El plan de reconstrucción tras la DANA ya está en las mesas de las administraciones
La administración regional, la nacional e incluso la europea, ya tiene sobre sus meses diversos planes de reconstrucción del sector agrícola tras los devastadores efectos de la DANA.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lleva el asunto de la DANA al corazón de Europa. Una delegación de la organización agraria presidida por Cristóbal Aguado se reunió ayer en Bruselas con el futuro comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, para exponerle los devastadores efectos del temporal del 29 de octubre en el sector agrario valenciano –las primeras estimaciones ascienden a 1.089 millones de euros en pérdidas– y, en este sentido, entregarle un documento elaborado junto a la organización nacional ASAJA que, bajo el título “Paquete de medidas extraordinarias para la reconstrucción del sector agropecuario en Valencia y otras zonas de España afectadas por la DANA”, reivindica fondos europeos, preferentemente no cofinanciados con el Gobierno y la Generalitat Valenciana.
El futuro comisario Hansen mostró una buena predisposición durante el encuentro a contribuir en la aportación de ayudas europeas para los damnificados por la DANA, señalando en algunos casos que tiene que constar la valoración de daños y la solicitud por parte del Gobierno español, e incluso aceptó la invitación de ASAJA para visitar en breve las zonas afectadas en Valencia.
Medidas propuestas tras la DANA
El plan presentando la comisario Hansen propone en primer lugar la activación inmediata del Fondo de Reserva Agrícola de la PAC, que debe ser solicitada por el Gobierno español. Hasta ahora, Grecia, Eslovenia, Italia (por dos veces), Austria, República Checa, Polonia, Portugal, Alemania, Rumanía, Bulgaria y Estonia han recibido ya un monto de 295.100.000 euros por desastres naturales, gripe aviar, impacto del clima del sector hortofrutícola, destilación extraordinaria de crisis del vino y eventos climáticos adversos en primavera y verano. Por lo tanto, la asociación pide asignar de manera inmediata los 154.900.000 euros que restan del Fondo de Reserva Agrícola de la PAC para España.
También solicita suprimir excepcional y temporalmente el porcentaje mínimo exigido para medidas medioambientales, que es obligatorio a día de hoy, dentro del primer y segundo pilar de la PAC para que se puedan incrementar y crear nuevas partidas de apoyo directo a los agricultores y ganaderos que ayuden a la reconstrucción.
Paralelamente, el documento incluye eliminar los posibles requerimientos que no se puedan conseguir por causas de fuerza mayor para seguir recibiendo las ayudas de la PAC, en ambos pilares, hasta el año 2027. Por ejemplo, si un ganadero no puede cumplir con la carga ganadera mínima exigida porque ha fallecido parte de su ganado por las inundaciones o por las infecciones, automáticamente debería darse por cumplido ese requisito garantizando el apoyo hasta el año 2027. Asimismo, hay que asegurar que los fondos de la PAC sigan llegando incluso a aquellos agricultores y ganaderos que hayan perdido su superficie agrícola a causa de las inundaciones, tanto en el primer pilar como en el segundo (instalaciones de jóvenes agricultores, planes de mejora, etc.)
Según el documento, España, tras la correspondiente solicitud del Gobierno español, debería ser incluida automáticamente por la CE para que tenga acceso inmediato a la reasignación de fondos de Desarrollo Rural para la recuperación de catástrofes climáticas. Por lo tanto, deben ser tenidos en consideración el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo de programación actual (2021-2027), así como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) como parte del marco del periodo 2014-2022. Es decir, España debería ser añadida automáticamente junto a los 7 estados miembros ya afectados (Polonia, Rumanía, Austria, Chequia, Hungría, Portugal y Eslovaquia).
Otra reivindicación consiste en que la CE autorice la creación de una ‘Línea de Reconstrucción’, dentro del segundo pilar (FEADER), que vaya dirigida a las zonas afectadas por catástrofes naturales en la UE. En este sentido, España y especialmente la provincia de Valencia merecen tener ahora acceso a esta línea.
Además, la propuesta agraria aboga por que la CE autorice de manera inmediata la reasignación de todos los fondos disponibles dentro del Next Generation para la Reconstrucción de Valencia y otras zonas de España afectadas por la DANA, en concreto la reconstrucción productiva del sector agropecuario y de todas sus instalaciones y maquinarias afectadas sin ningún tipo de discriminación. Para una mayor rapidez en la llegada de los fondos, deberían tramitarse a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y/o las entidades de crédito.
Por último, el documento puntualiza que todos los fondos que sean utilizados no deben computarse en el déficit del gobierno de España.
LA UNIÓ reclama a la Generalitat que complemente las medidas del Gobierno
La Unió Llauradora i Ramadera solicita a la Generalitat que ponga en marcha de forma urgente un plan con ayudas y medidas, dotado con un presupuesto suficiente, para recuperar la capacidad productiva del campo valenciano tras la DANA y que complemente el aprobado ya por el Gobierno de España.
La organización agraria pide la aprobación de forma inmediata por parte de la Generalitat de las bases reguladoras para disponer de ayudas directas con fondos propios destinadas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que se hayan visto afectadas por esta situación catastrófica y que permita restaurar la capacidad productiva de las explotaciones dañadas.
LA UNIÓ considera que las principales pérdidas de esta DANA son estructurales y se centran en las infraestructuras agrícolas, con una cifra provisional estimada por la organización de más de 511 millones de euros. Es urgente la reparación de las infraestructuras agrarias para facilitar el acceso a explotaciones y poder realizar las tareas de adecuación y recuperación productiva mediante la limpieza de los campos.
Hay daños tanto en bienes comunales como en los particulares de las parcelas de cultivo. Se observan destrozos en caminos rurales y márgenes, instalaciones de riego, márgenes y muros de contención en bancales, rotura de acequias, casetas de aperos, maquinaria, invernaderos, espalderas de viñas, aterramiento en campos y caminos; además de arrastres con pérdida de plantaciones.
El Gobierno de España ha habilitado una partida de 175 millones para esta reposición y la Conselleria de Agricultura ha anunciado solo 20 millones, una cuantía totalmente ridícula. LA UNIÓ insta a la Generalitat a aportar una cantidad significativamente mayor para complementar la ayuda estatal y cubrir las necesidades reales del sector agrario.
Además, dado que el Gobierno de España no ha contemplado en sus medidas y ayudas los municipios de Castellón afectados por las lluvias torrenciales, LA UNIÓ solicita al Consell que incluya a estos municipios en su plan de apoyo, tal y como trasladó la organización agraria el pasado 8 de noviembre.
El impacto en los cultivos también deja un reguero de pérdidas. Los cultivos con mayor afección son los cítricos, caquis y las hortalizas, viveros y plantas ornamentales y en menor medida el viñedo, donde en conjunto puede haber unas pérdidas superiores a los 300 millones de euros según LA UNIÓ. La organización pide un plan de reconversión de algunos cultivos que han perdido el arbolado
LA UNIÓ también solicita a la Conselleria de Agricultura el reparto gratuito de fungicidas para evitar enfermedades en los árboles ante el exceso de humedad. En este sentido, para agilizar el proceso propone que el agricultor lo compre ya y presente la factura para que se le reintegre el importe.
Debido a la pérdida y destrozos en la maquinaria agrícola, a instancias de LA UNIÓ el Gobierno ha aprobado ya una ayuda de 10 millones en esta materia que tiene que desarrollarse mediante orden ministerial. Mientras no esté operativo, la Conselleria de Agricultura ha de poner a disposición de los agricultores afectados que han perdido la maquinaria agraria un servicio de trabajos agrarios para apoyarles en las tareas de recuperación de cultivos y tierras y que, por lo tanto, no podrán realizar durante los próximos meses los trabajos habituales de cultivo hasta que puedan disponer de una nueva maquinaria en propiedad.
