro de las ayudas UE respecto a la condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía. Además, se ha ampliado el plazo para la solicitud de las mismas hasta el 30 de junio.
No obstante, el secretario general de COAG ha adelantado que seguirán negociando con el Ministerio de Agricultura para que el presupuesto dispuesto para los sectores agrícolas (276 millones) se ponga ya a disposición del sector para apoyar a los agricultores y cultivos más afectados y que ya han sufrido daños, incrementando el mismo para responder a la más que probable crítica situación en los próximos meses de verano.
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía:
El director gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi Álamo, realiza una valoración del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros con motivo de la situación de sequía.
La federación cree que el Gobierno central “no entiende lo que pasa en el campo” y pide concreciones: “Dónde y cuánto se va a invertir para traer agua a Andalucía”. Como expresa Jaime Martínez-Conradi, los agricultores y los ganaderos andaluces no pueden esperar más porque, a pesar de las muchas inversiones realizadas, ven cómo sus explotaciones se están muriendo. Por ello, insiste en la necesidad de “dar estabilidad” al sector productor y agroindustrial y exige “medidas concretas, con hectómetros definidos”, al tiempo que solicita a la Administración central que deje de “regalar oídos”.
Declaraciones de Jaime Martínez-Conradi Álamo, director gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
FERAL: la cesión de derechos para riego es “completamente legal”
La Federación de Regantes de Almería FERAL ha asegurado que la cesión de derechos para riego “además de estar totalmente ajustados a la legalidad” suponen “una gran medida que, además, viene realizándose desde hace décadas”. Según ha detallado el presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández, es una práctica que viene recogida en el texto refundido de la Ley de Aguas por lo que “no entendemos las críticas, totalmente interesadas”, que se han señalado desde algunas organizaciones recientemente.
Desde FERAL recuerdan que esta medida se contempla de manera detallada en los decretos de sequía que se han publicado al amparo del artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas para las diferentes demarcaciones hidrográficas que existen en Andalucía.
Hay que recordar que la provincia de Almería ha utilizado estas fórmulas legales para periodos delicados y, por ejemplo, entre diferentes comunidades de regantes del Guadalquivir y del Almanzora de nuestra provincia se han cuantificado más de 60 hectómetros cúbicos y más de 250 en lo relacionado con el Tajo y el Segura.
Incluso este tipo de operaciones se producen entre regantes de una misma Cuenca, en este caso como en la del Segura, donde las transferencias internas han alcanzado los 65 hectómetros cúbicos “y, además, todos los contratos que se firman tienen que estar autorizados por la Confederación Hidrográfica competente y en el caso de acuerdos entre regantes de diferentes cuencas, deben llevar el visto bueno por parte del Ministerio, con lo que su legalidad es intachable”, ha recordado el presidente de los regantes almerienses, que ha asegurado que “supone también una optimización de un recurso tan escaso como el agua para riego y que de esta manera no se pierde sino que es utilizado por otros regantes”.
Con la escasez de agua que se está viviendo en nuestro país, y que de manera casi endémica afecta a nuestra provincia, “esta solución es totalmente indispensable para que determinados regantes puedan hacer uso de esas aguas para riego que en otras zonas no van a utilizarse”, ha explicado José Antonio Fernández.
