Un proyecto de parque solar en Castellón acabaría con una de las zonas citrícolas de mayor valor
Un proyecto de parque solar en Castellón ha generado controversia debido a su potencial impacto en la agricultura y la investigación citrícola en la región. El proyecto, que está actualmente en fase de información pública, contempla la instalación de 751.632 placas solares sobre 605 hectáreas en los municipios de Onda y Alcora.
Según la Asociación de Exportadores de Fruta de Castellón (Asociex), la zona donde se ubicará la mayor parte del parque solar es una de las áreas citrícolas más valiosas de la Comunidad Valenciana, con importantes fincas, un centro de investigación citrícola y numerosas explotaciones. La planta solar, promovida por la filial de EnerHi llamada Harbour Maestrat 4, afectaría significativamente a estas propiedades, devaluándolas y causando daños irreparables.
El proyecto ha generado preocupación entre los propietarios de las tierras afectadas, quienes se oponen a su desarrollo y planean presentar alegaciones en su contra. Sin embargo, la promotora ha llegado a acuerdos con propietarios de zonas abandonadas en el municipio de L’Alcora para cumplir con los requisitos legales.
Entre las propiedades afectadas se encuentran importantes fincas de empresas asociadas a Asociex, que producen entre 15.000 y 20.000 toneladas de fruta por temporada, con un valor de aproximadamente 22 millones de euros. Estas explotaciones, altamente productivas y rentables, se verían afectadas tanto en su producción como en su valor económico.
Graves perjuicios para la zona
Además, el proyecto impactaría directamente en la Investigación Citrícola de Castellón, S.A. (ICCSA), una sociedad dedicada al desarrollo de nuevas variedades de cítricos. La planta solar obligaría a la destrucción de campos de ensayo donde se han investigado hasta 24.000 líneas varietales diferentes durante los últimos 14 años.
EnerHi, la empresa promotora, afirma tener un presupuesto de 167,2 millones de euros para el proyecto. Sin embargo, la comunidad agrícola estima que los empleos generados por la recolección de las fincas afectadas, que suman entre 25.000 y 30.000 jornales por temporada, superan con creces los empleos residuales que generaría la planta solar.
La controversia en torno al proyecto resalta los desafíos en la gestión del desarrollo energético y agrícola en la región, y subraya la necesidad de un diálogo entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones que equilibren las necesidades económicas y ambientales de la comunidad.