Aumentan las alertas por productos hortofrutícolas con sustancias no autorizadas
Durante el mes de marzo, el sistema europeo de alertas en alimentos RASFF ha detectado un alarmante aumento en las alertas relacionadas con productos hortofrutícolas procedentes de terceros países. Según informes de la Unió Llauradora, en comparación con febrero, se registró un incremento del 48 %, alcanzando un total de 83 alertas.
Los datos revelan una tendencia preocupante para el primer trimestre del año, con un total de 226 alertas, lo que supone un alarmante aumento del 90 % en comparación con el mismo período en 2023.
Entre los países señalados por estos hallazgos, Turquía y Egipto destacan con incrementos del 86 % y 78 %, respectivamente.
En el caso específico de los cítricos, las alertas también muestran un aumento significativo. En marzo, se reportaron 17 alertas, un 31 % más que en meses anteriores, y en el acumulado del primer trimestre de 2024 se registraron 52 alertas, representando un incremento del 24 %.
Ante esta situación, La Unió insta a la Unión Europea a reforzar sus medidas de control y a no autorizar importaciones de productos que contengan materias activas no autorizadas en la UE o que superen los Límites Máximos de Residuos permitidos.
Específicamente, se menciona la necesidad de controlar sustancias como el Clorpirifos y el Metil clorpirifos.
Carles Peris, secretario general de La Unió, destaca la necesidad de aumentar los controles oficiales a productos importados de países con altas tasas de alertas, proponiendo elevarlos al 50 %.
Además, propone que si se observa un incremento del 5 % en las alertas de algún producto, se cierren automáticamente las importaciones de Turquía o Egipto de esos productos.
La organización subraya la importancia de garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores europeos y de proteger a los agricultores de la UE de la competencia desleal.
Se solicita un análisis de riesgo sobre las importaciones de productos de países que utilizan sustancias no autorizadas en la UE, así como la adopción de restricciones necesarias para salvaguardar la salud de los consumidores y evitar distorsiones en los mercados.
En línea con estas demandas, se hace un llamado a la Comisión Europea para que los países con los que se firman acuerdos comerciales se comprometan a reducir el uso de fitosanitarios y pesticidas, y se aceleren los trabajos para implementar cláusulas que alineen las relaciones comerciales con las normativas de producción europeas.