No tirar al niño con el agua del baño
Después de semanas de movilizaciones de los agricultores españoles y europeos, una Política Agraria Común negociada durante cinco años, aprobada por unanimidad de todos los gobiernos europeos y refrendada por una muy amplia mayoría en el Parlamento Europeo, se está modificando contra reloj.
Por Tomás García Azcárate, Vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) e investigador asociado del CEIGRAM
A mí que peino canas, me asustó cuando los políticos, bajo presión, se ponen a hacer cambios de urgencia. Lo vimos en nuestro país cuando, tras las movilizaciones del 2019, se modificó la Ley de la Cadena Alimentaria para incluir el respeto a unos costes de producción que no se acabaron de definir; me asusta cuando se identifica la nueva PAC con el ecologismo radical.
Nadie debería poner en entredicho la necesidad de la adaptación y mitigación del cambio climático. La dirección marcada por el Pacto Verde europeo no puede, ni debe en mi opinión, ser puesta en entredicho.
Es verdad que hay urgencia climática, pero la transición, en nuestro caso agroecológica, sólo será posible si contamos con la adhesión activa de todos los actores de la cadena alimentaria, empezando por los agricultores y ganaderos. Para ello, es necesario tener unas cuantas cosas claras: no hay agricultura verde en números rojos; más vale convencer que vencer, ayudar que imponer; la tecnología nos ayudará en este proceso pero no será suficiente por si sola; los consumidores también deben asumir que un producto digno debe tener un precio digno; la transición ha de ser inclusiva y no dejar a nadie atrás, aunque sea un consumidor con problemas de poder adquisitivo; las políticas públicas tienen que ser coherentes entre sí, desde la política agraria a la política comercial o a la de competencia…
La transición es inevitable, pero tiene un coste. Es cierto que este es muy inferior al coste presupuestario y humano del no hacer nada, con el encadenamiento de catástrofes que esto significa, pero éstas no se presupuestan mientras que las políticas de acompañamiento sí.
Batimos récord de exportaciones agroalimentarias. Globalmente la agricultura española va bien, pero se están agudizando las desigualdades, también entre agricultores. La agricultura 4.0 y las nuevas tecnologías están creando economías de escala que una parte de nuestra agricultura, los más grandes, están sabiendo movilizar. Ellos ya tienen cuadernos de campos electrónicos o de tratamientos en el caso de la ganadería. Quien está siendo laminada por la crisis es la clase media, los agricultores familiares profesionales que necesitan acompañamiento, apoyo e innovación, formación y asesoramiento en sus explotaciones. También deben sentir el apoyo público, incluyendo una amplia excepción a la aplicación del derecho de la competencia, para promover su organización comercial, imprescindible para conseguir una cadena alimentaria creadora de valor y una justa distribución de este valor entre sus actores. No hay ni habrá dinero (ni agua) para todo y para todos. Es esta clase media quien debe ser el sujeto prioritario de las políticas y fondos públicos.
