Francia da marcha atrás en la prohibición de los neonicotinoides
Francia, líder del grupo de países que votaron a favor de la prohibición de los neonicotinoides (NNIs) en 2018, se retracta ahora ante la ausencia de herramientas fitosanitarias u otras alternativas para la remolacha. París anuncia que otorgará una autorización excepcional para el tratamiento de semillas con NNIs en el cultivo.
El anuncio del Gobierno francés de iniciar los trámites reglamentarios para otorgar una autorización excepcional para el tratamiento de semillas con neonicotinoides (NNIs) en remolacha pone en entredicho de nuevo la idoneidad de las decisiones políticas europeas relativas a las herramientas de sanidad vegetal, en las que pesan más las convicciones ideológicas que los resultados de una evaluación con el respaldo científico, como es el caso del glifosato.
Francia, que fue líder del grupo de países que votaron a favor de la prohibición de los NNIs (imidacloprid, clothianidin y thiamethoxam) en abril de 2018, ahora da marcha atrás ante la ausencia de herramientas fitosanitarias u otras alternativas de sanidad vegetal para los agricultores galos contra plagas en remolacha. El Gobierno va a presentar al Congreso francés un proyecto de ley para finalmente autorizarse excepcionalmente la siembra de semillas tratadas con neonicotinoides en enero de 2021.
En el caso de España, también se ha visto afectada por la ausencia de herramientas, en concreto de NNIs para la remolacha, y por este motivo, los dos últimos años el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado una autorización excepcional para el tratamiento de semillas.
La falta de sustancias activas autorizadas para la sanidad vegetal y sus consecuencias para la agricultura ya fue anunciada en el Informe “Low Yield” de Steward Redqueen, publicado en 2016, que en el caso de España para los ocho cultivos analizados, entre ellos la remolacha, estimaba pérdidas de producción entre 35% y el 45% y un aumento en los costes por hectárea en torno al 50% amenazando la viabilidad de este cultivo en España.
Esta pérdida de herramientas y por lo tanto de productividad, podría verse agravada como consecuencia de las Estrategias de la Comisión Europea (“Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”), que contemplan un objetivo de reducción de uso de productos fitosanitarios del 50% en 2030.
Postura de ALAS
La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) ya solicitó en la Consulta Pública sobre la “Estrategia de la Granja a la Mesa”, realizada en febrero 2020, la necesidad de realizar un estudio de impacto sobre las consecuencias que el objetivo de reducción de uso de productos fitosanitarios del 50% en 2030 podría tener para la productividad agrícola en España y una decisión así debería supeditarse a la existencia de herramientas alternativas en función de cada cultivo.
ALAS, que nació en 2019 con sus organizaciones (ASAJA, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, FEPEX y AEAC.SV) para el impulso del modelo de producción en España, sostenible económica, social y medioambientalmente, defiende en sus líneas fundacionales que en la actividad agraria, las tecnologías están totalmente reguladas, como lo están los medicamentos, y sus procesos de evaluación y aprobación, basados en el mejor conocimiento científico, son igual de exigentes.
El motivo fundamental por el que se prohibieron los NNIs (neonicotinoides) en 2018 fue por su supuesto perjuicio a las abejas. ALAS recuerda que, en este sentido, acaba de terminar el mayor estudio de campo, realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) junto con la Universidad de Córdoba, en el que se demuestra que no hay diferencia significativa sobre la salud de las abejas entre la parte de cultivos tratados y no tratados con los NNIs.
El informe publicado en 2019 por PwC sobre “El futuro del sector agrícola español” señala también la necesidad de dar impulso a la tecnología y la innovación en agricultura, que podrían generar sustanciales aumentos en la producción y un gran impacto económico acumulado desde ahora hasta 2050: la agricultura de precisión, que generaría 54.682 millones de euros, la agricultura de conservación (16.919 millones de euros), las técnicas de edición genética (79.674 millones de euros) y las nuevas soluciones de sanidad vegetal (73.501 millones de euros).
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad por parte de los agricultores de disponer del conjunto más amplio de herramientas de sanidad vegetal basados en el mejor conocimiento científico. Por desgracia en los últimos años hemos visto como las decisiones en relación a las sustancias activas fitosanitarias se han visto politizadas. Ha sido el caso de los NNIs y también del glifosato, cuya renovación está prevista para diciembre de 2022 y que tampoco estará desprovista de controversia.
Desde ALAS, solicitamos que las decisiones relativas a las herramientas de sanidad vegetal se adopten de acuerdo a los resultados de una evaluación con respaldo científico y solicitamos a las autoridades competentes que exclusivamente tengan en cuenta estos criterios a la hora de su autorización.
