El TSJ admite la demanda colectiva de los agricultores contra la ley del Mar Menor
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha admitido a trámite una demanda colectiva presentada por cerca de 350 agricultores del Campo de Cartagena contra lo que denominan la mal llamada ley del Mar Menor.
La acción legal busca impugnar una normativa que, según los demandantes, presenta artículos de «palmaria inconstitucionalidad» y que ha tenido un impacto devastador en la actividad agrícola de la región.
En una rueda de prensa conjunta, el letrado Santiago González Varas, en representación de los agricultores, acompañado por Natalia Corbalán, directora de la Fundación Ingenio, entidad que ha coordinado y asesorado la acción legal, explicaron los motivos que llevaron a presentar la demanda.
Según González Varas, tras el silencio del Gobierno regional ante las preocupaciones planteadas, la vía administrativa se ha agotado, lo que ha llevado a recurrir a la vía judicial.
La demanda, interpuesta en lo contencioso-administrativo, busca poner fin o modificar las restricciones impuestas por la normativa del Mar Menor para hacerla conforme a la Constitución Española y garantizar la compatibilidad entre la agricultura y la protección medioambiental. Además, se argumenta que la ley actual impide el ejercicio de los derechos profesionales de los agricultores de la Región de Murcia.
La demanda cuenta con el respaldo de informes periciales de sociedades independientes de tasación, ingenieros agrónomos y cátedras universitarias, que han demostrado la devaluación de las tierras en el Campo de Cartagena desde la entrada en vigor de la ley, así como la degradación de la actividad económica en la zona.
Según los demandantes, esta legislación ha sumido al Campo de Cartagena en una «espiral de degradación económica» que afecta a decenas de miles de ciudadanos de la región.
El artículo 16 de la Ley del Mar Menor ha sido señalado como especialmente inconstitucional por los demandantes, ya que, según ellos, vulnera derechos fundamentales como el de la propiedad y la libertad de empresa. Este artículo prohíbe cualquier actividad económica alternativa en los campos de regadío productivos, salvo la instalación de plantas fotovoltaicas, lo que, según los letrados, evidencia un claro favoritismo hacia ciertos intereses.
Los agricultores del Campo de Cartagena organizados en torno a la Fundación Ingenio consideran que la ley del Mar Menor, pactada entre el Gobierno regional y el Gobierno central, ha sido resultado de presiones políticas y ha sido incompleta en la solución de los problemas de contaminación en la zona.
Santiago González Varas durante un momento de su intervención en la rueda de prensa.
Además, argumentan que la normativa ha ignorado problemas como los vertidos de aguas residuales urbanas, identificados por expertos como la principal causa de la contaminación del Mar Menor.
En la rueda de prensa, se destacaron varios artículos de la ley que consideran perjudiciales para los agricultores, incluida la expropiación de tierras y la prohibición de ciertas prácticas agrícolas sin ofrecer compensación económica. Los demandantes sostienen que la ley favorece a multinacionales y fondos de inversión en detrimento de los agricultores locales y sus familias.
El caso ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, y los agricultores esperan que se haga justicia y se modifique una ley que consideran injusta y perjudicial para sus intereses y los de la región en general.
