¿Por qué COAG rechaza la modificación de las OPFH?

La propuesta del Ministerio de Agricultura para reformar las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) facilita el trasvase de ayudas públicas a fondos de inversión especulativos.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que la propuesta del Ministerio de Agricultura para reformar las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) facilita el trasvase de ayudas públicas a fondos de inversión especulativos. OPFHs, con una importante vinculación con fondos de inversión como Miura o ProA Capital, han llegado a percibir en la última campaña hasta 4,7 millones de euros de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) para el sector hortofrutícola.

La propuesta del MAPA de modificación del real decreto 532/2017 por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las Organizaciones de Productores del sector de Frutas y Hortalizas (OPFH), en lo referente a los mínimos para el reconocimiento, únicamente se centra en elevar las cuantías de los mínimos de valor de producción comercializable, sin realizar cambios en los mínimos relativos al número de miembros. De esta manera,  se beneficia en mayor medida a las OPFH vinculadas al comercio privado, empresas que se caracterizan por juntar a un número muy pequeño de productores mayores y con mayor Valor de la Producción Comercializada, frente a  otras OPFH, como pueden ser las cooperativas, que realizan mayor esfuerzo por aglutinar a muchos pequeños productores y a las que les costaría más alcanzar la nueva cifra de mínimo VPC que un incremento del número mínimo de miembros.

Las OP con un mayor número de socios son las que tienen un mayor impacto redistributivo de las ayudas comunitarias y las que mejor orientan los fondos públicos hacia las pequeñas y medianas explotaciones, aquellas que más dificultades encuentran en el mercado y más necesitan el apoyo público. “El modelo de producción de grandes conglomerados empresariales, participados con fondos de inversión, y que se benefician de dinero público es más que cuestionable: el trasvase de presupuesto público a los beneficios de los accionistas y no a la realidad productiva que genera economía y empleo en el medio rural será poco comprensible para el contribuyente europeo y puede poner en riesgo la financiación conjunta del sistema de OPFH”, ha subrayado Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG.

Basta con chequear el listado de entidades beneficiarias para las ayudas al sector en el ejercicio 2021, y publicado por el FEGA, para comprobar cómo, en los primeros puestos, aparecen mezcladas OPFH con un número de socios superior al millar, que están haciendo un gran esfuerzo por concentrar oferta y mejorar la posición negociadora de los productores, con otras entidades con un reducido número de dueños, participadas o propiedad de fondos de inversión, “que están percibiendo cuantiosas ayudas públicas para pagar dividendos de accionistas, y no realizan ni por asomo el mismo esfuerzo en concentración de la oferta, sino que además pueden estar ayudando a dispersar dicho esfuerzo”, ha afirmado Góngora.

Ante esta situación, el sector de frutas y hortalizas de COAG ha publicado una nota técnica que bajo el título, “Razones para elevar el número mínimo de miembros para el reconocimiento de las OPFH”, señala las incoherencias y contradicciones de la propuesta del Ministerio de Agricultura:

1. El propio MAPA proporciona razones en contra de su propuesta actual. Tanto en su propuesta de marzo de 2018 como en la Estrategia Nacional de 2021 y en informes encargados a la consultora INESPRO “se recomienda elevar los mínimos de reconocimiento de las OPs para así obligar, vía normativa, a que las OPs sean de un mayor tamaño en número de socios y facturación” (página 15). La misma Comisión Europea ha realizado recomendaciones en este sentido.

 

2. El MAPA propone mínimos de reconocimiento mucho más elevados para OP en otros sectores. La propuesta actual del Ministerio es también incoherente con sus propias decisiones para otros sectores agrícolas y ganaderos, donde se han fijado o se pretenden fijar mínimos de socios de 25, 60 o hasta 100 productores, cifras muy alejadas del mínimo de 5 miembros de frutas y hortalizas, cuando además se trata de un sector con mucha más recorrido en la implantación de OPFH y que debería contar con mínimos más elevados.

 

3. España continúa contando con un número muy elevado de OP para el Valor de la Producción Comercializada de su sector hortofrutícola, algo que perjudica directamente el poder de negociación frente a la parte compradora y va en contra del espíritu planteado en la normativa. En comparación con países de la UE con relevancia similar del sector hortofrutícola, el número de OP es mucho más alto. Mientras en España contamos con 536 (cifra para 2019) y un valor de la producción de cerca de 15.000 mill€, mientras que Italia estaban reconocidas 290 OP con un valor de la producción en magnitudes equivalentes y una tasa de organización similar entorno a OP en ambos países. En concreto, de manera general, en Italia el número mínimo de productores que deben conformar una OP está situado en 15^[1], tres veces más que la situación básica en España.

Por todo ello, COAG considera que es imprescindible elevar los mínimos de reconocimiento, no sólo en valor de producción comercializable, sino en número mínimo de miembros, para establecer el número mínimo para el reconocimiento de una OP en 20 productores de manera general, con determinadas excepciones para territorios y sectores concretos. Incluso, en determinadas zonas con un elevado número de OPFH con perfil similar (provincias que cuentan con más de 50 OPFH de las mismas producciones), estos criterios deberían endurecerse más, situándose por ejemplo en 40 miembros mínimo.

COAG siempre ha reclamado unos mínimos de reconocimiento mucho más elevados para evitar situaciones indeseadas, que desvirtúan el espíritu de la figura de las OPFH,  y para favorecer la concentración real de la oferta. Ahora exigimos al MAPA, como ya han hecho varias Comunidades Autónomas, una apuesta decidida y categórica para elevar los citados mínimos en lo concerniente al número de miembros.