«Urgimos acciones para fortalecer la lucha contra la violencia de género»

FADEMUR y otras organizaciones feministas urgimos a los poderes públicos la puesta en marcha de acciones para fortalecer la lucha contra la violencia de género.

Desde FADEMUR han firmado el siguiente comunicado en el que hacen balance de las cifras de violencia de género de 2022 en el Medio Rural:

Reclaman que se cuente con las organizaciones feministas para el análisis de la situación y la puesta en marcha de las medidas contra la violencia de género.
Consideran imprescindible que se renueven los acuerdos políticos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El balance de 2022 y los últimos 4 asesinatos que se han cometido en enero constituyen una situación de alerta.

Desde 2015, no había habido un diciembre con tantas mujeres asesinadas a manos de un hombre que era su pareja o expareja.
En el mes de diciembre de 2022, el Ministerio de Igualdad ha confirmado 11 mujeres asesinadas en manos de sus parejas. Se trata de la cifra más elevada desde que empezaron a registrarse oficialmente los crímenes machistas en 2003, lo que ha generado un estado de alarma. De hecho, ante este repunte de crímenes machistas, el Gobierno convocó un Comité de Crisis entre el Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior y Comunidades Autónomas.
Casi la mitad de las mujeres asesinadas en diciembre de 2022 habían denunciado a su agresor. Y cinco mujeres se encontraban dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén). Según el Ministerio del Interior, en este sistema hay 74.656 mujeres con protección, de las cuales 17 se encuentran en riesgo extremo y 706 en riesgo alto.
El número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género asciende a 38 en 2022 y a 377 desde 2013.
Enero de 2023 se ha iniciado con 4 posibles asesinatos en poco más de 24 horas.

El papel de las organizaciones feministas en la lucha contra la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas ha sido esencial en nuestro país en las últimas décadas. Nuestro compromiso en esta lucha se mantiene intacto a pesar de las dificultades, la incertidumbre e incluso los ataques que nuestro trabajo recibe en algunas ocasiones. Por esta razón y, en primer lugar, las organizaciones firmantes, que formamos parte del Observatorio estatal contra la violencia de género y del Consejo de Participación de la Mujer y otras organizaciones comprometidas contra la violencia hacia las mujeres, queremos expresar nuestra repulsa y condena de todos y cada uno de los asesinatos de mujeres en contextos de violencia machista que se han producido en 2022, así como los 4 últimos crímenes que ya se han cometido en enero de 2023, en algo más de 24 horas.

Creemos que la concentración de asesinatos y agresiones graves que se está produciendo en las últimas semanas, constituyen una situación de alarma que exige de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y de toda la sociedad, un esfuerzo adicional en la puesta en marcha de medidas para la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres, en especial en lo referido a la protección de las mujeres víctimas.

En esta situación, no entendemos que las instituciones y poderes públicos no hayan contado con las organizaciones feministas especializadas para el análisis y el diseño de las medidas de respuesta ante esta situación. Demandamos ser convocadas, como organizaciones expertas, en los Comités de crisis para exponer las deficiencias de la respuesta institucional tanto por parte de la Justicia como de las administraciones públicas. A pesar de que algunos de nuestros programas relacionados con la atención a mujeres víctimas no cuentan con los apoyos económicos e institucionales adecuados, seguimos siendo en muchos casos quienes nos encontramos más cerca de las víctimas y por lo tanto quienes mejor conocemos los déficits detectados en los recursos. Consideramos que esta colaboración entre los poderes públicos y la sociedad civil es imprescindible para el objetivo de fortalecer una relación entre la parte social, judicial y policial, que proteja mejor a las víctimas.

Además, para dar respuesta a esta situación de alarma consideramos que es necesario continuar reforzando los mecanismos que la legislación vigente tiene previstos en nuestro país y evaluar su aplicación. En concreto creemos imprescindibles el análisis y la aplicación de las siguientes medidas:

Un cumplimiento estricto de las medidas de vigilancia y control incluyendo la evaluación continua del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén).
La necesidad de reformar la coordinación judicial y policial y de adoptar medidas especializadas para las víctimas con especial vulnerabilidad.
La apertura en todas las comunidades autónomas y con la dotación suficiente de medios de las Unidades de Valoración Forense Integral previstas en la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Refuerzo, y constitución en su caso, del sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones que permita a las mujeres dar con suficiente seguridad el paso de la ruptura de la relación violenta, evitando situaciones de desprotección, con especial atención a colectivos especialmente vulnerables a sufrir violencia de género, como mujeres adolescentes y jóvenes, mujeres mayores de 65 años, mujeres con cargas familiares no compartidas, mujeres migrantes, mujeres rurales, o mujeres con discapacidad, entre otras.
Más y mejor formación con perspectiva de género de todos los operadores (policiales, jurídicos, sanitarios, etcétera) que se ocupan de la atención y la valoración del peligro que corren las víctimas.
La necesidad urgente de intervenir a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas y de incidir en la sensibilización social, en toda la población, pero en especial entre la población más joven, incluyendo campañas centradas en combatir la minimización del riesgo utilizando nuevos canales de difusión.
Incorporación de mejoras en la recogida de datos y elaboración de estudios incluyendo la publicación actualizada de los informes del Observatorio estatal contra la violencia de género.

Exigimos al Estado, como el responsable máximo de la lucha contra esta lacra, que active y refuerce todos los mecanismos, incluyendo la dotación de fondos públicos, para seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género.

Reclamamos la renovación y actualización de los acuerdos políticos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y exigimos la inmediata constitución de la Subcomisión de renovación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuya creación fue acordada, a finales del mes de octubre de 2022, por la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados. Es necesario que se cuente en este proceso con la participación directa de las organizaciones feministas. Necesitamos un firme compromiso de los grupos políticos que incorpore las diferentes formas de violencia contra las mujeres y contrarreste los efectos que el negacionismo pudiera estar teniendo sobre la condena social unitaria a este tipo de crímenes y la impunidad y el refuerzo al comportamiento de los agresores.

Nos ponemos a disposición de este proceso y esperamos poder participar en la definición de estos acuerdos políticos en calidad de agentes sociales y organizaciones especializadas que tienen mucho que aportar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La situación de alerta que estamos viviendo en la sociedad española ante los últimos asesinatos de mujeres, hace que las organizaciones de mujeres firmantes reafirmemos nuestro compromiso de lucha en la prevención, protección y reparación de las víctimas de la violencia de género. Las organizaciones feministas no vamos a permitir ni la negación de la violencia de género ni su normalización. Por ello, urgimos a las autoridades acciones para mejorar la capacidad y la calidad de la respuesta institucional y hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y toda la sociedad para que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas.

Es el mismo sentir desde el Proyecto MujerAGRO, que lucha día a día por conseguir la igualdad dentro del sector agroalimentario y por supuesto, acabar con la violencia de género en este sector y el resto de la sociedad.