El sector de las frutas y hortalizas acapara casi el 80% de las sanciones impuestas por la Agencia de Información y Control Alimentarios por incumplir la Ley de la cadena alimentaria. Los mayoristas son el eslabón de la cadena que aglutina casi el 70% de las sanciones, según el último informe de la AICA. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha valorado positivamente el trabajo de esta agencia pero le insta a intensificar la vigilancia y a hacer público el nombre de las empresas infractoras.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha criticado al colectivo de mayoristas de frutas y hortalizas por atesorar el “dudoso honor” de ser los que más incumplen la Ley de la cadena agroalimentaria. Según el último informe de la agencia AICA, dependiente del Ministerio de Agricultura, este colectivo acapara más de la mitad de las sanciones, lo que debería obligarles a una “profunda reflexión” y a cambiar su actitud “de inmediato”, según los agricultores.
En la mayoría de los casos, las sanciones impuestas por AICA son por incumplir los plazos de pago a los proveedores (un 43% de las sanciones) y por ignorar a la agencia gubernamental en sus requerimientos de información (un 39% de los casos). UPA ha recordado que no pagar las frutas y hortalizas a tiempo es ilegal desde 2010, años antes de la aprobación de la Ley de la cadena, y es una práctica que perjudica gravemente a los productores.
UPA ha animado a los agricultores y ganaderos a exigir sus derechos, como “cobrar a tiempo” o tener un contrato que “especifique claramente cantidades y precios”. También hace un llamamiento al sector para “denunciar más” y ser conscientes de que “hay que cambiar unos vicios instaurados desde hace mucho tiempo”. Como la venta a resultas, en la que los intermediarios se llevan la fruta sin que el agricultor sepa cuánto ni cuándo va a cobrar por su trabajo.
La organización ha felicitado a la AICA por su trabajo de control y vigilancia y ha mostrado su satisfacción por “tener un aliado que se preocupa de hacer cumplir la Ley”. En todo caso le han pedido que intensifique las inspecciones y que haga públicos los nombres de las empresas que incumplen la Ley.
Las Comunidades Autónomas deben investigar la venta a pérdidas
“El gran problema es que la venta a pérdidas no se investiga por parte de la AICA, sino que son las Comunidades Autónomas las que deben perseguirla”, han recordado desde UPA. Sin embargo, la mayoría de las regiones ignora esta práctica y no ejerce su competencia, incurriendo en una “anomalía jurídica” que perjudica gravemente a los agricultores y ganaderos. De las 91 denuncias presentadas a AICA, 33 de ellas denunciaban ventas a pérdidas, y han sido desestimadas, lo que a juicio de UPA pone de manifiesto “la gran carencia de la Ley de la cadena al no poder sancionar esta práctica”.
Fuente: UPA
