La CE propondrá al Observatorio andaluz de precios como 'proyecto Feader de Mejores Prácticas'

Responsables europeos propondrán incluir al Observatorio andaluz de Precios en el listado de proyectos ‘Feader de Mejores Prácticas’, por la contribución de esta plataforma web a la transparencia del mercado. Esta decisión fue comunicada en el transcurso de la reunión mantenida recientemente por el secretario general de Agricultura y Alimentación de la Junta de Andalucía, Rafael Peral, con una delegación comunitaria, encabezada por el director de la Unidad de Seguimiento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de España y Portugal, Efthimios Bokias.

La visita a Andalucía de este grupo de representantes de la Comisión Europea, que realiza el seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de España y Portugal, se enmarca en el control que realiza Bruselas a determinados proyectos singulares de inversión de las Comunidades Autónomas.

A lo largo de sus nueve años de existencia, el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER) ha ido ampliando la información que ofrece sobre los distintos sectores agrarios. En sus inicios contaba únicamente con los precios que recibe el agricultor (precios en origen) de hortícolas protegidos y fresa en Andalucía. Posteriormente, se han ido incorporando nuevos ámbitos, hasta contar actualmente con 18 sectores agrícolas, tres ganaderos y dos de productos ecológicos. Aunque los precios en origen siguen siendo el fundamento del Observatorio de Precios, esta plataforma informativa ofrece también precios en otras posiciones comerciales (centro de manipulación, mercados mayoristas y al consumo) para algunos de los sectores que analiza.

La web del Observatorio recibe mensualmente más de 3.000 visitas en busca de precios de productos agroalimentarios, estudios, informes, costes de cultivo, fichas de productos e información sobre cadenas de valor. Esta plataforma es un claro ejemplo de la importancia de la colaboración entre la Administración pública y las empresas privadas, con el fin de aportar transparencia al mercado.