UPA niega haberse financiado ilegalmente con ayudas comunitarias al asesoramiento agrario
UPA-UCE Extremadura ha negado las acusaciones realizadas por la Guardia Civil relativas a una presunta financiación ilegal de sus actividades mediante las ayudas concedidas por la UE al asesoramiento agrario a las explotaciones. Tras conocer los detalles de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil, fuentes de la organización han asegurado que “no hay caso, ya que no se ha cometido ningún delito”.
De acuerdo con las investigaciones que se han venido realizando en el marco de la operación ‘Tellus’, iniciada el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agraria en Campo Arañuelo (Cáceres), la organizacion regional podría haber desviado 1,8 millones de euros de unas 5.500 subvenciones pedidas por sus asociados, entre los años 2013 y 2015. Hasta la fecha, hay 25 investigados y siete detenidos, efectuándose ayer, 3 de noviembre, la detención de cinco personas, entre ellas el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, el responsable de Acción Sindical, José Cruz, y el ex secretario de Organización, Miguel Leal. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones e imputaciones.
Por su parte, UPA ha negado que exista un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea ya que, según ha explicado, esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.
UPA-UCE ha asegurado que “no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado”, ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería “con todos los justificantes” a la organización por los servicios prestados
Esta Organización Agraria destaca, asimismo, que los mencionados servicios fueron realizados en su totalidad, como lo demuestra el hecho de que sus correspondientes expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura.
En los años a los que se refiere la investigación (2013-2015), UPA-UCE estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agrícola Común (PAC). Por ello los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.
UPA ha rechazado las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y ha pedido la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas. Asimismo, ha mostrado confianza en la Justicia y en que “pronto se aclarará todo”
Desde este sindicato agrario han asegurado también que “no descartan nada para limpiar el buen nombre de una organización que trabaja desde hace más de 30 años defendiendo, ayudando y prestando servicios a agricultores y ganaderos de toda España”.
Fuente: UPA
