La pandemia le da un nuevo empujón a los alimentos ecológicos
La pandemia de la covid-19 ha aumentado la demanda de alimentos ecológicos, de los que España es la primera productora europea y la cuarta mundial, pero también ha provocado el aplazamiento de la aplicación de su nueva reglamentación, que en vez de entrar en vigor el próximo 1 de enero lo hará al inicio de 2022.
Así lo apuntaba la directora de la consultora Nielsen para España y Portugal, Patricia Daimiel, en el foro Datagri 2020, que se celebró a mediados del pasado mes de noviembre.
“Es una tendencia incipiente que ha explosionado” y los “alimentos ecológicos gana adeptos“, añadía; los datos de Nielsen del último año móvil hasta septiembre indican que es un mercado que ahora mueve 550 millones de euros anuales, un 17 % más que en los doce meses anteriores.
La compra de productos ecológicos en España está sin embargo a mucha distancia de la de otros vecinos comunitarios pese a que ha sido una de las categorías con mayor aumento de valor estos meses, pero por ahora tan solo representa el 1 % del volumen del gran consumo español, según Daimiel.
La ingeniera agronómica y profesora Concepción Fabeiro, recientemente reelegida presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), coincide en que la covid-19 “ha acelerado la tendencia del consumo” de alimentos orgánicos, “lo que es bueno para el sector, y también para el planeta”.
“Muchos productores ecológicos se han reinventado estos meses, algunos han empezado a vender online, otros han elaborado cestas para vecinos y se han impulsado iniciativas comerciales para aumentar su venta en redes locales”, ha apuntado a Efeagro.
El último informe sobre agricultura ecológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) indica que el 9,3 % de la superficie agraria útil de España -2.354.916 hectáreas- se dedicaba a este tipo de producción en 2019.
Son 108.441 hectáreas más que en 2018 (+4,82 %) y una cifra muy superior a las 380.920 hectáreas que había al cierre del año 2000.
La mayoría corresponde a pastos permanentes (1,25 millones de hectáreas), cultivos permanentes -entre los que destaca el olivar, frutos secos y viñedo– (606.407 ha) y tierras arables (494.212 ha), donde se puede ver crecer cereales, hortalizas, patatas, girasoles, algodón y plantas textiles o aromáticas, entre otros ejemplos.
Andalucía es la comunidad con más superficie -cerca de la mitad de España- y con más agricultores y ganaderos ecológicos (15.909), seguida de Castilla-La Mancha (7.612), Cataluña (3.341), Murcia (3.174) y Extremadura (3.053); Galicia lidera la acuicultura biológica, con 47 de las 57 empresas certificadas.
El mayor número de empresas de producción (1.326) y de importación (122) ecológica tiene su sede en Cataluña, mientras que Andalucía es la que cuenta con más firmas exportadoras (58).
La cadena de valor de la alimentación ecológica está formada en total por cerca de 50.000 operadores repartidos en los eslabones de producción, transformación, comercialización y distribución.
La aplicación de una norma que gusta al sector español
El pasado 13 de noviembre la Comisión Europea (CE) aplazaba oficialmente la entrada en vigor del Reglamento 848/2018 desde el 1 de enero de 2021 hasta el mismo día de 2022, un retraso que demandaba el sector para poder adaptarse a la nueva normativa, que aún ha de completarse con algunos actos delegados y de ejecución.
La CE alegaba que “la pandemia de la covid-19 y la crisis de salud pública que ha originado representan un reto sin precedentes para los Estados miembros y suponen una pesada carga para los operadores del sector de la producción ecológica“.
La esperada normativa “tiene objetivos más ambiciosos que la reglamentación anterior”, apunta Fabeiro, quien destaca que implementa novedades en materia de circuitos cortos de comercialización, obtención de semillas y grupos de operadores, a la vez que amplía el número de especies que se puede certificar.
“El sector está deseando que se aplique el reglamento“, añade la presidenta de SEAE, que define como un gran logro europeo el Pacto Verde y las estrategias comunitarias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad, que se han puesto como objetivo que el 25 % de la agricultura comunitaria sea ecológica en 2030.
Espera que el Plan Estratégico español para la futura Política Agrícola Común (PAC) propicie esta meta y se traduzca en apoyos económicos de todas las administraciones públicas para incentivar su producción, la innovación y el consumo de alimentos ecológicos.
