Agricultores del Condado de Huelva piden «justicia»
Los agricultores de frutos rojos del Condado de Huelva han valorado la “necesidad” de que salga adelante la proposición de ley (PPL) registrada el pasado viernes en el Parlamento de Andalucía. Al tiempo, ha asegurado que “es el momento de reparar el daño causado y hacer justicia con miles de familias de agricultores del Condado”.
El portavoz de la Plataforma, Julio Díaz, acompañado por agricultores y agricultoras del Condado, ha explicado en la puerta del Parlamento que la proposición “es una herramienta para resarcir, solucionar y revertir el daño causado cientos de familias de agricultores”, al tiempo que ha especificado que se trata de un texto consensuado con la plataforma.
La causa de esta situación, según ha explicado Díaz, es “el mal diseño y peor ejecución del Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana y la mala interpretación de la Ley Forestal del 92”. En este sentido, sobre la proposición de ley, el portavoz ha defendido que “no se toca el espacio natural ni es ampliación de regadíos, no se toca el acuífero ni significa amnistía”. Estos son, según ha argumentado Julio Díaz, “argumentos falsos”.
El objetivo de la PPL es “blindar la actividad económica ligada a la agricultura y sumar una herramienta más al fortalecimiento del Plan de la Corona”. Díaz ha agradecido a VOX la presentación del texto y que, tanto Rafael Segovia como Manuel Gavira, “han entendido la importancia de esperar, con responsabilidad, y de velar por el bien común, sumándose a la iniciativa del PP”. En el mismo sentido, ha tenido palabras de agradecimiento para el grupo parlamentario popular, el presidente provincial, Manuel Andrés González; el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “por comprometerse a solucionar este problema que lleva años enquistado”.
Por otro lado, Díaz también se ha referido a los alcaldes y candidatos socialistas en los municipios del Condado afectados –Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte– recordándoles que “sus ayuntamientos forman parte de la plataforma y deben estar al servicio del interés general de los ciudadanos, los agricultores y vecinos de las localidades, y no el interés partidista”. En este sentido, ha asegurado que “su grupo parlamentario debe decidir autónomamente y votar sí el 12 de abril en el pleno de la cámara”.
“Es de justicia que se corrija este error histórico que se ha cometido legislando por decreto ley, rompiendo la paz social que existía en la zona, por parte de un plan que era necesario, pero no estuvo bien desarrollado ni puesto en marcha”.
