La AICA aumenta su estructura para reforzar el control de la cadena alimentaria

Durante la inauguración de la primera reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de este año, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció que la transformación de este organismo en una agencia estatal implicará una ampliación de su estructura, con más recursos humanos y materiales para fortalecer sus funciones. Esta medida, según Planas, potenciará considerablemente su capacidad de inspección.

En respuesta a las inquietudes expresadas por agricultores y ganaderos durante las recientes movilizaciones, el ministerio se compromete a asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria en todos los niveles, garantizando que en las transacciones comerciales, especialmente aquellas que involucran a agricultores y ganaderos, los precios sean justos, cubran los costes de producción y aseguren la sostenibilidad económica de todos los actores involucrados.

Planas informó a los miembros del Consejo Asesor que el establecimiento de la agencia estatal, anunciado el pasado 15 de febrero, requiere la aprobación de una normativa de rango legal, y que el Gobierno está evaluando la manera más expedita de llevarlo a cabo, ya sea mediante una legislación específica o mediante la inclusión de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

De este modo, la futura Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria seguirá siendo conocida como AICA.

Además, el ministro señaló que durante el año 2024, la AICA dará prioridad a la supervisión y el cumplimiento de los contratos alimentarios, prestando especial atención a cualquier alteración de precios que no haya sido acordada previamente.

También se centrará en controlar los sectores con mayor riesgo de incumplir los pagos por debajo del coste de producción, así como en vigilar la cancelación de pedidos.

Sanciones aplicadas

A lo largo del año 2023, la AICA aplicó un total de 382 multas a diversos actores de la cadena alimentaria, marcando un incremento del 40,4 % en comparación con el año anterior. Casi la mitad de estas sanciones, un 48 %, fueron impuestas por retrasos en los pagos, principalmente en el eslabón mayorista.

Las infracciones también incluyeron la falta de contratos o la carencia de elementos esenciales en aquellos existentes, como el precio del producto objeto de la transacción. Las modificaciones unilaterales no acordadas contractualmente y la generación de pérdidas en la cadena alimentaria también fueron motivos recurrentes de penalización.

El Ministro destacó que desde el 30 de junio de 2023 es obligatorio registrar los contratos alimentarios con productores primarios y agrupaciones de productores en el Registro de Contratos Alimentarios, accesible a través de la web de AICA. Este registro se ha convertido en una herramienta fundamental para las labores de inspección del organismo.

En cuanto a sectores, el de frutas y hortalizas encabezó la lista con 165 sanciones, seguido por el vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).

Además de las sanciones impuestas por la AICA, las autoridades autonómicas también aplicaron 167 multas el año pasado, un aumento del 33,6 % respecto a 2022. Estas últimas se dirigieron principalmente a empresas del sector alimentario.

Todas estas sanciones surgieron de las inspecciones de oficio de la AICA y las comunidades autónomas, así como de investigaciones derivadas de denuncias por presuntas violaciones de la Ley de la cadena alimentaria.

Durante el año pasado, la AICA investigó 32 denuncias, un 39,1 % más que en 2022, mientras que las comunidades autónomas abordaron otras 18. Se enfatizó la importancia de reportar cualquier irregularidad comercial a los organismos de control, destacando que casi dos tercios de las denuncias recibidas resultaron en sanciones.

En total, las denuncias y las acciones de oficio en 2023 llevaron al control de un total de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria, un aumento del 59,4 % respecto al año anterior.

La AICA tiene competencia sancionadora en relaciones comerciales entre empresas con sede en diferentes comunidades autónomas o que excedan el ámbito autonómico debido a la trazabilidad del producto.

Por su parte, los organismos de inspección autonómicos controlaron otras 2.871 relaciones comerciales en sus respectivos territorios. Estos datos se presentaron en el Informe de la actividad de las comunidades autónomas en 2023 y en el Informe de la actividad inspectora y de control de la AICA en el ámbito de la cadena alimentaria en 2023.

Garantizar la seguridad alimentaria

En la sesión inaugural del encuentro, el Ministro subrayó que «el buen funcionamiento de la cadena alimentaria», que ha demostrado su resiliencia en momentos críticos como la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania o la sequía, «es crucial para garantizar la seguridad alimentaria».

Planas ha resaltado la singularidad de la Ley de la cadena alimentaria española, la cual se posiciona como un modelo innovador y un referente a nivel comunitario debido a sus disposiciones sobre contratos por escrito, registro de los mismos y la prohibición de la destrucción de valor en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria.

Además, ha afirmado que esta legislación será fundamental en las próximas reformas normativas de la Unión Europea en materia de prácticas comerciales.

En efecto, a mediados de diciembre del año pasado, la Comisión Europea presentó una serie de propuestas a medio plazo para revisar la Directiva de prácticas comerciales desleales de 2019 y el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM), las cuales, según Planas, siguen en gran medida el camino iniciado en España con la Ley de 2021, una perspectiva que el ministro ha calificado como altamente positiva.

Entre las propuestas mencionadas, se destaca la creación de un Observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales, la introducción de nuevas regulaciones para asegurar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo y, en la revisión del Reglamento de la OCM, la obligatoriedad de la contratación y el fortalecimiento de las organizaciones de productores e interprofesionales.