El Seguro Agrario: una herramienta de política agraria de la que estar orgullosos. José María García de Francisco. ENESA
Cumplidos los 30 años desde la adhesión de España a la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea), durante los cuales hemos asistido a la integración de nuestro sector agrario en el mercado único europeo, la aplicación de la política agraria común y las sucesivas reformas de ésta, España sigue manteniendo en su política agraria un «hecho diferencial», una herramienta que fue puesta en práctica con anterioridad a este proceso de integración y que actualmente mantiene plena vigencia.
Me refiero, claro está, al Sistema español de Seguros Agrarios, que ha convertido a España en un país de referencia a nivel internacional en materia de seguro agrario.
Nuestro Seguro Agrario Combinado, tal como lo conocemos hoy día, existe desde 1980 y constituye una herramienta de singular valor para nuestros agricultores, ya que les permite gestionar racionalmente los riesgos naturales a los que se enfrenta su actividad y, de ese modo, contar con una estabilidad en sus ingresos que hace posible planificar las inversiones y favorece la innovación en sus producciones.
En el contexto europeo, el Seguro Agrario español constituye una singularidad, ya que su implantación es muy superior a la que se observa en otros países de nuestro entorno: supone cerca de 500.000 pólizas anuales y un capital asegurado de unos 12.000 millones de euros, lo que representa alrededor de la cuarta parte de nuestra producción agraria.
Gran parte del éxito de nuestro Sistema de Seguros Agrarios radica en su carácter mixto público-privado, que permite que tanto las administraciones estatal y autonómicas como el sector asegurador y el propio sector agrario participen en la toma de decisiones. Esto le confiere la flexibilidad y dinamismo necesarias para que, a lo largo de sus 37 años de historia, haya ampliado progresivamente su ámbito de aplicación hasta abarcar la práctica totalidad de las producciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales, y haya adaptado sus coberturas a las necesidades de los agricultores, que actualmente cuentan con una amplia gama de opciones de aseguramiento, que cubren tanto los daños específicos como, en algunas producciones, la pérdida de rendimientos.
El sector agrario, representado a través de sus organizaciones profesionales y de las organizaciones de las cooperativas agrarias, ha sido y sigue siendo uno de los principales impulsores de nuestro sistema, ya que su intervención activa es esencial en el proceso de diseño y actualización de las diferentes líneas de seguro y, por otra parte, desarrolla una valiosa labor de fomento y divulgación del Seguro Agrario, participando también en su comercialización.
De especial relevancia es también el papel que juegan las entidades aseguradoras privadas, que son quienes prestan el servicio y asumen los riesgos implícitos en cada póliza de seguro suscrita, así como la función de AGROSEGURO, entidad de gestión en la que participan dichas aseguradoras en régimen de coaseguro y que se encarga de realizar, en nombre de éstas, los trámites ligados al Seguro Agrario (cobro de las pólizas y liquidación de las subvenciones, tramitación de declaraciones de siniestro, peritaciones y pago de las indemnizaciones). La intervención de AGROSEGURO hace posible que las compensaciones se tramiten con mucha mayor agilidad que si se tratara de indemnizaciones directas de la Administración, y que nuestros agricultores puedan cobrarlas en un plazo medio de 45 días.
Sin embargo, este sistema no sería viable sin la participación del sector público, ya que la elevada siniestralidad de la actividad agraria disuadiría a las compañías aseguradoras de ofrecer este tipo de seguros si no contara con el respaldo del Consorcio de Compensación de Seguros como entidad reaseguradora y, además, esta siniestralidad hace que el precio de las pólizas alcance unos niveles que resultarían prohibitivos para los agricultores de no contar con la ayuda económica de la Administración. A este respecto, debe reconocerse que tanto la Administración General del Estado como la mayoría de las administraciones autonómicas han venido manteniendo su compromiso con el Seguro Agrario a pesar de las serias dificultades presupuestarias que se han experimentado durante estos últimos años. En el caso del MAGRAMA, la subvención al Seguro Agrario que concede a través de ENESA, tras haber sufrido un importante ajuste en los anteriores ejercicios, se ha incrementado en un 6% para el vigente Plan, hasta los 211 millones de euros. También se prevén incrementos de las contribuciones de las comunidades autónomas, que suponen alrededor de 50 millones de euros, y la reincorporación al sistema de algunas comunidades que habían dejado de subvencionar el Seguro Agrario a causa de la crisis.
Quiero incidir sobre varios aspectos de singular interés respecto a estas ayudas públicas al Seguro Agrario, que no siempre son bien conocidos por el gran público:
En primer lugar, gracias a los convenios suscritos con AGROSEGURO, las subvenciones de ENESA y de algunas comunidades autónomas se conceden automáticamente, en forma de descuento sobre el precio de la póliza, lo cual, unido a la posibilidad de fraccionamiento del pago con aval de SAECA, que se ha puesto en marcha desde el año pasado, facilita notablemente la contratación del seguro por parte de las explotaciones agrarias, cuya situación financiera a veces no les permite afrontar pagos puntuales de una cuantía elevada.
Por otro lado, tras la reciente modificación de la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, la ayuda de la Administración General del Estado tiene el carácter de subvención directa, lo que implica que es un derecho de todo asegurado que cumpla los requisitos establecidos.
Asimismo, debemos tener en cuenta que nuestras subvenciones al Seguro Agrario se conceden en forma de ayudas de Estado, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre Ayudas Estatales en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales y que, por tanto, estas subvenciones no forman parte de los fondos comunitarios de la PAC, sino que son adicionales a dichos fondos, tienen su origen en los presupuestos estatales y/o autonómicos y representan un verdadero valor añadido para nuestros agricultores, favoreciendo su competitividad dentro de la Unión Europea.
Por último, señalar que, desde el punto de vista de la Administración, este tipo de ayudas constituyen una de las formas más eficientes de emplear los fondos públicos, ya que su carácter público-privado les confiere un efecto multiplicador: por cada euro de dinero público que se invierte en subvencionar el Seguro Agrario, los agricultores reciben indemnizaciones por valor de 2,44 euros, que además, como he dicho, se tramitan de forma mucho más ágil que las indemnizaciones públicas.
En conclusión, tengo el firme convencimiento de que nuestro Sistema de Seguros Agrarios constituye un instrumento de política agraria que complementa de forma eficaz a las medidas de sostenimiento de rentas de la PAC y aporta un valor añadido significativo a nuestro sector agrario. Por todo ello, y teniendo en cuenta que es uno de los pocos ámbitos en los que disponemos de competencia para aplicar una Política Agraria nacional, considero que es una herramienta de la podemos estar orgullosos y que merece todos los esfuerzos que podamos dedicarle para garantizar su continuidad de cara al futuro, máxime en el actual contexto de crecientes riesgos naturales, a causa del cambio climático, e incertidumbres económicas, derivadas de la volatilidad de los mercados.
José María García de Francisco. Director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA (MAGRAMA)