La norma sobre venta directa favorece a 250.000 pequeños productores
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) celebra la aprobación del nuevo Real Decreto que facilita la venta directa de alimentos porque abre un horizonte de oportunidades para más de 250.000 pequeños agricultores y ganaderos.
“Es una reivindicación histórica de esta organización, que lleva más de 20 años luchando junto con la Plataforma Rural y las organizaciones que la componen por la adaptación de la normativa higiénico-sanitaria de los alimentos a los canales cortos de comercialización”, ha recordado Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG, que ha añadido que, “después de haber visto y estudiado a través de numerosos viajes realizados por COAG la adaptación que se había realizado en países como Francia, Austria, Italia y otros era incomprensible que en el Estado español no se hubiera adaptado esta normativa, incluso después de que la Comisión Europea lo recomendara”.
Con la entrada vigor del Real Decreto 1086/2020, “por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios”, se promueve el desarrollo de sistemas agroalimentarios más sostenibles, favoreciendo la viabilidad y la continuidad de pequeñas explotaciones familiares y de los pequeños productores agroalimentarios, lo que contribuirá al mantenimiento de la población en el medio rural. “Se refuerza así la apuesta del sector por la seguridad alimentaria, al tiempo que se da respuesta a una creciente demanda por el producto local y de proximidad, impulsada aún más en el contexto de pandemia”, ha remarcado García. Según datos de GlobalData, el 50% de los consumidores cree que es más importante que antes de la crisis sanitaria consumir productos locales y el 76% cree que los productos locales son completamente de confianza.
Además, esta nueva regulación de la venta directa de alimentos es importante porque simplifica la burocracia y las autorizaciones administrativas, evitando en todo caso, más cargas de las actuales. En ese sentido se establecen medidas que contribuyen a la correcta aplicación en España de la normativa de la Unión Europea, con el objetivo de que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional y se adapta la normativa nacional sobre higiene de los alimentos que se encontraba dispersa en diversos reales decretos. Todo ello para facilitar el trabajo de los operadores comerciales y el control oficial por parte de las autoridades competentes.
Asimismo, se regulan actividades excluidas del ámbito de aplicación de de los reglamentos comunitarios, como por ejemplo, el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne procedente de aves de corral y conejos sacrificados en la explotación, al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor.
La entrada en vigor de este Decreto llega en un momento importante. Viene a reforzar que miles de pequeñas explotaciones tengan más oportunidades para la producción, transformación en granja y venta directa al consumidor, apuntalando los objetivos del Pacto Verde Europeo y las Estrategias “De la Granja a la Mesa y Biodiversidad”.
