MERCOSUR busca establecer acuerdos comerciales y de cooperación con otras naciones

MERCOSUR (Mercado Común del Sur) es una organización regional de integración económica y política conformada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, aunque este último fue expulsado por “no respetar la plena vigencia de las instituciones democráticas”

Artículo de opinión firmado por la presidenta del Copa Christiane Lambert y el presidente de la Cogeca Ramón Armengol.

Mercosur tiene como finalidad principal promover la integración económica y política entre los países de América del Sur, con el propósito de fortalecer sus economías, aumentar su competitividad a nivel global y fomentar la cooperación en diversos ámbitos de interés común. 

Además, otro aspecto relevante de Mercosur es la negociación conjunta con otros bloques y países fuera de la región. El grupo busca establecer acuerdos comerciales y de cooperación con otras naciones, tanto a nivel bilateral como multilateral, con el objetivo de ampliar su inserción en la economía global y promover un mayor intercambio comercial.

Con respecto a las relaciones de Mercosur con la Unión Europea, ahora que el Consejo de la UE está presidido por España, que está plenamente comprometida con la aprobación de este tratado y con la cumbre UE-América Latina que se está celebrando esta semana en Bruselas, es el momento oportuno para volver a poner de relieve las preocupaciones del sector primario europeo con respecto a este acuerdo.

Sería un eufemismo decir que mucho ha cambiado en la UE y en el mundo desde que los Estados de la UE y de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) alcanzaran un acuerdo político el 28 de junio de 2019 sobre un posible tratado comercial global. En este acuerdo de principio, celebrado bajo el mandato del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en 2019, no se tienen en cuenta ni los cambios ni las iniciativas que emanan del Pacto Verde Europeo, que es la política emblemática de la Comisión que preside la Sra. Von der Leyen y su vicepresidente Frans Timmermans.

Tampoco se tiene presente el cambiante panorama en el que trabajan nuestros agricultores hoy en día, tras la pandemia de COVID-19 y con el impacto de la guerra en Ucrania. De hecho, el planteamiento de la Comisión, que es demasiado ambicioso, no solo se lo pone difícil a los agricultores europeos, sino que también les resta viabilidad a los ojos de los socios comerciales.

Desde principios de año y con la elección del presidente Lula en Brasil, se habla “de la oportunidad única” que representa la ratificación de este acuerdo. No obstante, los hechos indican lo contrario. Hace tan solo unas semanas, el presidente Lula dejó muy en claro que o bien no quiere o no puede respaldar el gran compromiso medioambiental que le pide la UE.

Parece que por razones geopolíticas y por un determinado interés relativo a algunas industrias, la Comisión está dispuesta a hacer la vista gorda ante el impacto que tendría en el sector agrícola y la percepción negativa que podría suponer ahora que nos estamos preparando para las próximas elecciones europeas.

Desde el acuerdo político de 2019, venimos presenciando una verdadera avalancha normativa comunitaria a raíz de la implantación del Pacto Verde Europeo. Este aluvión acarrea decenas de iniciativas normativas que en la actualidad son objeto de debate en Bruselas a un ritmo más que vertiginoso, por así decirlo, cuyos efectos se harán sentir a lo largo y ancho del sector agroganadero. El impacto más tangible surtirá efecto en el seno de las explotaciones y de las cooperativas en tan solo unos años.

Aún con las ambiciones que se establecen en el instrumento adicional sobre sostenibilidad, que probablemente no contemple ninguna medida de aplicación de gran calado, está claro que la UE no puede esperar que los países de Mercosur acepten cumplir con las mismas normas de producción agrícola que aquella pretende imponer a sus propios agricultores y ganaderos. La propia magnitud de las diferencias en materia de realidades agrícolas entre los países de la UE y los de Mercosur es lisa y llanamente colosal. Y lo mismo ocurre con las normas de producción a nivel de explotación agrícola.

¿Acaso la Comisión se propone plantear la Ley de Restauración de la Naturaleza también para las explotaciones agroganaderas de los países de Mercosur? ¿Acaso se cree que está en condiciones de imponer a otros países su ambición de reducir en un 50% el uso de fitosanitarios? ¿Y cree acaso la Comisión que las normas de bienestar animal que están en vigor en la UE pueden verdaderamente imponerse y controlarse en los países de Mercosur?

Existe una brecha cada vez mayor entre, por una parte, los objetivos comunitarios de índole climática y de sostenibilidad que se le aplican al sector agropecuario y, por otra, todo aquello con respecto a lo cual la Comisión está dispuesta a ignorar en el marco de las negociaciones sobre los tratados y acuerdos comerciales. En este sentido, desde Copa-Cogeca se apoya “el comercio internacional, siempre y cuando sea equitativo, equilibrado y transparente. Sin embargo, de ninguna manera podemos aceptar que se rebajen los estándares europeos ni que se penalice en el mercado a los agricultores europeos que cumplen con ellos”.

A pesar del acceso concedido a los productos de la UE, como el vino, los productos lácteos, el aceite de oliva, y determinadas frutas y hortalizas e indicaciones geográficas, el acuerdo con el Mercosur padece de un desequilibrio patente en su epígrafe agropecuario, más concretamente por lo relativo a los sectores agrícolas ya fragilizados como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, el zumo de naranja, el azúcar y el etanol.

Todo esto viene a sumarse a las inquietudes sobre el impacto acumulativo, este último difícil de cuantificar en toda su expresión, de la totalidad de los acuerdos ya firmados por parte de la UE y más aún si se consideran aquellos que están en trámite.

Como ya se denunciara anteriormente, todo avance en la puesta en marcha del Pacto Verde no hará sino ensanchar la brecha entre las normas que se aplican a los agricultores de la UE y a los de Mercosur. No es sostenible continuar con esta brecha cada vez mayor para los productores europeos. Por su parte, el acuerdo con Mercosur no hará sino agravar este problema, ya que la concepción del mismo data de muchos años antes de la puesta en marcha de la estrategia «De la granja a la mesa» y de la guerra en Ucrania. Ya era inadmisible en su momento y, pues, lo es aún más a día de hoy.

Asimismo, los agricultores europeos exigen a la Comisión que empiece a abordar de forma inequívoca estas cuestiones fundamentales y que deje de empeorar la situación.