UPA insiste en la modificación de la Ley de la cadena alimentaria
Poco antes de la actual crisis sanitaria, los profesionales del campo «estábamos inmersos en una histórica movilización bajo el lema ‘agricultores al límite’», dice UPA.
Durante semanas, se habían estado sucediendo masivas protestas y tractoradas por toda la geografía española, para reivindicar precios justos, mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria y, en definitiva, por un futuro para los agricultores y ganaderos, que en muchos casos están vendiendo por debajo de los costes de producción.
El calendario de acciones hubo de detenerse ante la realidad imperante y el estado de alarma, pero no sin antes haber conseguido un hito muy importante dentro de las reivindicaciones de todas las organizaciones profesionales agrarias: la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, un marco legal vigente desde 2011, pero que, en la práctica, no estaba sirviendo para acabar con los desequilibrios en el sector, ni frenar las prácticas comerciales abusivas por parte de industria, distribución y comercialización.
Y es que la necesidad de mejorar las relaciones entre todos los eslabones de la cadena y evitar situaciones de oligopolio e indefensión de agricultores la vemos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo con el sector olivarero en el contexto actual de crisis sanitaria. Así, a pesar de que el consumo nacional de aceite de oliva se ha incrementado, y el ritmo de salidas general del producto en los mercados es bueno, los especuladores siguen lucrándose de manera descarada, mientras que los productores continúan percibiendo los mismos precios ruinosos en origen, muy por debajo del coste de producción.
Por todo ello, cuando se han cumplido dos meses de la publicación de las modificaciones de la Ley de Cadena Alimentaria, desde UPA Andalucía consideran que hay que defenderla firmemente y dar continuidad a su desarrollo, con el fin de conferir a nuestro sector productor una rentabilidad digna y mayor certidumbre de cara a un futuro próximo. Y es que, en este momento, la norma se encuentra en una fase de trámite, abierta para que los grupos parlamentarios realicen las alegaciones oportunas para su mejora y enriquecimiento. Por tanto, desde la organización agraria han trasladado a la Consejería de Agricultura, que es la que debe aglutinar esas peticiones de modificación andaluzas al Gobierno central, que bajo ningún concepto se paralice ni se retrase su aplicación, pues es una grandísima oportunidad para el sector agrario, y determinante para su futuro.
Algunos de los aspectos esenciales que recoge la Ley de cadena alimentaria son el establecimiento de unos precios mínimos ligados a los costes de producción, así como la prohibición de la venta a pérdidas, fundamentales para el reequilibrio de los eslabones de la cadena agroalimentaria y beneficio de todo el sector primario.
Paralelamente a la tramitación parlamentaria de la ley, está en información pública la trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. Esta es otra de las piezas clave para la transparencia a lo largo de la cadena. En el proceso de asimilar esta directiva a nuestra legislación, dentro de las modificaciones que reclama UPA Andalucía, está la necesidad de incorporar algunas cuestiones importantes como los contratos con el canal HORECA o reforzar el papel del mediador en los contratos agroalimentarios.
Del mismo modo, también consideran que se deben ampliar las competencias de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, además de las de promoción e investigación, otorgándoles competencias de autorregulación a través de extensión de norma con condiciones de obligado cumplimiento para todo el sector, con el fin de gestionar excedentes, programar y limitar producciones, etc.
Otro aspecto que necesita la norma mejorar en su redacción es en lo referente al etiquetado. Defienden desde UPA Andalucía que, en la etiqueta, tiene que ser obligatorio indicar claramente el origen de los productos, diferenciándolos de países de la UE y otros países extracomunitarios, con sus respectivos porcentajes. Asimismo, es preciso incorporar en la etiqueta el marcado CE para productos cuyo origen, manipulación, transformación y distribución hayan sido llevados a cabo conforme a las normas y estándares de la Unión Europea. Este marchamo potenciaría y daría valor a las producciones internas frente a las de terceros países e, indirectamente, favorecería a los agricultores y ganaderos de nuestro país.
Para la aplicación correcta de la Ley de Cadena Alimentaria y la trasposición de la Directiva de Prácticas comerciales Desleales, se hace imprescindible, además, reforzar el observatorio de precios. En la actualidad, existen distintos observatorios oficiales, tanto del Ministerio de Agricultura como de algunas CC. AA. Estos deberían ser coordinados y potenciados, dotándolos de mayor importancia. También habría que adicionarles un observatorio de costes de producción, ya que esta referencia es la que más afecta al sector agrario a la hora de determinar la rentabilidad de las explotaciones.
Para concluir, añaden desde UPA que la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) debe tener un papel aún más beligerante, si cabe, en la aplicación de la ley y de la directiva. Este organismo debe seguir vigilando las relaciones comerciales de la cadena y velando por que se cumpla la ley, aunque entendemos que debe realizar una labor más exhaustiva marcando directrices, actuaciones y protocolos de interpretación, y dar publicidad a las sanciones.
