Asaja Córdoba cree “inaceptable” la propuesta de la PAC
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, considera “inaceptable” la propuesta de la reforma de la PAC que el ministro de Agricultura, Luis Planas, debate hoy con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial convocada para abordar este tema de forma monográfica.
El ministro pretende llegar a un acuerdo con las autonomías para ver cómo será la nueva PAC en España, tras los acuerdos cerrados en Bruselas el pasado 28 de junio.
Desde Asaja, valoramos positivamente el rechazo a la misma que ha expresado la consejera de agricultura, Carmen Crespo. Por ello, pedimos firmeza en su posición a la Junta de Andalucía, pues tiene el aval para ello de Asaja y el resto de las organizaciones más representativas del sector agrario andaluz.
Los principales puntos de la propuesta del ministerio y las demandas de Asaja son:
DERECHOS INDIVIDUALES: La propuesta del ministerio es mantener derechos individuales de pago para la Ayuda Básica a la Renta, asignados al finalizar la campaña 2022, sin definir cómo se hará esa asignación ni cómo se calculará el valor de los mismos. A partir de ese momento, los que no tengan derechos y quieran tener acceso al sistema, deberán acudir a la reserva nacional.
Frente a ello, Asaja apuesta por mantener los derechos al ser la única forma de que no se disparen las superficies admisibles y esto reduzca el valor unitario de los mismos. Pero Asaja considera que esa asignación debe realizarse en base al valor actual de los derechos históricos que ya tiene asignado cada agricultor o ganadero y debe definirse el % que se destinará a la Reserva Nacional.
REGIONALIZACIÓN: El ministerio tiene potestad para mantener las actuales regiones que definen y diferencian la gran diversidad productiva de España. Bruselas no obliga a reducir regiones ni, mucho menos, a aplicar una tasa plana. La propuesta del ministerio es que haya un máximo de 20 regiones, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos de regadío y cultivos permanentes (es decir, pueden ser desde 4 a 20. Sin más concreción).
Asaja considera que es un grave e injusto error reducir las regiones sin que Bruselas obligue a ello, pues sería no reconocer la realidad productiva de España. Asaja apuesta por mantener las actuales regiones, para que no pierdan productividad las explotaciones que más empleo y riqueza generan. Sería injusto penalizar por esta vía, al igual que ocurre con los derechos históricos, a quienes han generado el presupuesto PAC que tienen España, Andalucía y Córdoba. Además, Asaja considera que en el documento que se acuerde debe venir claramente las regiones que se vayan a aplicar.
CONVERGENCIA INTERNA DE LAS AYUDAS: El ministerio tiene potestad para hacerla gradual, progresiva y con limitaciones dentro de cada región de las mencionadas anteriormente. La propuesta del ministerio es que el valor nominal de cada derecho convergerá hacia el valor medio de cada región en cinco años, comenzado en la campaña 2022 y finalizando en la 2026, hasta que éstos alcancen, al menos, el 85% de ese valor medio.
Asaja considera que nunca debe superarse ese 85% en 2026, y que deben limitarse las pérdidas individuales para no perjudicar a aquellos que han hecho las cosas mejor.
AYUDA BÁSICA A LA RENTA (ACTUAL PAGO BÁSICO): La propuesta del ministerio es que sea el 60% del presupuesto total de los pagos directos (lo que actualmente sería pago básico, greening, asociadas, …), el máximo que permite Bruselas, y se cobre en base a los derechos individuales que se asignen a finales de 2022.
Asaja manifiesta que debe concretarse cómo se hará la asignación de los derechos y cómo se calculará el valor de los mismos. Además, Asaja quiere resaltar que esta propuesta vinculada a la del pago redistributivo (20% propone el ministerio), da lugar a que ese 60% quede realmente reducido a sólo un 48% real de los pagos directos. Asaja considera que el pago redistributivo debe ser el mínimo que permite Bruselas y no más, de forma que la Ayuda Básica a la Renta quede realmente en un 54% y no en un 48% de los pagos directos. Además, hay que definir qué % irá a la Reserva Nacional. Todo lo que vaya a la misma, se detraerá de ese 60% (que realmente con la propuesta de ministerio es un 48%), con lo cual aún sería menos el dinero que iría a esta ayuda básica a la renta.
EL PAGO REDISTRIBUTIVO: La propuesta del ministerio es subir el mínimo de Bruselas del 10% al 20% (esto implica un 12% del presupuesto total de pagos directos), mediante un pago a las primeras hectáreas por un importe que no podrá ser superior al 50% del valor medio regional, hasta un límite igual al valor del pago medio nacional por hectárea de las ayudas directas. Para las mujeres, el % del valor medio regional se incrementará en un 5%. No se indican en la propuesta las condiciones que tienen que cumplir el beneficiario y su explotación.
Asaja solicita que se destine a este pago el 10% de los pagos directos en vez del 20%, pues supondría reducir de forma significativa, un 6%, la Ayuda Básica a la Renta. Además de ello, Asaja considera que debe aplicarse en las mismas regiones productivas de la ayuda básica a la renta, quedando los fondos detraídos en cada región en esa misma región, lo cual debe quedar expresamente indicado.
ECOESQUEMAS: La propuesta del ministerio es destinar un 23% del presupuesto total de los pagos directos pues, aunque el mínimo de Bruselas es el 25%, compensarán con un 2% de los fondos de Desarrollo Rural. Indica que se concederán pagos voluntarios por determinadas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Expone que, con carácter general, para un mismo tipo de superficie, solo se admitirá una práctica. Podrá establecerse un pago adicional en el caso en que se realice una segunda práctica. Cada práctica tendrá asociado un importe unitario. No se indican ni los importes de los ecoesquemas, ni cuales son, ni las condiciones para acceder a los mismos.
Asaja propone que sean sencillos y fáciles de aplicar, para lo cual tiene mucho margen el ministerio. Aunque van a suponer un importante incremento de costes, no pueden implicar que ese 23% de las ayudas puedan perderlo las explotaciones porque se impongan requisitos más allá del buen hacer de los agricultores y ganaderos y que conlleven gastos adicionales inasumibles. Asimismo, es muy importante que los importes de estas ayudas se apliquen en las mismas regiones productivas de la ayuda básica a la renta, quedando ese 23% de pagos directos de cada región en esa misma región. No hacerlo así, significaría aplicar una tasa plana encubierta al 23% del total de los pagos directos. Pero puede ser más grave aún. Si se sube en un futuro el presupuesto destinado a los ecoesquemas y no se usan las regiones de la ayuda básica a la renta para los mismo, se estaría implantando una tasa plana a un % cada vez mayor del presupuesto.
TECHO POR EXPLOTACIÓN: La propuesta del ministerio es aplicarlo en España y que el importe de la ayuda básica a la renta máximo sea de 100.000 € al año. Podrán descontarse los costes salariales y los de las empresas de servicios agrícolas. En todo caso, nadie podrá superar los 200.000 € de ayuda básica. En el caso de las cooperativas y SAT, la aplicación de este apartado se calculará considerando individualmente a cada uno de sus miembros. A partir de 60.000 euros de ayuda básica a la renta, se aplicarán recortes de forma progresiva.
Asaja considera que reducir las ayudas por este sistema penalizaría de forma injusta a las explotaciones más eficientes, a las que han hecho inversiones, a las que han apostado por fórmulas asociativas de cualquier tipo y a las que generan más empleo. Obligará a muchas de ellas a deshacer figuras asociativas haciéndolas menos competitivas. Por ello, Asaja considera que el establecimiento de techos, además de injusto, es un camino profundamente equivocado de redistribución de las ayudas y absolutamente ineficaz en su aplicación. Asaja considera que, en caso de aplicarse, debe darse a cualquier fórmula asociativa (Sociedades, Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, …), el mismo tratamiento que propone el ministerio para las Cooperativas y SAT, considerando individualmente a cada uno de sus los miembros.
AYUDAS ACOPLADAS: La propuesta del ministerio es destinar a las mismas el 12,43% del total de ayudas directas más un 1,95% para las proteaginosas. Serán básicamente las mismas que la actuales, sin que se conozca ni el detalle ni el importe de las mismas. Hay una importante y preocupante novedad: Se habla que se incorporarán criterios de elegibilidad que permitan contribuir a conseguir los objetivos de la estrategia “de la granja a la mesa”, lo que implicaría nuevos requisitos de los malentendidos “verdes” a cumplir para cobrar las ayudas. Parece ser que entrará la aceituna de mesa, pero no queda expresamente recogido en la propuesta. Tampoco se incluyen ni el trigo duro, ni el olivar en pendiente. Hay dudas de si el acuerdo de Bruselas lo permite o no. Si lo permitiera, Asaja considera que deberían incluirse.
PAGO COMPLEMENTARIO A JÓVENES: El ministerio destinará el 2% de los pagos directos para ello. Además, se destinará a medidas para los jóvenes una cantidad equivalente al 1% del presupuesto de ayudas directas de los fondos de Desarrollo Rural. El límite de edad para percibirlo se fija en 40 años. La ayuda consistirá en un 100% del importe correspondiente al valor medio regional de la ayuda básica, hasta un máximo de 90 hectáreas durante un período de 5 años. Si la beneficiaria es una mujer, ese porcentaje se incrementará en un 10%.
AYUDAS DE DESARROLLO RURAL: Se espera que el ministerio mantenga básicamente lo mismo que hay ahora, sobre todo las agroambientales. Son los fondos FEADER. No obstante, el ministerio no llega a hacer una propuesta del reparto de los fondos FEADER entre las comunidades autónomas.
CONDICIONALIDAD SOCIAL: El ministerio propone que a partir de 2024 se implantará un sistema sobre las infracciones y sanciones en materia laboral. Por otro lado, los sistemas de asesoramiento incorporarán información sobre las condiciones de empleo y las obligaciones de los empleadores, aspectos relativos a la salud, seguridad y protección social en el ámbito agrario.
Asaja considera que esta medida supone un brutal incremento aplicando medidas que ya se cumplen y son competencias de otros ministerios y administraciones.
