Luis Planas: “El sector agrario contará con el apoyo necesario para afrontar los retos de la próxima década”
ECA FRUITS entrevista al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, quien nos habla de la futura PAC, de la Ley de Cadena Alimentaria y de la situación del sector agroalimentario en plena pandemia de la Covid-19.
Por Juan Herrera, periodista agroalimentario
Recientemente se aprobó en Bruselas el presupuesto comunitario para 2021-2027 en el que se incluye el presupuesto destinado a la Política Agraria Comunitaria, que se mantiene respecto al periodo anterior. ¿Cómo calificaría este acuerdo?
El acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual alcanzado el pasado 21 de julio en el marco del Consejo Europeo puede calificarse de histórico, tal y como ya manifestó el presidente del Gobierno. Un acuerdo que marcará un hito en la historia de la Unión Europea (UE). En una situación claramente marcada por la pandemia y por el brexit, el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual ha sido una prueba de madurez que dejará huella y que manda un mensaje claro sobre la voluntad de la UE de seguir construyendo un entorno de respuesta común frente a los retos actuales y venideros. En lo que se refiere a la Política Agraria Común (PAC), para el próximo periodo 2021-2027, este Gobierno ha cumplido con su objetivo: contar, al menos, con el mismo presupuesto que en el periodo 2014-2020. Agricultores y ganaderos españoles dispondrán de 47.724 millones de euros. Hemos logrado mantener las cifras de apoyo que el sector necesita para hacer frente a los retos de sostenibilidad, reto demográfico y digitalización de la próxima década. Esto supone una inyección anual de más de 6.800 millones de euros que van a servir para que el sector agrario pueda afrontar los importantes retos que tiene por delante.
Además, el sector agroalimentario contará con financiación adicional del Fondo de Recuperación, del que España ha sido uno de los países más beneficiados, con 140.000 millones de euros para luchar contra la pandemia y reactivar la economía.
¿Cuáles han sido las principales reivindicaciones del Gobierno español en las negociaciones?
El objetivo del Gobierno fue el que le transmitieron las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias: que no disminuyera el presupuesto con respecto al de 2014-2020. Ahí marcamos la línea roja y, en este sentido, se puede decir claramente que el objetivo se ha conseguido. Se trataba de no bajar de los 47.500 millones de euros y así ha sido.
Una vez concluya este año 2020, se abrirá un periodo de transición antes de entrar en vigor la nueva PAC. ¿Cuáles son los pasos a seguir en los próximos meses?
Aunque todavía faltan las recomendaciones nacionales de la Comisión Europea (CE) y determinadas indicaciones de la UE relativas, por ejemplo, a la estrategia “De la granja a la mesa”, que deberemos integrar en el Plan Estratégico Nacional de la PAC, todo el trabajo realizado estos meses de cara a su definición nos ha situado en una posición muy propicia para seguir avanzando en nuestro plan. El pasado mes de julio reuní a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas y les hice unas propuestas muy concretas para iniciar el diálogo que nos conducirá hacia el acuerdo final. En la primavera de 2021 espero tener un primer borrador del Plan Estratégico para enviar a la Comisión y, a partir de ahí, confío en que en el primer semestre esté todo aprobado y listo para comenzar a aplicar la nueva PAC en 2023. Mientras tanto, todo seguirá con normalidad. Tenemos un nuevo presupuesto que aplicaremos con las reglas actuales hasta que entren en vigor las nuevas, garantizando los apoyos necesarios a agricultores y ganaderos.
En la distribución de los fondos, ¿será fácil el consenso entre comunidades autónomas o se avecina ‘tormenta’?
No debería haber ninguna tormenta. Disponemos de presupuesto suficiente para que agricultores y ganaderos puedan afrontar los retos que, como productores de alimentos, van a tener. Si pensamos en ellos con la premisa de que la PAC es una política de apoyo a sus rentas individuales, el acuerdo puede resultar más sencillo de lo que a priori puede parecer. Ahora bien, si interpretamos que la PAC es un fondo de compensación interterritorial (cosa que no es) puede haber más problemas, porque estaremos desviando la atención de donde hay que ponerla, que es la viabilidad de las explotaciones agrarias. De todas, independientemente del lugar en el que estén ubicadas. Si alguien se dedica a hacer el ranquin de ayudas por territorios y a defender posiciones fundamentadas en este, estará ayudando muy poco a los agricultores y ganaderos y aportando una nula colaboración al consenso que debemos alcanzar. Todos debemos ser conscientes que la nueva PAC no es una continuación, es un punto y aparte.
De manera concreta, en el ámbito hortofrutícola, los programas operativos de las OPFH mantendrán también su presupuesto actual. ¿Está satisfecho el ministro con este apoyo al sector de las frutas y las hortalizas?
El sector de las frutas y hortalizas representa un valor de 14.556 millones de euros, el 29% de la producción de rama agraria. Destina a la exportación casi el 50% de la producción y permite que España sea el primer exportador europeo de frutas y hortalizas frescas. Detrás de estas grandes cifras hay un sector muy competitivo y a ello han contribuido, sin duda, los fondos europeos, que cofinancian unas medidas gracias a las cuales el sector ha recibido en el período de 2014-2020 unos 1.830 millones de euros de Europa; en concreto, en 2020 las ayudas alcanzaron los 302 millones de euros, un 40% más que en 2014. Las organizaciones de productores son la piedra angular del sistema europeo de frutas y hortalizas. Son, por tanto, clave para estructurar la oferta y adoptar medidas que mejoren la competitividad y sostenibilidad del sector. Aún es pronto para poder hablar de presupuesto desde un punto de vista sectorial, pero somos absolutamente partidarios de que los planes estratégicos de la nueva PAC sigan contemplando este tipo de medidas y así lo hemos defendido desde España.
¿Cómo está viviendo el ministro estos momentos de pandemia por la Covid-19, desde el punto de vista personal y profesional?
Desde el punto de vista personal, entiendo que como todos los españoles, con una mezcla de preocupación y de esperanza en que la solución llegue pronto, y de compromiso con el resto de la sociedad para ayudar en todo lo posible a que sea así. Hemos descubierto fragilidades que creíamos no tener, pero también la fuerza que somos capaces de aflorar. Y, sobre todo, creo que hemos aprendido a reconocer el valor de las pequeñas cosas, que es mucho mayor de lo que, quizá, pensábamos. En lo profesional, me he sentido orgulloso de nuestros agricultores y ganaderos y de la cadena alimentaria en general, que no ha dejado de trabajar y de cumplir con su cometido para asegurar el abastecimiento de alimentos y eliminar esta incertidumbre de entre las preocupaciones de los ciudadanos. Agricultores y ganaderos que por el día hacían su labor y por la noche ponían su maquinaria y su tiempo a disposición de sus vecinos en cada población de España. En el ministerio, por lo que a nosotros respecta, hemos seguido trabajando con normalidad dentro de las limitaciones que el estado de alarma ha supuesto y centrados en un objetivo fundamental: no dejar desprotegidos a quienes nos estaban protegiendo con su labor diaria. Por eso se ha afrontado con intensidad la tarea de poner en marcha normas dirigidas a dar soporte económico o flexibilidad administrativa al sector. Se han aprobado medidas específicas para los sectores más afectados, como el del vino, el porcino ibérico, ibérico, el de flor cortada y plantas ornamentales, el ovino-caprino… Se han aprobado también actividades de promoción.
Además, hemos contribuido a la articulación de otra serie de medidas financieras de carácter general del Estado, como los préstamos ICO, y facilitado su aprovechamiento por parte de las empresas agroalimentarias. Contribuimos en su momento a allanar el camino de la contratación de temporeros para una campaña de recolección que inicialmente presentaba dificultades para desarrollarse con la normalidad. Ninguna actividad agrícola o ganadera ha dejado de llevarse a cabo, ni ninguna cosecha se ha dejado sin recoger. Sin dejar en el olvido cuestiones tan importantes como la reforma de la PAC, el brexit o la situación provocada por los aranceles de Estados Unidos, hemos tenido que centrarnos, como todo el mundo, en paliar los efectos de la pandemia, en este caso, en el sector agroalimentario.
El agroalimentario ha sido uno de los sectores que no paró en pleno confinamiento y que se ha mantenido en primera línea de batalla sabiéndose adaptar rápidamente a las nuevas circunstancias. Es para sentirse orgullo, ¿no?
Siempre lo menciono en todas mis comparecencias y entrevistas. El sector, en unos momentos tan difíciles, ha dado la talla y se ha reivindicado como lo que es, un sector esencial. La sociedad, por su parte, lo ha entendido y creo que se ha reencontrado con él. Hay que añadir que, además de garantizar el abastecimiento, al igual que hizo en la crisis de 2008, ha contribuido enormemente a soportar la economía del país en un momento en que esta, debido a la pandemia, se ha resentido notablemente. Es el único sector que en marzo incrementó sus ventas al exterior y que, de esta manera, contribuyó a sostener una situación comercial interna muy dañada por el cierre del canal Horeca.
¿Va a cambiar la crisis sanitaria de la Covid-19 el consumo alimentario? ¿Cree que el consumidor final va a apostar por productos más seguros, saludables y sostenibles?
Ya hace tiempo que el consumidor europeo apuesta por productos seguros y sostenibles. Por eso los productores de alimentos realizan un gran esfuerzo para que la Unión Europea tenga los mayores estándares de seguridad del mundo. Probablemente veamos un aumento del consumo de productos de cercanía y ecológicos, pero esta es una tendencia que ya se venía atisbando desde hace tiempo. En cuanto a la forma de comprar, también veremos un aumento de la demanda digital, ya que durante el estado de alarma crecieron las empresas que pusieron en marcha plataformas de comercio de este tipo y los consumidores también se familiarizaron más con esta forma de adquisición de alimentos.
¿En qué medida, y desde el punto de vista económico, se han visto afectados los diferentes eslabones de la cadena alimentaria por la pandemia?
El sector primario ha seguido trabajando con normalidad. La industria, por sus características (entornos cerrados, mayor agrupamiento de personas) quizá ha tenido que realizar un esfuerzo mayor para acomodarse a las circunstancias. Y la distribución, todos hemos visto cómo ha tenido que reinventar sus procesos de venta para que esta se pudiera hacer con seguridad en sus instalaciones. El principal problema ha llegado por el cierre del canal horeca. Ha tenido consecuencias graves para los propios establecimientos y ha supuesto un estrangulamiento para aquellas producciones agroalimentarias que tenían en bares y restaurantes su principal salida comercial; el cordero, el vacuno, el vino… son ejemplos de esto. Desde el ministerio hemos realizado un importante esfuerzo para auxiliar a aquellos sectores más afectados, medidas que se han visto amplificadas con el apoyo brindado por el Gobierno, con líneas de carácter general, para que quienes peor lo hayan pasado puedan acceder a recursos para recuperar la estabilidad económica.
¿Se trabaja en un fondo de recuperación para el sector? Las organizaciones agrarias ya le han pedido el máximo apoyo posible para el campo dentro del Plan de Reconstrucción de la Unión Europea…
Son varias las medidas que se han adoptado en apoyo del sector. Entre ellas, cabría destacar la aprobación del Reglamento 2020/872 por el cual se crea una nueva medida en los programas de desarrollo rural destinada a compensar, con un pago a tanto alzado, a los agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias afectados por la crisis de la COVID-19. El importe máximo de este pago asciende a 7.000 euros para agricultores y a 50.000 euros para pymes, que tienen hasta el 31 de diciembre para hacer sus solicitudes. La medida es voluntaria para las autoridades de gestión, que decidirán programarla de acuerdo con sus necesidades y la dotación financiera existente en su Plan de Desarrollo Rural. Hasta ahora 11 comunidades han trasladado su interés a la Comisión y 5 se encuentran en un proceso activo de modificación de su PDR.
Además, en lo relativo a los programas de desarrollo rural, se han adoptado muchas otras medidas de flexibilización y simplificación de las normas en cuanto a elegibilidad, plazos, controles y pagos; y se han solicitado otras como la posibilidad de aceptar la finalización parcial de un proyecto o la de pagar una ayuda antes de efectuar los controles sobre el terreno. A esto hay que añadir iniciativas destinadas a flexibilizar el uso de instrumentos financieros y el decreto ley mediante el cual el Estado ha puesto a disposición de pymes y autónomos una línea de avales del ICO de hasta 100.000 millones de euros. En julio pasado el sector agroalimentario ya había formalizado más de 36.000 operaciones de cerca de 27.000 beneficiarios.
Hablando de cadena alimentaria, y aunque parezca que haya quedado muy atrás, el pasado mes de febrero se aprobó la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. ¿Se quedó anticuada una ley con tan solo siete años de vigencia? ¿Qué había que ‘arreglar’?
La Ley de la Cadena supone un avance, pero era necesario y urgente, dadas las circunstancias por las que atravesaba la producción agraria (precios bajos, volatilidad de las cotizaciones, costes de los insumos, adversidades meteorológicas…), modificar puntualmente esta ley, sino también introducir en las próximas semanas un proyecto de Ley transponiendo la directiva europea de 2019, con el fin de reequilibrar la cadena alimentaria y, en general, la posición de agricultores y ganaderos para afrontar estas situaciones. La actividad agraria debe ser retribuida con justicia y este va a ser uno de nuestros principales ejes de actuación.
Transparencia en la formación de precios y equilibrio en la cadena, son elementos clave. Nuestra filosofía y objetivo es que toda la cadena de valor sea justamente retribuida y para eso es necesario que se cree el valor que permita que los precios puedan cubrir el trabajo de todos los eslabones, entre ellos, al más débil, el de agricultores y ganaderos. Por ello los cambios normativos les dotan de las herramientas necesarias para mejorar su posición negociadora.
*Entrevista publicada en la revista eCA FRUITS Ed. 12.
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