Los cítricos en Plana Baixa (Valencia) amenazados por una gran planta fotovoltaica
LA UNIÓ denuncia que la gran planta fotovoltaica de Arada Solar en la Plana Baixa pone en peligro a 126.000 árboles, la mayor parte cítricos en producción
La Unió Llauradora denuncia que la gran planta fotovoltaica que Arada Solar prevé construir en la Plana Baixa pone en peligro unos 126.000 árboles, la mayor parte de cítricos en producción que suponen un gran sumidero de CO2.
La entidad ha puesto en marcha una campaña mediante una protesta simbólica en el término municipal de la Vall d’Uixó contra esta planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación que afectarán a unas 280 hectáreas de cultivo, muchas de ellas de cítricos en suelo útil de regadío con gran valor agroecológico. El acto ha contado con miembros de LA UNIÓ y de la Plataforma Energía y Territorio de la Plana Baixa.
La planta fotovoltaica se situará en los términos municipales de Vall d’Uixó, Chilches, y Moncofa. También se contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica donde evacuará la planta mediante una línea de media tensión de casi 18 kilómetros de longitud, que atravesará los términos de la Vall d’Uixó, Nules, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Vila-real y Betxí.
Según LA UNIÓ, esta gran construcción amenaza la producción de casi 5 millones de kilos de cítricos, justo en un momento donde las cosechas han mermado por el cambio climático y no es bueno que desaparezca más superficie agraria útil en la zona.
Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora, señala “que la citricultura es el cultivo predominante en esas localidades afectadas y no podemos perder más terreno agrario porque necesitamos un volumen estable de cítricos para consolidar todas las inversiones realizadas en las explotaciones y puestos de trabajo tanto fijos en las tareas agronómicas como temporales en la recolección”.
La empresa promotora es Arada Solar, filial de la multinacional noruega de renovables Statkraft, que apuesta para llegar a acuerdos con los propietarios a través de contratos de compraventa o de alquiler de las tierras pero con unos precios muy bajos que varían en función de si son en propiedad o en arrendamiento. Peris indica que “hay muchos jóvenes que han realizado inversiones en los últimos años en sus explotaciones, quieren mantenerse en la actividad como profesionales y no quieren deshacerse de sus tierras”.
LA UNIÓ muestra de nuevo su oposición ante la grave pérdida de superficie agraria y el daño que se le provoca a unos agricultores que han hecho, junto a las Administraciones, una importante inversión en sus campos, también con modernización de regadíos, y que ahora verán como ese esfuerzo queda en entredicho.
En caso de que se lleve a cabo este proyecto se perdería una importante zona de cultivo agrícola y en consecuencia se verían afectadas en gran medida las entidades de riego que suministran el agua a la zona planteada, y dada la gran extensión en la cual se pretende actuar, puede llegar a provocar la inviabilidad de la actividad que desarrollan y su desaparición como colectivo de riego.
