La Ley de la Cadena Alimentaria: cómo afecta al sector agrario

A partir de hoy, el sector agrario contará con una nueva Ley de la Cadena Alimentaria, llamada a ser la nueva hoja de ruta de un sector que busca y necesita igualar las relaciones comerciales entre todos los eslabones de la cadena.  

Por Marga López, Periodista Aagroalimentaria (@margalopez77)

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«A partir de ahora, todos los contratos entre agricultor y distribución por encima de 1.000 € tendrá que ser por escrito», ha avanzado el Ministro Luis Planas en el programa televisivo La Hora de la 1, esta misma mañana.

 

Hoy el Congreso de los Diputados votará la Ley de la Cadena Alimentaria, quizás y en palabras del propio ministro Luis Planas, «probablemente la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura«. Con ella el Gobierno busca dar respuesta a la «primera reivindicación” planteada por las organizaciones profesionales agrarias.

Planes ha reconocido que esta normativa está llamada a ser el instrumento fundamental para hacer frente a las actuales dificultades que atraviesan aquellos sectores agrarios más vinculados al encarecimiento de determinados insumos como los fertilizantes o los piensos.

En este sentido, el ministro ha hecho en los últimos días un llamamiento a todos los agentes de la cadena para el cumplimiento de la ley, de forma que agricultores y ganaderos puedan trasladar en sus contratos el incremento de los costes de producción al resto de escalones de la cadena. “Tenemos que ser capaces de dar respuesta en el ámbito de la ley. Todos se han mostrado dispuestos a asumir sus responsabilidades”, ha destacado.

¿Qué medidas recoge la Ley de la Cadena Alimentaria?

Según José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del MAPAMA, esta nueva Ley contempla medidas para lograr un mejor  funcionamiento de la cadena alimentaria.

La  reforma de la Ley de la Cadena ha partido del objetivo de reforzar la capacidad negociadora de todos los eslabones de la cadena, especialmente de aquellos que ocupan una posición más débil, de modo que se asegure la efectiva competencia de todos ellos y se dote de herramientas eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones. En especial, cabe destacar la ampliación del catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria y los supuestos en que será obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, incorporando nuevos elementos al contenido de los contratos.

La parte de la reforma ya adoptada ha venido a romper una dinámica en la negociación y pacto de los precios que era ajena a los costes de producción de los productos. La cadena de valor habrá de conformarse de abajo hacia arriba, lo que redundará en un reparto más justo del valor que se genera en la cadena alimentaria.

En cualquier caso, el éxito de esta reforma requerirá esfuerzo y compromiso de todos los eslabones de la cadena. Por nuestra parte, estamos volcados en conseguir los beneficios en el menor plazo de tiempo posible.

Casi dos años de trabajo

EL Gobierno inició la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en 2020 a petición de las organizaciones agrarias, y ha asegurado que se trata de una norma muy importante porque va a suponer “un cambio en las reglas de juego y en la cultura de la negociación”. La ley supone un avance en la transparencia sobre la formación de precios y el reparto de valor en la cadena alimentaria.

En una primera fase, en febrero de 2020, se aprobó un decreto que introdujo en la ley la obligatoriedad de que en cada operación de venta dentro de la cadena se repercutieran los costes de producción. Ahora, con la segunda fase de la reforma, que culminará con la aprobación en el Congreso de los Diputados hoy día 2, se da un nuevo avance al introducir la prohibición de la venta a pérdidas, y establecer prácticas comerciales desleales.