Murcia reclama una prórroga para la presentación de solicitudes de la PAC
El Gobierno regional reiteró ayer en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios celebrado en Madrid, bajo la presidencia del ministro Luis Planas, “el rechazo a la actual redacción y exigencias establecidas en el sistema de ecorregímenes, como hemos venido manifestando desde la discusión del Plan Estratégico de la nueva PAC para el período 2023-27”.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, que participó en el Consejo, recordó al respecto que los ecorregímenes “no están diseñados para el secano español y, además, advertimos en su momento al ministro que la complejidad que genera la nueva solicitud de ayudas hacía a todas luces insuficiente el plazo establecido por el Ministerio para llevarla a efecto”.
Así, a fecha de hoy se han realizado un 35 por ciento de las solicitudes previstas, que son aproximadamente unas 11.000, “y sólo un 23 por ciento de las presentadas han solicitado acogerse a algún ecorrégimen, mientras que en la anterior PAC el cien por cien de las solicitudes se acogían al denominado Pago Verde. En consecuencia, se ha solicitado la ampliación del plazo de presentación hasta finales del mes de junio y la moratoria de sistema de ecorregímenes hasta estudiar un nuevo sistema que pueda ser de aplicación efectiva para el sector agrario de la Región de Murcia”, señaló Luengo.
Control biológico mediante insectos
Igualmente, se abordó en la reunión la introducción, producción, evaluación, comercialización y uso de agentes de control biológico en invertebrados. Se pretende legislar en esta materia referida a los denominados insectos que intervienen en el control biológico de la plagas. Luengo indicó que la medida “es adecuada, al punto que la Región fue pionera en implantar de forma generalizada el control biológico en los invernaderos de pimiento, pero no estamos de acuerdo con que se afirme que es la solución para la eliminación de todos los productos fitosanitarios, pues no todas las plagas tienen un parasito o depredador que permita la implantación de control biológico”.
El consejero puso de manifiesto que “muchas medidas fijadas dentro de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ están olvidando el papel fundamental de la agricultura, que es la obtención de alimentos sanos, saludables y a precios ajustados, siempre con total respeto al medio ambiente, aspectos que están alejando a Europa de una soberanía alimentaria y obligan a una dependencia cada vez mayor de terceros países, poniendo en peligro la sanidad de nuestros cultivos y la seguridad alimentaria de los consumidores por la presencia de productos prohibidos”.
Además, se abordó el Reglamento sobre certificación de la absorción de carbono agrícola, destinado fundamentalmente a las explotaciones de secano y con el incremento de los contenidos de materia orgánica del suelo como fuente de absorción de carbono de la atmosfera y la realización de prácticas sostenibles con el medio ambiente. Para el estudio de esta estrategia se constituyó en la Región el proyecto LIFE ANDRYC4, que busca la creación de un sistema de certificación que minimice el impacto económico del mismo para el sector, proyecto que fue remitido al Ministerio por el Gobierno regional.
Contra la sequía
Como anunció ayer, el consejero ha pedido al ministro Planas medidas excepcionales para hacer frente a la sequía extrema y nuevas ayudas para los sectores productivos que, debido a los enormes problemas climatológicos, ven peligrar las explotaciones agrícolas y ganaderas. Tras reuniones celebradas en las Mesas Autonómicas de los Frutos Secos y de la Sequía, se reclama una ayuda directa a los productores de almendro de secano, para los cultivos cerealistas de avena, cebada y trigo y para la ganadería extensiva de ovino y caprino.
También, medidas fiscales entre las que se encuentran la reducción de los Índices de Rendimiento Neto para el período impositivo 2023 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta; la exención del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica; así como el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social.