El sector agrario se movilizará de nuevo en febrero
Cooperativas Agro-alimentarias de Málaga, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y los sindicatos UGT y CCOO, tras el análisis de la actual situación del sector agrario de la provincia, han decidido de forma conjunta plantear a la administración que corresponda, ya sea autonómica o nacional, las demandas que estiman muy urgentes que se deben llevar a cabo con el fin de paliar la grave situación en la que se encuentran los agricultores y los ganaderos malagueños. Asimismo, y por este motivo, se ha decidido convocar una movilización para el próximo día 13 de febrero, cuyo formato se está perfilando.
Por ello, demandan el reconocimiento del sector agrario como sector estratégico en España, actuaciones del Gobierno e implicación en la toma de medidas para la dignificación de la figura del agricultor y ganadero como empresario. Además, solicitan una política de precios justos que garantice la rentabilidad de nuestras explotaciones y el mantenimiento del empleo.
Aseguran que existen «enormes desequilibrios» entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria en lo que afecta a la conformación de los precios de tal forma que el productor sigue siendo el eslabón «más débil teniendo que soportar bajos precios en origen no siendo proporcionales a los pagados por el consumidor final». En este contexto, han demandado que «la ley de la cadena alimentaria de una vez por todas tiene que ser operativa y eficaz». Respecto al aceite de oliva, afirman que se deben poner en marcha auténticas medidas de regulación de mercados de forma que cualquiera que se utilice como es el almacenamiento privado se haga con cantidades que realmente influyan en el mercado no como se ha hecho hasta ahora.
Exigen defensa por parte del gobierno central de nuestros intereses ya que para ellos es «inadmisible» que en la Unión Europea se consienta todo lo contrario a lo que su propio nombre indica admitiendo por un lado aranceles que lo único que traen es «ruina» para nuestras explotaciones y por otro permitiendo que estos mismos aranceles se apliquen de forma «discriminatoria» por país y producto. Del mismo modo, reclaman que las políticas llevadas a cabo frente a los terceros países impidan la competencia desleal que suponen.
Finalmente, exigen una planificación hidrológica «seria y compatible» con la rentabilidad de nuestras explotaciones; no es posible que no se permitan cambios en las concesiones en las que aun manteniendo las cantidades de agua no se permiten ampliaciones de superficie regada, incluso amparadas por cambios de cultivo con menor demanda de agua o por la implantación de sistemas de riego más eficientes. Por otro lado exigimos una mejora de las infraestructuras hidráulicas que nos permitan el máximo aprovechamiento de nuestras aguas.
