España se opone a reducir más días de pesca en el Mediterráneo
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expuesto a las comunidades autónomas que la consecución de las mejores posibilidades de pesca que permitan mantener la viabilidad de la flota es el principal objetivo con el que España afronta el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) de los próximos días 11 y 12, en el que se decidirán los Totales de Captura Admisible (TAC) y cuotas pesqueras para el año 2023. El ministro ha anunciado que presentará medidas alternativas para evitar una nueva reducción de los días de pesca en el Mediterráneo y la revisión de algunas de las propuestas para el Atlántico.
En la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, que ha presidido hoy por videoconferencia, Luis Planas ha considerado que debe limitarse al máximo la nueva reducción de los días de pesca propuestos un año más por la Comisión Europea, de un 9,8 % sobre 2022, y ha abogado por elevar el porcentaje previsto en el mecanismo de compensación para recuperar una parte -hasta un 3 %- si de dan determinadas condiciones.
El ministro ha considerado que las últimas evaluaciones científicas de las disponibilidades de especies incluidas en el plan plurianual de gestión del Mediterráneo permiten atibar ciertas mejoras, y que el nuevo recorte de los días de pesca supondrá un importante impacto socioeconómico sobre la flota. La reducción en los días de pesca sin una compensación suficiente por la adopción de medidas de selectividad como vía más eficaz para la mejora de los stocks, motivó que el año pasado España votara en contra de la propuesta de la Comisión Europea sobre TAC y cuotas en el Mediterráneo. España reiterará la defensa de la eficacia del empleo de redes más selectivas u otras medidas con las que podría alcanzarse el rendimiento máximo sostenible para algunos stocks, como reconoce el propio Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la UE.
La propuesta de la Comisión Europea incide en dos medidas que España tiene recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE, la imposición de un límite máximo de capturas para la gamba roja y el régimen de esfuerzo pesquero para los palangreros por la merluza.
El ministro ha reconocido que las negociaciones serán difíciles, pero ha asegurado que “lucharemos por un resultado aceptable para los intereses de la flota pesquera española del Mediterráneo, en la defensa del tejido social y económico al que contribuye el sector en las comunidades costeras”.
En cuanto al Atlántico, España, además de las negociaciones que involucran a Reino Unido, Noruega y los estados costeros que no han concluido por el momento, tiene intereses en 18 de las 26 poblaciones que serán objeto de negociación en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca. La Comisión propone propone mantenimientos o incrementos de los TAC y cuotas para 2023 en especies de gran interés para el conjunto de la flota, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por su denominación en inglés).
Sin embargo, España presentará propuestas técnicas para lograr mayor incremento de cuotas de abadejo, lenguado y cigala. Es destacable el caso de la merluza sur, que después de 8 años sucesivos de recortes, este año se permitirá un incremento considerable debido a la importante recuperación de la especie constatada por el ICES. Por el contrario, la Comisión Europea propone para el jurel oeste un TAC 0 por la mala situación de la especie y España apoya el mandato general del plan de reconstrucción elaborado por el Consejo Consultivo de Especies Pelágicas que permite una captura total de 15.513 toneladas y solo para pesca accesoria.
Situación de los mercados agrarios
En materia de agricultura, el ministro ha hecho un repaso a la situación de los mercados agrarios y su evolución desde la invasión rusa de Ucrania, hace 9 meses, especialmente del incremento de los precios de los principales insumos de producción, y ha apuntado que ofrecen una cierta relajación por la moderación de la subida de los costes de la energía.
Además, el acuerdo para la salida de cereales de Ucrania por el mar Negro, que se acaba de prorrogar por 120 días más, ha hecho que se relajen los precios. España, con más de 2 millones de toneladas, ha sido el principal destino de los barcos salidos hasta el momento, mayoritariamente de maíz para la fabricación de piensos para la alimentación animal. Ello ha favorecido que se moderen los precios de éstos, aunque se mantienen en cotizaciones de hasta un 20 % superior a antes de la guerra.
En el caso de los fertilizantes, los altos precios de los productos ha producido una una reducción de la fertilización en los cultivos otoñales que, puede tener como consecuencia una disminución de las producciones. El ministro ha reiterado la importancia de que la Comisión Europea transmita señales claras a los agricultores de que van a contar con apoyos y se va a asegurar un abastecimiento suficiente a precios razonables.
Luis Planas ha informado a los consejeros autonómicos de que en las próximas semanas se culminará la aprobación de la normativa de aplicación del plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), para que esté publicada en el Boletín Oficial del estado (BOE) antes de finalizar el año. En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE se hará un repaso a la situación de los planes estratégicos de todos los Estados miembros -hasta el momento, la Comisión ha dado el visto bueno ya a 21 de los 27-
El ministro ha reiterado que al haber contado con la aprobación del plan por parte de la Comisión Europea desde julio y haber estado toda la normativa sometida a información pública previa, los agricultores y ganaderos han podido conocer con suficiente antelación el detalle de las nuevas reglas en cuestiones como la condicionalidad, derechos de ayuda básica o intervenciones del plan.
Igualmente está previsto que la Comisión presente en el Consejo de Ministros los resultados de la evaluación de la aplicación de normativa de la Unión sobre bienestar animal. Con la evaluación realizada, la Comisión trabaja en la elaboración de cuatro reglamentos sobre cría y mantenimiento de los animales, protección de éstos durante su transporte, protección en la matanza y etiquetado. Las propuestas de estos reglamentos se presentarán en el último cuatrimestre de 2023, durante el turno de presidencia de España de la Unión Europea.
Los ministros analizarán también en el transcurso del Consejo el estado actual del proceso de elaboración del reglamento sobre uso sostenible de los productos fitosanitarios, en el que se mantiene abierto el debate sobre cuestiones como la prohibición del uso en zonas sensibles, la fijación de objetivos nacionales y la gestión integrada de plagas, entre otras.
Uso Sostenible de los fitosanitarios
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada también hoy, ha dado su visto bueno a la aprobación del Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2023-24, que es la herramienta que aglutina todas las actuaciones en la materia que realizan los distintos organismos competentes y tendentes a la consecución de los objetivos de reducción de riesgos y efectos para la salud humana marcados en la directiva comunitaria de 2009.
Hasta el momento se han elaborado dos planes anuales por período de cinco años, el primero en 2012, que fue renovado en 2017. El aprobado hoy es un plan transitorio de solo dos años de vigencia, ya que actualmente está en proceso de elaboración el nuevo reglamento europeo que sustituirá a la directiva de 2009.
El nuevo plan nacional mantiene la línea de actuación del anterior e introduce dos nuevas medidas, el cuaderno electrónico de las explotaciones y la mejora e la evaluación de sustancias activas consideradas de bajo riesgo. Luis Planas ha señalado que con la actualización de este plan se pone de relieve la apuesta deicida del ministerio por introducir criterios de sostenibilidad en los cultivos agrícolas, y la consecución de producciones de mayor calidad y seguridad para los consumidores y que garanticen la competitividad y viabilidad de las explotaciones