UPA propone una política de aguas con criterios sociales

El riego se sitúa como un impulsor del desarrollo gracias a la generación de alimentos y la creación de riqueza que conlleva consigo. De manera general, una hectárea bajo riego produce seis veces más que una en secano (con un 22 % de las tierras de cultivo en España destinadas al riego, alrededor de 3,77 millones de hectáreas, se obtiene más del 64 % de la Producción Final Agraria nacional).

En términos de ingresos para el agricultor, también de forma general, el rendimiento es aproximadamente cuatro veces mayor en comparación con la agricultura de secano.

Las explotaciones agrarias que hacen uso del riego son más competitivas y menos dependientes de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), ya que representan un porcentaje menor de los ingresos provenientes de estas ayudas.

El riego permite diversificar los cultivos (lo que mejora la gestión de riesgos) y estabilizar las producciones, lo que a su vez reduce los riesgos relacionados con el clima.

Además, el riego tiene un efecto multiplicador en la economía rural: sostiene a la industria agroalimentaria y dinamiza otros sectores económicos (como la industria de servicios e insumos, la agroindustria, el transporte, el sector comercial, entre otros).

Un acicate para el empleo

En términos de empleo, el riego tiene una gran capacidad para generar empleo directo, cuadruplicando el generado por la agricultura de secano en promedio (se necesitan aproximadamente 9,2 hectáreas de riego o 41,6 hectáreas de secano para crear un puesto de trabajo).

También tiene una alta capacidad para generar empleo indirecto (en sectores como insumos, servicios, agroindustria, transporte, comercio, entre otros). El riego promueve empleos con un mayor nivel de cualificación profesional y facilita la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario y al mercado laboral en general en las áreas rurales.

En general, el riego asegura la viabilidad de las explotaciones familiares al aumentar su rentabilidad. Además, es crucial para la fijación de población en contra de la despoblación rural: está comprobado que en las zonas con riego, el factor demográfico y la dedicación a la agricultura son mucho más altos que en las zonas de secano, donde el despoblamiento es más evidente.

Frente a los efectos del cambio climático, las explotaciones que hacen uso del riego son mucho más resilientes, especialmente frente a la sequía. De hecho, desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se ha señalado que la modernización del riego es una herramienta vital en la lucha contra el cambio climático.

Tanto desde la perspectiva de la adaptación, al permitir, con inversiones orientadas hacia un consumo más racional y eficiente del agua, hacer frente a sequías cada vez más intensas para garantizar la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones; como desde el punto de vista de la mitigación, al ir reemplazando las energías fósiles por fuentes renovables, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyendo al objetivo de descarbonizar nuestra economía.

Un consumo cada vez menor

En España, la extensión de tierras bajo riego abarca aproximadamente 3,77 millones de hectáreas (datos de 2022), habiendo experimentado un incremento de más de 250.000 hectáreas desde 2012 (cuando había 3,52 millones de hectáreas).

A pesar de este aumento en la superficie, el consumo de agua para riego ha disminuido gracias a la modernización de los sistemas de riego. Cerca de 1,5 millones de hectáreas ya se han sometido a esta modernización, lo que ha resultado en un uso más racional y eficiente del agua, tanto a través de una mejor gestión como de la implementación de tecnologías que ajustan el suministro de agua según las necesidades reales de las plantas.

De hecho, la superficie regada mediante métodos de gravedad, que históricamente ha sido la más demandante en términos de agua, ha experimentado una reducción significativa en las últimas décadas, pasando de representar más del 50 % del total del riego a tan solo el 21 % en 2022.

Por otro lado, los sistemas de riego localizado, como el goteo, ahora constituyen más del 55 % de las áreas de riego, abarcando más de 2,1 millones de hectáreas. A pesar de estos avances, desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se hace un llamado a invertir más en la modernización del riego para cubrir la mayor parte posible de nuestra superficie y para incrementar la disponibilidad de agua a través de medidas como la desalinización y la reutilización del agua, respaldadas por programas de apoyo financiero.

El riego en España juega un papel crucial en diversos sectores, como los cítricos (91,6 %), hortalizas (89 %), viñedos (42 %), olivares (31,3 %) y cereales (15 %). Sin embargo, la distribución de estas tierras es desigual entre las Comunidades Autónomas, con Andalucía liderando con más de 1.1 millones de hectáreas (29,2 %), seguida por Castilla-La Mancha con más de 585.000 hectáreas (15,5 %), Castilla y León con 451.000 hectáreas (12 %), y Aragón con 414.000 hectáreas (11 %).

Un bien necesario

UPA ha destacado la importancia de la agricultura familiar en el contexto del riego en España, resaltando que este modelo de explotación es mayoritario en nuestras tierras de riego, proporcionando alimentos para la sociedad y contribuyendo al mantenimiento del medio rural en todos sus aspectos (económico, social, territorial, ambiental, cultural, entre otros).

Por este motivo, UPA demanda con urgencia una Ley de Agricultura Familiar para respaldar y promover este modelo agrícola social frente a la creciente presencia de capitales e inversores externos (fondos de inversión y grandes explotaciones) cuyas acciones especulativas amenazan la viabilidad de los agricultores familiares.

Si no se toman medidas para frenar esta tendencia, los efectos negativos podrían aumentar peligrosamente en un futuro cercano.

Además, UPA solicita una política más equitativa y social en lo que respecta a los recursos hídricos, incluyendo criterios sociales en las concesiones de derechos de agua, fomento de los bancos públicos de agua y mecanismos de intercambio, eliminación del mercadeo en las concesiones de agua, y la aplicación de criterios sociales en los planes de sequía.