¿Se convertirá España en importador neto de tomate?
Las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo se han incrementado en un 52% desde 2013, todo ello gracias a los privilegios de la UE al agronegocio en Marruecos, que abocarían a España a ser importador neto de tomates en 2035
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado medidas urgentes a nivel europeo contra la competencia desleal de las importaciones de terceros países en el sector del tomate. El responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha participado en la reunión del Observatorio del Mercado de Tomate de la UE y ha demandado la puesta en marcha inmediata de actuaciones que reviertan la actual indefensión en frontera frente a importaciones de países como Marruecos o Turquía y sirvan para paliar los daños en la rentabilidad de las personas productoras en España y en toda la UE.
COAG ha reclamado, entre otras cuestiones, la inclusión del cumplimiento de las normas europeas de producción en los acuerdos comerciales con terceros países, la revisión del sistema de precios de entrada (completamente inútil por no considerar la diferenciación entre tomate redondo de las especialidades), la reducción del contingente de tomate con beneficios arancelarios por la salida del Reino Unido de la UE y la aplicación de medidas de salvaguardia en los momentos de perturbación grave de los mercados, cosa que ocurre año tras año por las importaciones de terceros países.
Esta misma semana, el gobierno de Marruecos anunciaba que va a subvencionar la producción de tomate, junto a la de cebollas y patatas, con entre el 50 y el 70% de su valor. En concreto, la producción de tomates recibirá un apoyo de entre 3.600 y 6.300 euros por hectárea. Además, las empresas productoras alauitas se verán beneficiadas de una subvención a los fertilizantes nitrogenados de 200 millones de euros y de la movilización de 600.000 toneladas de fertilizantes fosfatados. Esto se suma al fuerte impulso del Gobierno marroquí a sus producciones hortofrutícolas a través del Plan Marruecos Verde y del Plan Generación Green, así como por la incorporación fraudulenta de las producciones del Sahara Occidental como propias a efectos de beneficiarse de las concesiones arancelarias. “Mientras aquí nos dedicamos a desregular la entrada de producto de terceros países, nuestros competidores refuerzan las ayudas a la agroexportación, con medidas que caerían en la ilegalidad, ahondando más en el dumping comercial frente a la producción europea de tomate”, ha recalcado Góngora. “Lo más grave de todo es que la Comisión Europea es consciente de ello y no parece querer poner remedio. Todo lo contrario, abandona a las personas que producimos y facilita que las empresas de aquí se vayan a producir fuera para que luego inunden nuestros mercados con producciones que dañan nuestra rentabilidad. ¿Quiere la UE depender de Mohamed VI a la hora de elaborar sus ensaladas? A priori, resulta como mínimo inquietante”.
De hecho, durante la reunión del Observatorio, la Comisión Europea ha presentado sus datos a medio plazo para el sector en los que prevé una importante caída del -21,5% de la superficie y del 22% de la producción de tomate fresco en España hasta 2035, precisamente por la competencia de Marruecos, entre otros factores. Toda la Unión Europea se sufriría un importante crecimiento de las importaciones de terceros países, pero el país más perjudicado sería España, dado que pasaría a ser importador neto tomate en 2035, debido a la presión de los competidores de fuera de la UE, en lugar de uno de los principales actores del mercado europeo con sus envíos.
Los datos de comercio exterior muestran como las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo se han incrementado en un 52% desde 2013 hasta 2022 (pasando de 365.695 tn a 557.225, casi 200.000tn más), mientras que las procedentes de Turquía casi se han cuadruplicado en un periodo similar (de las 50.850 tn en 2014 a las 185.718 en 2022). Las condiciones de producción desiguales, por disponer de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos o por permitir condiciones laborales a veces abusivas y costes salariales muy inferiores, hacen que las producciones procedentes de estos compitan deslealmente a su entrada en los mercados europeos.