Para el 55 % de los perceptores de ayudas PAC en España habrá menos trabas burocráticas
En las medidas que tienen que ver con la simplificación de la presentación de las solicitudes de la PAC, ha destacado la eliminación de los controles de la condicionalidad por la alta carga burocrática que implica para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie. Esta medida beneficia a 345.000 agricultores, el 55 % del total de los perceptores de ayudas de la PAC.
Es una de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, durante la jornada de ayer en Bruselas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado los avances propuestos para responder a la simplificación y flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y ha remarcado que “ante una problemática y un reto europeo, hay que dar una solución europea”.
El ministro ha agradecido las propuestas de la Comisión Europea al recoger una gran parte de las medidas españolas. Las medidas de simplificación de la Comisión Europea (CE) “van en buena línea para resolver cuestiones que preocupan, como las excesivas exigencias de la condicionalidad reforzada, la complejidad de aspectos como las fotos georreferenciadas o la necesidad de un buen funcionamiento de la cadena alimentaria”, según el ministro Planas.
España ha propuesto, según ha anunciado a través de un comunicado el propio Ministerio de Agricultura, en el Consejo que, además, para paliar los problemas que plantea la condicionalidad reforzada, se deroguen las reglas sobre rotación de cultivos y de barbecho para la campaña 2024, además de simplificar los informes de evaluación y rendimiento.
Así, la CE «ha entendido la necesidad de flexibilizar las Buenas Condiciones Agraria y Medioambientales (BCAM) 6 -cobertura mínima vegetal para evitar suelos desnudos en los períodos más sensibles-, 7 -rotación de cultivos- y 8 -destinar un porcentaje mínimo de la superficie agrícola a superficies no productivas-«, señala el comunicado.
En línea con la simplificación burocrática de la PAC, España y otros países comunitarios han solicitado simplificar el requisito de las fotos georreferenciadas, ya que suponen una importante carga para los productores.
A pesar de esta valoración, el ministro ha considerado que «es necesaria mayor rapidez en la aplicación de las medidas, especialmente en las que requieren una modificación de los reglamentos base, ya que está a punto de concluir la legislatura europea -las elecciones al Parlamento se celebran entre el 6 y el 9 de junio-, y ha recordado que los agricultores y ganaderos esperan soluciones urgentes».
El ministro ha señalado que la reapertura del reglamento base debe implicar también una reflexión sobre los cambios a introducir en una PAC que fue diseñada en un contexto muy diferente al momento actual en el que tiene que aplicarse, en el que los agricultores y ganaderos están muy afectados por el incremento de costes y otras dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y de los efectos del cambio climático, especialmente sensible en España.
Un gran pacto europeo
El ministro ha planteado la necesidad de realizar un nuevo gran pacto europeo por la agricultura y el medio rural como la mejor forma de dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se movilizan en las últimas semanas en distintos Estados miembros. “Nos encontramos ante un gran desafío europeo que requiere una gran respuesta europea”, ha asegurado.
El ministro ha explicado que este gran pacto para poner la agricultura en la primera línea de debate comunitario debe poner al día los cinco principios básicos recogidos en el tratado fundacional de la Política Agraria Común hace 60 años. Los agricultores y ganaderos, ha explicado Planas, ven la nueva PAC como una dificultad adicional y no como una solución, por lo que ha considerado necesario realizar todos los esfuerzos posibles para que la Unión Europea de respuesta real a las necesidades del sector primario.
Diálogo con agricultores y ganaderos
El ministro ha vuelto a apelar a la necesidad de un diálogo entre las instituciones europeas y los agricultores y ganaderos, para que éstos “entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que estamos llevando a cabo” y no lo perciban como una carga, sino como una solución.
El ministro ha señalado que la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad y la rentabilidad de las explotaciones son elementos positivos, sobre todo para la actividad agraria que padece las consecuencias del cambio climático, “pero debemos realizarlos de la mano de agricultores y ganaderos”.
Los cinco objetivos fundacionales de la PAC son incrementar la productividad agrícola, procurar un nivel de vida equitativo para los agricultores, la estabilización de los mercados, la seguridad en el abastecimiento de alimentos y que éstos tengan unos precios razonables para los consumidores.
Luis Planas ha trasladado al Consejo otras dos cuestiones fundamentales para dar respuesta a las preocupaciones del sector: el buen funcionamiento de la cadena alimentaria para que todos los eslabones obtengan una adecuada remuneración, y la habilitación de fórmulas para que las importaciones de alimentos estén sujetas a las mismas exigencias que están obligados a cumplir los productores europeos.
En relación con la directiva sobre prácticas comerciales desleales, ha valorado que se haya presentado un documento de modificación para incluir la prohibición de las ventas a pérdidas como aparece en la Ley de la cadena alimentaria española. Ha destacado: “Nos parece importante que la CE anuncie que en la próxima legislatura tiene intención de introducir legislación a este respecto. La ley de la cadena española ha sido un salto formidable. Ahora necesitamos otro a nivel europeo”.
Respecto a las importaciones de terceros países, ha destacado que España va a defender las cláusulas espejo para que productos que no están autorizados en la UE no puedan ser utilizados por productos que lleguen al mercado comunitario. España fue uno de los pioneros en solicitar ya hace unos años su implantación y ha subrayado que cuando “la demanda es justa y contamos con argumentos, como es el caso, hay que ser constantes ante las instituciones comunitarias”.
