Planas: «La ley de la cadena responde a la demanda de precios dignos»
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la ley de la cadena recoge suficiente flexibilidad para atender las especificidades de cada sector agroalimentario. Una ley, ha subrayado, que atiende a una demanda histórica de las organizaciones profesionales agrarias, que los productores perciban precios dignos.
Planas, acompañado por el presidente del Gobierno de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, ha continuado su visita al archipiélago. Se ha desplazado a La Palma donde ha comenzado la jornada visitando el sistema de riego de la balsa del Vicario, que está próxima a finalizarse, con un presupuesto de ejecución de 9,34 millones de euros, y ha concluido con la reunión con representantes del sector del plátano canario.
En el encuentro, se ha abordado la demanda de una parte del sector del plátano de excluir esta fruta de algunos aspectos de la Ley de la cadena alimentaria. En estos momentos se está tramitando en las Cortes la segunda fase de su modificación, la transposición a la normativa española de la directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.
El ministro ha escuchado las propuestas del sector y ha señalado la voluntad del Gobierno de aclarar, en las enmiendas –la modificación de la ley se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria- los aspectos relativos al cálculo del coste de producción.
Ha remarcado que no hay ninguna razón objetiva para que el plátano producido en las Islas Canarias quede excluido de los preceptos de la ley y esté dispuesto a vender, sistemáticamente, por debajo del coste de producción.
El Gobierno ha atendido con esta ley una de las demandas históricas de agricultores y ganaderos. El objetivo: dotar de transparencia la formación de precios, equilibrar la cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil para asegurar que los productores cobren un precio digno.
Planas ha hecho hincapié en que esta ley persigue evitar la destrucción de valor, así como determinadas prácticas comerciales desleales y luchar contra la venta por debajo del precio de producción.
Además la ley ofrece suficiente flexibilidad para poder atender las especificidades de cada sector, ha asegurado. La ley obliga a que en el contrato se indique si el precio pactado cubre el coste efectivo de producción, y para ello el vendedor debe conocerlo. Sin embargo, no es necesario que este coste figure en el contrato, pero obviamente sí debe ser uno de los elementos sobre los que se establezca al precio de venta.
El cálculo del mencionado coste efectivo de producción lo hará cada sector y cada explotación a su medida. Por ejemplo en el caso del plátano, si se hiciera un contrato de suministro continuado por un año, no haría falta que cada partida estuviese por encima del coste efectivo, sino que el conjunto de todas las entregas tuviese un valor que cubriese dicho coste.
Por otra parte, la producción de plátano canario está organizada en torno a seis organizaciones de productores con forma jurídica de empresas de economía social (cooperativas y sociedades agrarias de transformación).
En este caso, ha detallado Planas, las entregas de los socios no se consideran relaciones comerciales (al ser el socio parte de la empresa). Se trata de entregas para la comercialización en común, no existe venta y, por tanto, no ha de pagarse un precio igual o superior al coste efectivo de producción al anterior operador. En este caso se velará porque la entidad en su conjunto perciba un precio igual o superior a los costes de producción.
Ha insistido en que la modificación de esta ley ha sido fruto de la demanda histórica del sector: percibir precios dignos, a través de una cadena agroalimentaria más justa y transparente en la formación de precios.
El plátano de Canarias es un producto de calidad, una Indicación Geográfica Protegida, diferenciado por su origen que le otorga unas características propias y exclusivas. “Un producto que ha de valorizarse y que no debemos banalizar”, ha remarcado el ministro.
