Las grandes empresas lácteas recurrirán la sanción de Competencia
Las empresas lácteas Capsa, Danone, Lactalis, Puleva, Calidad Pascual y Nestlé recurrirán la sanción de 80 millones de euros impuesta por Competencia, que les acusa de intercambiar información para influir en los precios a pagar a los ganaderos por su leche.
Una vez aplicada la sentencia, la CNMC informó el viernes de que el importe de las sanciones baja de 88 a 80 millones de euros, ya que la duración de algunas de las conductas castigadas era más corta.
Concretamente, las multas son de 21,8 millones para Capsa (dueña de Central Lechera Asturiana), de 20,2 millones para Danone, de 11,6 para Lactalis, de 10,2 para Puleva, de 8,5 para Calidad Pascual y de 6,8 para Nestlé.
Todas coinciden en su disconformidad con el criterio de Competencia y en que no infringieron la normativa.
La multa de la CNMC
Según la CNMC, las firmas implicadas cometieron una infracción tipificada como “muy grave” al intercambiar información sobre el importe a pagar por la leche a los ganaderos y sus excedentes con el objetivo de “ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios”.
El expediente arrancó en 2011 con la llegada de documentación sobre la fijación del precio de leche cruda de vaca en Castilla y León y Galicia, tras lo que se realizaron inspecciones y se abrió un procedimiento sancionador que derivó en una resolución que se publicó en 2015.
Las compañías afectadas recurrieron ante la Audiencia Nacional, y el tribunal decidió en octubre de 2018 anular la sanción por defectos de forma.
En un comunicado, la organización agraria UPA ha destacado la “satisfacción” de ver cómo la CNMC reconoce que las citadas compañías “se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos”, tal y como ya habían denunciado.
Sin embargo, han advertido del riesgo de que estas empresas “repercutan” la multa en los ganaderos -bajando precios- o en los consumidores -subiéndolos-.
Sobre la sanción a las empresas lácteas también se pronunció ayer también el ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien desde Bruselas ha recalcado que “gracias a la ley de la cadena alimentaria” el sector cuenta con contratos escritos que permiten tener una “mayor estabilidad”, por lo que los problemas son “muy diferentes” a los que dieron lugar a la multa.
