El sector citrícola español perdería 1.500M€ si se eliminan 75 materias activas
Por Juan Herrera
El Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, celebrado la pasada semana en Sevilla, fue el marco escogido por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) para la presentación de los resultados del Informe Low Yield, llevado a cabo por la consultora Steward Redqueen a instancias de European Crop Protection (ECPA).
Su objetivo: analizar los efectos socioeconómicos que una legislación basada en la peligrosidad de los productos fitosanitarios conlleva para la agricultura y el suministro agroalimentario europeos.
La viabilidad de la agricultura europea está sometida a una fuerte presión. La tendencia comunitaria de legislar teniendo en cuenta la peligrosidad de los productos, obviando los beneficios que un correcto uso de los mismos puede ofrecer a nuestra sociedad, podría provocar que 75 de las 400 sustancias activas actualmente disponibles para proteger los cultivos europeos, sean prohibidas.
“Los agricultores europeos no dispondrían de la variedad de soluciones necesaria para garantizar la viabilidad de sus explotaciones, la agricultura europea perdería competitividad y por extensión, los efectos sobre la economía, el empleo y el medio ambiente en Europa serían muy negativos, comentó Hedda Eggeling, representante de la consultora Steward Redqueen y coautora del informe, que presentó las principales conclusiones del estudio llevado a cabo en 9 países comunitarios (entre ellos España), analizando 7 cultivos básicos y 24 especializados.
Entre los efectos directos sobre la producción agraria, se identifica una disminución de entre un 10-20% de rendimiento en cebada, trigo, colza y maíz; de entre un 30-40% en patata y remolacha y un 20% en viña. En el caso de España, el sector citrícola sería el más afectado con unas pérdidas cuantificadas en cerca de 1.500 millones de euros.
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA: “Europa somete a sus agricultores a una injustificada presión a través de esta estricta y arbitraria legislación, omitiendo la profesionalidad demostrada por el sector”
Tal y como recordó Aguado, “la realidad es que el agricultor necesita proteger sus cultivos frente a plagas y enfermedades. La ciencia ha puesto a nuestro alcance eficaces herramientas para garantizar la salud de los alimentos que producimos y que llegan a la mesa de los consumidores. Los utilizamos cuando resulta necesario y siempre respetando las recomendaciones establecidas. Somos los primeros interesados en aplicar estas tecnologías de manera correcta, y eso es algo que nuestra sociedad parece desconocer. Debemos comunicarlo, sólo así el consumidor conocerá el trabajo responsable llevado a cabo para garantizar un suministro suficiente de alimentos sanos y seguros”, añadió.
La falta de materias activas complica además, la necesaria alternancia de soluciones fitosanitarias, como ocurre con los medicamentos, lo que sumaría un problema añadido a la pérdida de productividad, la aparición de resistencias
“Las decisiones que tomen hoy las Autoridades pueden tener un impacto inmediato y significativo en nuestro aprovisionamiento de alimentos, y por extensión en la capacidad de las generaciones futuras para acceder de forma segura, saludable, asequible y sostenible a éstos”, ha declarado Carlos Palomar, director general de AEPLA, quien añadió: “debemos permitir a nuestros agricultores producir más alimentos de forma eficiente, usando menos suelo y menos recursos naturales. Los políticos, la industria y la sociedad necesitan trabajar de manera conjunta para desarrollar soluciones integradas y sostenibles. Y para alcanzar estos objetivos la tecnología, la ciencia y la investigación resultan esenciales”.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
➡️ Unificar criterios, el gran reto en el registro de los fitosanitarios
➡️ Antonio Vergel: “sin fitosanitarios, la producción agro-alimentaria se reduciría más de un 50%”
