“Comercio Justo” de Frutas y Hortalizas en Europa. David del Pino
Si le interesa el conocido concepto del Comercio Justo, no siga leyendo este artículo. Este artículo va de la justicia en el comercio de frutas y hortalizas. Es decir, va de la igualdad de trato ante la ley de todos los que participan en este negocio.
Pero empecemos con las últimas noticias de actualidad en el sector.
Anda el sector (y una gran parte de activistas políticos que jamás se han acercado al campo) indignados con las noticias (y filtraciones) sobre el desarrollo del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) sin darse cuenta de que la posible injusticia (que ya se verá) y diferencia de trato a los productores (y daño a los consumidores), ya existe en Europa (entre países comunitarios y con países terceros).
La Comisión Europea está estudiando la prohibición de uso 75 materias activas de protección de cultivos. Y este hecho, ha reavivado el sentimiento de injusticia de un sector acostumbrado a ser moneda de cambio en los acuerdos de comercio internacional.
Me explico… Imaginemos que estas materias activas se prohíben por la Unión Europea. Evidentemente los agricultores europeos no podrán utilizarlos pero, qué hay de los agricultores de fuera de la UE que dirigen sus productos hacia nuestros mercados. Pues estos productores exteriores, no tendrán por qué aplicar los mismos protocolos fitosanitarios. Y esta es la gran injusticia.
Todos entendemos que haya que prescindir de sustancias que sean dañinas para el medioambiente, los consumidores o los agricultores; pero lo que nadie puede entender, es que apliquemos distintas reglas de juego que perjudiquen a tus propios agricultores. Esto es el mundo al revés. El supuesto libre mercado queda restringido para beneficiar a los agricultores de fuera de la UE. ¿Alguien lo entiende?
Pues bien, este no es un caso hipotético referido a esas 75 sustancias. Esto es algo que ya ocurre con multitud de sustancias de protección de cultivos y su aplicación por productores de fuera de la UE. Y lo que es más sangrante aún: ocurre entre los productores de países pertenecientes a la UE, a pesar de los intentos, de los últimos años, de armonización de normativas.
Pongamos un ejemplo reciente. Hace unas fechas hubo una alarma sanitaria relacionada con la intercepción de una partida de tomates de Almería en Holanda que superaba el LMR (Límite Máximo de Residuos) de una sustancia conocida como “etefon”. La sustancia, en cuestión, está prohibida en España para tomate mientras que está autorizada en la UE y en Holanda. Lo que en Holanda es un incidente por superación de LMR, en España es una atentado contra la salud pública (por usar fitosanitario prohibido). ¿Mismo trato ante la ley?
En España, especialmente, y aunque es justo reconocer que ha mejorado en los últimos años, el proceso de registro de nuevas materias activas se alarga hasta más de dos años y si su aplicación es para usos en cultivos minoritarios, la empresa de productos fitosanitarios ni siquiera se molestará en registrarlo en el país (a ver si empieza a funcionar adecuadamente el reconocimiento mutuo de registros).
Esto crea unas diferencias abismales en los listados de sustancias permitidas entre productores de la UE. Y no tiene ningún sentido práctico, por cuanto las nuevas sustancias son mayoritariamente de muy bajo impacto medioambiental, bajísima o nula toxicidad y facilidad de aplicación. Prohibimos las existentes y bloqueamos la nuevas, mientras permitimos “todo” siempre que se produzca fuera de nuestras fronteras.
Sorpresivamente, nos ha salido un poderoso aliado. Una buena parte de la Gran Distribución no está por la labor de permitir diferencias entre los suministradores y le da igual si producen en Europa o allende los mares. Que no se me entienda mal. Esta parte de la Gran Distribución, está aún más interesada en reducir las sustancias activas que la propia Comisión Europea, pero garantiza igualdad de trato. Y no se han quedado ahí, quieren que todos sus suministradores trabajen con los mismos estándares medioambientales y de respeto de los derechos de los trabajadores.
Creo que es evidente que la justicia debe estar basada en la igualdad de trato. No se piden privilegios, queremos las mismas reglas de juego para todos. Y es curioso, que no esté siendo la Ley la que la propicia, sino una parte de la Gran Distribución.
David Del Pino, director general de Granada La Palma SCA y blogger en www.daviddelpino.com
