Las ayudas de la Política Agraria Común deben tener una distribución más justa y más social. Con esa premisa, la organización de agricultores y ganaderos UPA ha reclamado que la futura PAC establezca un techo de ayudas por explotación de 60.000 euros, un tope un 60% inferior al existente actualmente.

Los Estados miembros, entre ellos España, han decidido por voto mayoritario la restricción (prácticamente) definitiva de tres insecticidas neonicotinoides que se ya encontraban en suspenso desde 2013. Se trata de la clotiadinida, el imidacloprid y el tiametoxam. La decisión está basada en el informe negativo emitido por la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea) que concluye que estos productos representan un riesgo para las abejas y otros polinizadores. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los reciente informes desarrollados por ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety)  y JRC (Joint Research Center)  sobre la disponibilidad y viabilidad de alternativas que protejan los cultivos.

El campo español respira tranquilo, tras conocerse el 28 de noviembre la decisión de la Comisión Europea de autorizar, finalmente, por cinco años más el uso del herbicida glifosato. Atrás quedan dos años de negociaciones y prórrogas que ha tenido a nuestro sector agrario en vilo, ya que, España hubiera sido el país que se hubiera visto más perjudicado, de haber prosperado las presiones para su prohibición, según se asegura desde el sindicato agrario UPA. Por su parte, la alianza ALAS, que integra a UPA y ASAJA , Cooperativas Agro-alimentarias de España, FEPEX, y la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos, valora que se haya escuchado a las agencias científicas oficiales de la UE que avalan el uso de este producto, aunque lamenta que la renovación no haya sido por los quince años que permite la normativa.