Pedro Sánchez y sus trajes a medida para el agro. Elisa Plumed
Desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, España no para de bailar la canción de Ricky Martin: “Un, dos, tres, un pasito pa’lante, María; un, dos, tres, un pasito pa’tras”. Tras más de tres meses postelectorales sin acuerdo para formar Gobierno, los políticos se notan desinflados y muchos ciudadanos están hartos y cansados de “esa altura de miras” que todos mentan pero, al mismo tiempo, todos omiten.
En el ámbito institucional del sector agrario, seguimos con un Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que está en funciones y que, por lo tanto, ha perdido fuelle. La imagen de una Isabel García Tejerina fuerte y omnipresente se quedó en los albores de las elecciones.
Como novedad institucional contamos con una nueva Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados en la que, posiblemente, el más veterano sea el actor Toni Cantó (que esta legislatura repite por Ciudadanos, mientras en la anterior estuvo por UpyD). El resto de miembros de dicha Comisión son nuevos, y con conocimientos previos del sector primario apenas hay tres: el popular Joaquín María García Díez; el socialista Manuel González Ramos, y Ramón Luis Molinary de Ciudadanos. Es cierto que en la comisión hay otros perfiles más ambientalistas, (para algo es la Comisión de Medio Ambiente) como el de la veterana en el PP María Teresa de Lara o el novato Antonio Gómez-Reino de Podemos.
¿Y qué papel ha tenido el sector agrario en los dimes y diretes de estas “negociaciones” políticas? Pues al menos el secretario general del PSOE y candidato a formar gobierno, Pedro Sánchez, le hizo un “huequillo” en su agenda, y el pasado 16 de febrero se reunió con los representantes del sector agroalimentario acompañado [curiosamente] por el ex-diputado Alejandro Alonso, (quien fuera portavoz en la Comisión de Agricultura del Congreso durante las dos últimas legislaturas). En dicha cita Sánchez pudo conversar con los dirigentes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, pero también con FIAB, ACES, ASEDAS, ANGED y con los responsables de las dos redes de desarrollo rural, REDER, y REDR.
Al parecer, en ese encuentro Sánchez no comentó lo que dos semanas después FIAB detectó en los documentos de “Ofrecimiento del PSOE a las demás formaciones políticas progresistas y de izquierda”. En ellos, la primera parte del documento era común para Podemos, IU-UP, En Comú Podem, En Marea y Compromís, sin embargo, en lo referente al sector agrario era diferente para los dos últimos grupos parlamentarios.
En el documento remitido a En Marea se proponían medidas relacionadas con el sector lácteo como “incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador; definir un precio “sostenible” para cada eslabón de la cadena de valor; dar transparencia a dicha cadena de valor publicando los precios a que compran industria y distribución; publicar un nuevo contrato tipo para poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias, o crear la figura obligatoria del “mediador” que sirva para resolver disputas cuando ganadero e industria no lleguen a un acuerdo en la negociación”.
Por su parte, en el documento de Compromís destacaba la propuesta de dar un mayor “protagonismo de la agricultura valenciana en las negociaciones de la PAC, apoyo a la producción, industrialización de transformación y comercialización de productos agrícolas, apícolas y ganaderos. Participación de representantes valencianos en las negociaciones europeas sobre la PAC en el marco del sistema de participación de las comunidades autónomas en la delegación española en el Consejo de Ministros Europeo correspondiente”.
En resumen, el PSOE ha propuesto al sector agroalimentario como herramienta de negociación, ofreciendo un traje a medida específico para los sectores agrarios de Galicia y de la Comunidad Valenciana, cuando ninguna de ambas medidas aparecían en su programa ni en el acuerdo inicial con Ciudadanos.
La cuestión es, de llegar a un acuerdo con los grupos de izquierdas ¿el PSOE no se plantea que las medidas propuestas a En Marea podrían hacerle entrar directamente en conflicto con las autoridades de Competencia? Y, por otra parte, ¿cree realmente que podrían dar más peso a la agricultura valenciana que, por ejemplo, a la de Andalucía, granero, no sólo de la producción agraria española si no de los diputados que sustentan a Pedro Sánchez en el Congreso?
A quienes defendemos y miramos por el sector agroalimentario español no nos gusta ser el último de la fila política cuando los productores de alimentos son los que dan de comer cinco veces al día a la sociedad.
Sin embargo, casi resulta más deprimente saber que el agro se usa como moneda de cambio y a la ligera, demostrando que se desconocen las reglas de juego establecidas por Competencia y cómo se negocian los asuntos del agro en Bruselas.
Elisa Plumed, periodista agroalimentaria y blogger de la criba.net