Carmen Crespo pide el aplazamiento de los ecoesquemas de la PAC

Carmen Crespo, la consejera andaluza exige “medidas de apoyo urgentes” al sector para paliar los elevados costes de producción apelando a “una bajada específica de impuestos”.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo ha defendido este lunes en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios el “aplazamiento inmediato” de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC). Crespo ha reiterado, en declaraciones previas al comienzo de la reunión, que tal y como los ha propuesto el Gobierno de España “suponen un gasto más, y no un incentivo para nuestros agricultores y ganaderos”. Además, ha insistido en que “el modelo propuesto no se adapta a la realidad agraria de Andalucía y provocará un importante impacto socioeconómico”, a la par que ha lamentado que “seguimos esperando los estudios de impacto del Ministerio”.

La consejera, Carmen Crespo, ha pedido, además, que “se revisen las ayudas asociadas para que incluyan al olivar de regadío, a la aceituna de mesa y al girasol”; y demanda también la revisión del pago estipulado para la remolacha del sur, que es inferior, “sin estar justificado”, al vigente en el norte.

Por otro lado, Crespo ha adelantado la petición de que el próximo año se siga permitiendo el cultivo de los campos en barbecho y ha explicado que en Andalucía ya se han cultivado más de 30.000 hectáreas de girasol para aceite y de cereal para grano, destinado a alimentación del ganado.

La responsable de Agricultura ha insistido en la necesidad de que “el Ministerio tenga en cuenta las peticiones de Andalucía”, a la par que ha señalado que “en estos días está llevando a cabo modificaciones del Plan Estratégico de la PAC, por lo que están a tiempo de atender las alegaciones de nuestra comunidad autónoma”.

Del mismo modo, siempre en declaraciones previas a la reunión del Consejo Consultivo, Carmen Crespo ha asegurado que “Andalucía velará por la equiparación de las comunidades de bienes con las sociedades anónimas en la nueva PAC” porque, de no establecerse, “supondría la expulsión de las ayudas de la PAC a muchos agricultores y ganaderos andaluces”. La consejera ha recordado que “uno de cada tres perceptores de la Política Agraria Común es andaluz, por lo que se trata de un tema de vital importancia para nosotros”. “Si no atienden nuestras peticiones, tendremos que votar en contra del Plan Estratégico de la PAC”, ha subrayado la titular del ramo.

Cabe recordar que Andalucía ha registrado alegaciones a la PAC en referencia al número de ecoesquemas, solicitando al menos cuatro más para adaptarlos a la diversidad de cultivos de la región; así como, una organización diferente de las regiones productivas (reducidas de 50 a 20) para evitar que supongan un lastre importante para zonas como la Campiña de Sevilla, la Loma de Jaén, El Condado de Huelva y la Vega de Antequera.

Costes de Producción

Carmen Crespo ha exigido, además, medidas de apoyo para el sector agrario que ayuden a paliar la subida de los costes de producción. Al respecto, la consejera andaluza ha insistido en la necesidad de “poner en marcha bajadas de impuestos a los insumos o el establecimiento de la doble tarifa eléctrica para abaratar la factura en el regadío”. La titular de Agricultura en funciones ha reclamado la “aplicación inmediata de una bonificación del 35% para el gasóleo y del 15% para plásticos y fertilizantes”.

Asimismo, la consejera ha pedido al Ministerio de Agricultura “liderazgo” y que logre del Ministerio para la Transición Ecológica la bonificación de 30 céntimos euros/m³ para el agua desalada, “fundamental para que nuestro sector agrario no compita en clara desventaja con otros territorios”.

Fitosanitarios y preferencia comunitaria

Por otra parte, el Consejo Consultivo aborda hoy la propuesta de transformar la Directiva actual sobre uso de productos fitosanitarios en reglamento, que prevé reducciones del 50% en su utilización. La consejera ha dejado claro que “no consideramos que sea el momento, en pleno conflicto en Ucrania y con una subida importante de los costes de producción, de limitarlos aún más”. Para Carmen Crespo, esta iniciativa solo va a suponer “mayores pérdidas para el sector”. Al respecto, considera “necesario un estudio de impacto de la propuesta de reglamento y de aplicación de los objetivos que se establezcan para España, de forma que cualquier objetivo sea alcanzable y realista”.

Crespo ha lamentado que el nuevo reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios “tiene un enfoque de talla única y no tiene en cuenta las diferencias climáticas y agronómicas de los distintos estados miembros ni las necesidades de su uso en los diversos cultivos”. La consejera ha anunciado que va a solicitar que se considere un período de transición para la puesta en marcha de estas medidas restrictivas.

Por otra parte, la responsable de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones ha asegurado echar en falta en el programa de trabajo de la presidencia checa de la Unión Europea (UE) “prioridades que se marcaba la presidencia francesa, como el principio de preferencia comunitaria y las cláusulas espejo”.

Asuntos pesqueros

Respecto a la pesca, la consejera se ha mostrado a favor de las directrices expuestas en el documento de ‘Conclusiones del Consejo sobre la Nueva Estrategia de la Acuicultura de la Unión Europea’, a la par que ha resaltado que “el Gobierno de Andalucía está comprometido en impulsar y facilitar el desarrollo sostenible y competitivo de la acuicultura andaluza”. Carmen Crespo ha insistido, no obstante, en la necesidad de “conseguir una mayor coherencia entre el objetivo de un mayor crecimiento del sector de la acuicultura sostenible en la UE y la legislación comunitaria en materia de medio ambiente”.

La responsable de Pesca ha recordado que “las dificultades que se vienen sucediendo tras el inicio de la pandemia del Covid-19 y el actual conflicto en Ucrania también están afectando a la acuicultura andaluza”, un sector que cuenta con 131 instalaciones autorizadas de 89 empresas y que genera más de 900 empleos.

Crespo ha hecho hincapié en que “el precio del gasoil es uno de los principales problemas de los pescadores, que sumado a los elevados precios de los aprovisionamientos necesarios para su día a día, como el hielo o los envases, complica cada vez más la rentabilidad de las embarcaciones”. Al respecto, ha incidido en que “las ayudas del estado son insuficientes” y ha asegurado que “la subida de los costes no se compensa con los precios del mercado, así que es preciso un mayor apoyo por parte de la Administración central para poder garantizar la viabilidad del sector, que podría articularse, por ejemplo, a través de los Fondos Next Generation”. Para la consejera, “no podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos ahora para destinar recursos europeos a un sector que lo necesita”, a la par que ha lamentado que “hasta ahora no se hayan habilitado medidas para la pesca en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.