AGAPROL denuncia a Puleva por usar el sello PLS en leche ordeñada en otros países
La denuncia de AGAPROL sobre Puleva se ha formulado ante la AICA al vulnerarse el criterio que exige que los Productos Lácteos Sostenibles sean de origen español
El “Buzón de denuncias” que Agaprol pone a disposición de los ganaderos de este país ha servido, una vez más, para disparar las alarmas sobre irregularidades en el sector lácteo.
La denuncia que Agaprol ha presentado ante la Agencia para la Información y el Control Alimentario AICA necesitará de poca confirmación por parte de los responsables del ministerio de Agricultura. Puleva envasa y vende leche procedente de ordeño en la Unión Europea bajo el paraguas del Sello PLS (Productos Lácteos Sostenibles) que el propio ministerio puso en marcha en el año 2013 para apoyar la producción nacional.
Puleva es una marca perteneciente a la multinacional francesa Lactalis y en el mismo etiquetado de sus botellas de 1,5 litros de leche entera está incumpliendo el reglamento que rige el citado sello de calidad.
El etiquetado de Lactalis para Puleva es la prueba en si misma de que la multinacional incumple el criterio establecido para poder utilizar el sello PLS y que reza expresamente ”Una garantía del origen español de la leche y de los derivados lácteos” que, obviamente, en este caso la industria no cumple.
Estafa al consumidor
La compra de leche a bajo precio en otros países y la venta en España como leche española auspiciada por el sello oficial PLS es una clara manipulación de los intereses de los consumidores a la vez que un perjuicio para los ganaderos de este país.
Lactalis está protagonizando en estos momentos una fuerte polémica en el sector lácteo de este país al imponer bajadas de precios inasumibles para las explotaciones. La multinacional francesa, además de presionar a la baja los precios en España, se aprovecha de las iniciativas nacionales para hacer pasar por españoles productos que proceden de terceros países.
Ley de la Cadena
Agaprol OPL ha presentado ante la AICA las pruebas pertinentes para demostrar estas prácticas en base a su condición de entidad “titular de intereses legítimos colectivos” tal y como se establece en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.
