El MAGRAMA inicia expediente contra los buques Viking y Seabull en su operación contra la pesca ilegal
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha iniciado un expediente para depurar las responsabilidades en relación con la participación de personas físicas y jurídicas españolas en la propiedad, gestión y explotación de los buques Viking y Seabull 22, identificados como implicados en acciones de pesca ilegal. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Operación Sparrow 2 contra actuaciones de esta naturaleza y pone de manifiesto la política de tolerancia cero que España viene aplicando ante este tipo de prácticas.
El citado expediente deriva de las inspecciones realizadas, previa autorización judicial, en el curso de la denominada Operación Sparrow 2, por los servicios de inspección de la Secretaría General de Pesca en la sede de varias empresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, los días 28, 29 y 30 de julio de 2015. Durante dichas inspecciones se obtuvo abundante documentación (superando los 10.000 documentos), de cuyo análisis se deduce la existencia de un entramado empresarial, presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades españolas la propiedad, gestión y explotación de los mencionados buques.
Con la apertura de este expediente, el Ministerio continúa la senda marcada con la Operación Sparrow, que desembocó en un expediente sancionador por el que se impusieron sanciones por un valor superior a 16 millones de euros, así como inhabilitaciones para el ejercicio de actividades pesqueras de entre 5 y 23 años. También supuso la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas durante periodos que van entre los 5 y los 26 años, por la vinculación de personas físicas y jurídicas españolas con los buques Kunlun, Yongding, Songhua y Tiantai.
Cabe destacar que el derecho comunitario prohíbe expresamente que los nacionales de los Estados Miembros presten cualquier tipo de ayuda a la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), o se beneficien directa o indirectamente de la actividad de los buques incluidos en los listados comunitarios de este tipo de actividad pesquera.
Refuerzo legal
Para combatir dichas prácticas ha resultado clave el cambio normativo realizado por la Ley 33/2014, que refuerza las competencias del Ministerio en la lucha contra la pesca ilegal, al permitir la realización de inspecciones fuera de los buques y de las instalaciones de carácter estrictamente pesquero, previa obtención de autorización judicial, cuando así fuese oportuno.
La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, modificada en esta legislatura por la ley 33/2014, tipifica como infracción muy grave, la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques apátridas, o buques de países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales.
Esta normativa prevé sanciones entre 60.001 y 600.000€, así como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras, la pérdida de las licencias de pesca o la prohibición para obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.
Embarcaciones ilegales de pesca
Los buques Viking y Seabull 22 han sido identificados por diversos organismos internacionales, como CCAMLR (Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos) o SEAFO (Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental) como buques implicados en pesca INDNR. Por este motivo, en el año 2010 ambos fueron incluidos en el listado comunitario de buques ilegales.
Con el objeto de obstaculizar la persecución de sus actividades, ambos buques han cambiado habitualmente de nombre. Así el buque Viking también ha utilizado los nombres Octopus I, Berber, Snake, Pion, The Bird, Chu Lim, Yin Peng, Thor 33, Ulyses, Gale, South Boy o Piscis, mientras que al Seabull 22 también se le conoce como Itziar II, Carmela, Gold Dragon, Golden Sun, Notre Dame, Mare o Mare Serenitatis.
Guerra declarada a la pesca ilegal
La pesca INDNR es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina.
Repasando el histórico de actuaciones del Gobierno Español contra la pesca ilegal, destacar cómo la Operación BANDERAS supuso el inicio de expedientes sancionadores a los buques Anthony y Northern Warrior, todavía en tramitación, por su presunta explotación como buques apátridas y el uso de documentación falsa para ser autorizados a entrar en puertos españoles. Todas estas actuaciones ponen de manifiesto la firme voluntad de España de continuar siendo una referencia internacional en la lucha contra la Pesca Ilegal, No declarada y No Reglamentada.
Esta política de tolerancia cero ante la detección de este tipo de prácticas al margen de la ley se aplica no sólo a los buques de bandera española, también a todo lo relacionado con actividades de sus nacionales en cuanto a buques apátridas o con bandera de terceros, en cualquier parte del mundo.
Fuente: MAGRAMA
