El Gobierno plantea que todos los agricultores accedan a los eco-esquemas
El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas que todos los agricultores y ganaderos tengan acceso a los eco-esquemas, sin necesidad de tener que competir entre ellos por cobrar dichas ayudas ligadas a prácticas sostenibles con el medio ambiente.
En la Conferencia Sectorial de la semana pasada, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros autonómicos del ramo coincidieron en avanzar en la negociación de los eco-esquemas, antes de llegar a un acuerdo político sobre el conjunto de la reforma.
Tras presidir por videoconferencia el grupo de trabajo sobre estas ayudas concretas, Miranda ha asegurado que su diseño debe permitir que lleguen a “todos los agricultores y ganaderos” porque “el beneficio será mayor” con el esfuerzo de todos, en lugar de concentrarlo en pocos.
La idea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es que cada tipo de explotación y superficie tenga a su disposición un eco-esquema desde el punto de vista del medio ambiente, el clima y la biodiversidad.
Para evitar que algunos agricultores se beneficien más que otros que tienen mayores dificultades en aplicar ciertas prácticas sostenibles, no se podrá acumular más de un eco-esquema sobre una misma hectárea, según su propuesta.
En ese contexto, se trabaja con dos tipos de eco-esquemas: uno basado en la agricultura de carbono para mejorar la calidad de los suelos y otro centrado en la agroecología, con el objetivo de preservar los recursos naturales.
Dentro de esas dos grandes categorías se incluirá una serie de prácticas a las que se sumarán algunas adicionales de la agricultura de precisión para optimizar el uso de agua, fitosanitarios y fertilizantes, ha detallado Miranda.
Entre las prácticas subvencionables figuran el manejo sostenible de pastos, aplicable a la ganadería extensiva; la rotación y diversificación de cultivos, en el caso de los herbáceos; y el mantenimiento de las cubiertas vegetales o de zonas no productivas, como superficies en barbecho, islas de vegetación y márgenes multifuncionales.
Esta última busca revertir la tendencia de la disminución de las aves en las zonas agrícolas y aumentar la presencia de insectos polinizadores.
Además, está previsto que se aplique un criterio de regresividad, de forma que se reduzca la intensidad de la ayuda a partir de un tamaño medio de explicación y según la práctica, de modo que sirva de incentivo suficiente a las pequeñas explotaciones.
En cualquier caso, Miranda ha señalado que habrá que ir valorando los aspectos positivos y negativos de cada práctica y sus distintos parámetros, en el marco de un diálogo que marcha en paralelo con la Comisión Europea y las comunidades autónomas.
Calendario previsto
Ha explicado que enviarán a las CCAA una primera propuesta de las prácticas sostenibles para su discusión en una nueva reunión el próximo miércoles, 28 de julio, con el fin de entrar más en los detalles.
Miranda ha expresado su intención de que los eco-esquemas queden definidos “al máximo nivel de detalle” en la primera quincena de septiembre y que, en octubre, se pueda ofrecer a la Comisión Europea un “panorama preciso” del plan nacional.
Ha justificado el interés de las autonomías por conocer el alcance de los eco-esquemas, ya que ellas también deben diseñar sus propias medidas agroclimáticas y ambientales del segundo pilar de la PAC (desarrollo rural), complementarias a las del primero (pagos directos).
“Las medidas agroambientales del segundo pilar pueden ser mucho más específicas que las del primer pilar. Las comunidades pueden trabajar a escala local y ajustarlas a una zona muy concreta como un valle o una comarca”, ha precisado.
La propuesta inicial del MAPA de implementación de la nueva PAC incluye 4.800 millones de euros en ayudas directas, de los que el 60 % son pagos básicos a la renta y cerca de 1.200 millones para eco-esquemas, todo ello dentro del primer pilar.
Se pretende así que el 23 % de los pagos directos se vinculen a estas ayudas a favor de prácticas sostenibles, junto a un 2 % adicional de los fondos de desarrollo rural.
El plan estratégico debe remitirse a Bruselas antes de final de año, a la espera de que la Comisión dé el visto bueno en el primer semestre de 2022 y la reforma pueda entrar en vigor en 2023.
Según Miranda, 2022 será el año en el que se llevará a cabo todo el desarrollo legislativo para la aplicación de la PAC en España, mediante reales decretos, órdenes autonómicas y la implementación tecnológica necesaria.
También será, a su juicio, momento de difundir los eco-esquemas entre los productores para ponérselo fácil y hacer que ganen confianza con la puesta en marcha de nuevas prácticas ambientales que “cambiarán el paisaje de España”.
